Sentencia Tribunal Supremo

Una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 27 de marzo pone negro sobre blanco a una cuestión que genera fricciones en no pocas comunidades de vecinos: ¿hasta qué punto puede un propietario realizar obras en espacios comunes del edificio? La respuesta apunta a la necesidad de autorización expresa de la comunidad de propietarios, incluso cuando los elementos estén destinados al uso exclusivo de uno de ellos. En el caso resuelto, el alto tribunal considera ilegal la colocación de una valla de cañizo sobre un muro divisorio por limitar las vistas al mar de la vecina colindante y ejecutarse sin el consentimiento de los vecinos.

¿Es posible donar parte del patrimonio en vida a unos hijos y dejar fuera a otros sin consecuencias legales? El Tribunal Supremo responde con contundencia: no. Toda donación que se haga antes del fallecimiento debe entrar en el cómputo de la herencia si hay herederos forzosos implicados. Este fallo zanja una disputa familiar entre nietos y, a efectos prácticos, pone orden en una cuestión recurrente en los juzgados: cómo se computan las donaciones a la hora de repartir una herencia.

¿Puede una empresa despedir a una persona trabajadora tras ser calificada como “no apta”? La Sentencia del Tribunal Supremo 94/2025 de 4 de febrero ha aclarado los límites y obligaciones que deben respetarse en el despido por ineptitud sobrevenida, especialmente cuando se trata de proteger a trabajadores en situaciones especialmente delicadas. El Alto Tribunal subraya que la ausencia de un reconocimiento administrativo de discapacidad no exime a la empresa de sus obligaciones.

El Tribunal Supremo ha resuelto una cuestión clave en el ámbito de las reparaciones en viviendas: no se puede aplicar el IVA reducido del 10% cuando es la aseguradora quien contrata y paga la obra, aunque el beneficiario final sea un particular. Esta sentencia, con gran impacto en el sector asegurador, ha zanjado el debate sobre la interpretación del tipo impositivo reducido en el marco de la Ley del IVA.

El Tribunal Supremo ha resuelto una cuestión clave para miles de trabajadores en España: quienes tienen contratos específicos para trabajar en fines de semana y días festivos sí pueden cobrar el plus por trabajo en festivos mientras su salario percibido sea igual al de quienes trabajan entre semana y no exista otro tipo de compensación.

El Tribunal Supremo ha resuelto que solo las comunidades de propietarios pueden prohibir los pisos turísticos si así lo establecen de forma expresa en sus estatutos. En su sentencia, los magistrados aclaran que la mera mención del uso del inmueble no basta para limitar el destino de los pisos, sino que debe existir una prohibición clara y precisa. Este fallo llega tras un caso en el que una comunidad de vecinos de Madrid intentó declarar ilegal el alquiler turístico de una vivienda, acogiéndose al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, pero el Supremo ha fallado a favor del propietario del inmueble.

El Tribunal Supremo ha reiterado su doctrina en una sentencia reciente en la que aclara que la suspensión de un desahucio por motivos de vulnerabilidad es "transitoria" y, por lo tanto, la persona desahuciada debe pedir la ampliación del plazo de suspensión demostrando que permanece en una situación vulnerable. El alto tribunal ha rechazado un dictamen previo de la Audiencia Provincial de Madrid y ha estimado el recurso de una empresa que quiere ejecutar un desahucio sobre un deudor hipotecario que no ha probado haber solicitado la prórroga ni la permanencia de las condiciones legales para solicitarla. Los expertos destacan que refuerza a la propiedad y propicia la recuperación de seguridad jurídica.

El Tribunal Supremo podría pronunciarse próximamente sobre las consecuencias de que decenas de ayuntamientos en España estén cobrando el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) sin haber acordado en el Pleno el bautizado ‘acuerdo de imposición’ y haberlo publicado posteriormente, como establece la Ley de Haciendas Locales de 1988. Abogados y expertos fiscales recomiendan a promotoras, empresas de reformas y grandes patrimonios a recurrir antes de que el Alto Tribunal se pronuncie, para poder ejercer su derecho a reclamar las cantidades abonadas si el fallo les es favorable. Entre los consistorios afectados están los de Barcelona, Getafe, Majadahonda, Boadilla o Alcorcón.

El Tribunal Supremo en una sentencia reciente ha otorgado plena validez al método de comprobación de valores de “tasación hipotecaria” previsto en el artículo 57.1.g de la Ley General Tributaria (LGT). En opinión de José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, "estamos ante una sentencia polémica que supondrá que muchas comprobaciones de valores realizadas conforme a dicho método, que actualmente estaban pendientes de sentencia en los Tribunales, sean finalmente validadas, garantizándose así la Administración una ingente recaudación". Sin embargo, esta sentencia que, en principio parecía muy perjudicial para los contribuyentes, puede acabar teniendo efectos muy beneficiosos para éstos porque permite atacar el valor de referencia de Catastro cuando sea superior al valor de la tasación hipotecaria del inmueble. Salcedo explica las claves.

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el desahucio por impago de rentas de una inquilina interpuesto por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que el hecho de que devolviese el recibo de una mensualidad porque incluía una factura de agua 20 veces superior a la cuantía habitual no es razón suficiente para concluir el contrato de arrendamiento, puesto que la arrendataria reclamó el desglose del gasto e intentó abonar el importe en todo momento. La inquilina devolvió la mensualidad de mayo de 2021 por un valor de 895,71 euros, que incluía un gasto por consumo de agua de 562,13 euros, que ha provocado esta situación.

Batacazo judicial del Tribunal Supremo a los contribuyentes. Una nueva sentencia del alto tribunal da vía libre a la administración tributaria para que cuando compruebe el pago del ITP de un ciudadano que ha comprado una vivienda, pueda usar el valor de tasación hipotecaria (uno de los métodos regulados para tal fin) sin necesidad de justificar nada más. Es decir, la administración autonómica no estará obligada a hacer una comprobación del pago del ITP individualizada y singularizada, con lo que no tendrá en cuenta el mal o buen estado de la vivienda o si necesita una reforma integral. Será suficiente con fijarse en el valor de tasación hipotecaria a efectos de una futura subasta que figura en la escritura de préstamo hipotecario de la vivienda.

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que las denominadas 'mobile-home' o casas móviles requieren de una licencia urbanística por uso de suelo porque son asimilables a las casas prefabricadas y no a los remolques. El tribunal ha concluido que el diseño de este tipo de viviendas es incompatible con su utilización habitual como vehículo de remolque, aunque puntualmente puedan serlo, y ha añadido que la exigencia de una licencia urbanística para este tipo de casa móviles se justifica en una razón imperiosa de interés general como es la protección del medio ambiente y el entorno urbano.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que las empresas están obligadas a disponer y facilitar a los sindicatos un registro salarial con los valores medios desagregados por sexo, pero sin que sea obligado incluir datos que permitan identificar la retribución individual del trabajador. El fallo es fruto de un recurso de casación interpuesto ante el Supremo por la empresa Ericcson España, que fue demandada por varios sindicatos ante la Audiencia Nacional por no proporcionarles todos los datos retributivos de la plantilla, incluidos los de los grupos profesionales o puestos de trabajo en los que sólo hay una persona destinada.

El Tribunal Supremo, a través de un fallo unánime del Pleno de la Sala IV de lo Social, ha dictaminado que las empresas deben instaurar un trámite de audiencia previa antes de proceder con despidos disciplinarios. Esta nueva obligación, sin embargo, solo será aplicable a los despidos que se produzcan a partir de la publicación de la sentencia, lo que deja exentos los despidos anteriores. De este modo, el alto tribunal modifica su propia doctrina, establecida en la década de los años ochenta, por los cambios que se han producido en el ordenamiento jurídico español desde entonces.

El Alto Tribunal determina en una sentencia que se puede condenar a costas a un banco cuando un consumidor ejercite acciones de nulidad de cláusulas abusivas y de devolución de cantidades que sean derivadas de un mismo contrato de consumo, como un crédito hipotecario, aunque las solicite por separado en distintos procedimientos judiciales. Hasta ahora, algunos tribunales determinaban que las reclamaciones paralelas suponía actuar de un modo fraudulento, por lo que estimaban parcialmente la imposición de costas. Sin embargo, el criterio del Supremo crea jurisprudencia.

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la conducta de un administrador de una comunidad de propietarios que colocó carteles por la urbanización en los que informó a los vecinos de que unos inquilinos que habían sido desahuciados por impago tenían la intención de alquilar otra vivienda en el mismo edificio. El alto tribunal discrepa de la decisión inicial del juzgado de Alicante y de la Audiencia Provincial de Alicante, que entendieron que el administrador se había extralimitado en sus funciones y lo habían sancionado con 7.000 euros de multa. "La información difundida queda legitimada por el derecho a la libertad de información, pues era de interés para la comunidad de propietarios, veraz y sin ánimo denigratorio", afirma la sentencia.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha ratificado la condena a una comunidad de vecinos de Madrid que obliga a ésta a indemnizar con casi 600.000 euros por los daños y perjuicios derivados por el incumplimiento de los contratos suscritos con una empresa en 2014. La decisión del tribunal de apelación se basa en dos razones. La primera, que el presidente de la comunidad no puede decidir unilateralmente poner fin a los contratos por falta de legitimacón. Y la segunda razón es que la causa de la resolución del contrato no es incumplimiento de la empresa, sino de la comunidad.

Las entidades no podrán alegar que el consumidor estaba informado por los medios de comunicación, o por la existencia de jurisprudencia, de la abusividad de su cláusula hipotecaria, según señala reclamador.es, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo en la que recoge la doctrina del Tribunal d

El Tribunal Supremo ha hecho suya la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada el pasado 25 de abril, y ha fijado como criterio que el plazo de prescripción para reclamar gastos hipotecarios, que hayan sido indebidamente pagados por un consumidor, será el de la fecha de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos. No obstante, prevé que el plazo comience en una fecha anterior si el banco puede probar que el consumidor pudo conocer la abusividad de dicha cláusula, en el marco de sus relaciones contractuales.

El Tribunal Supremo ha fijado en una sentencia publicada este 30 de abril que el plazo de 4 años de prescripción de derecho de la Administración para determinar una deuda tributaria computa de fecha a fecha, con independencia de que el último día de dicho plazo sea hábil o inhábil.  La Sala de

El Tribunal Supremo sitúa a la banca como responsable de restituir los anticipos de los particulares a promotoras inmobiliarias mediante letras de cambio en la compra de viviendas. El tribunal ha rechazado dos recursos presentados por Abanca contra las sentencias de las audiencias provinciales de Málaga y Madrid, y recuerda que las promotoras deben garantizar la devolución de estos anticipios mediante un aval o un seguro. En este sentido, afirma que "la entidad financiera incurre en responsabilidad", y que debe "colaborar activamente" para garantizar que el promotor cumple con las obligaciones legales.

El Alto Tribunal ha avalado, en una sentencia dictaminada el pasado 22 de marzo, que una empresa pueda deducirse en el Impuesto de Sociedades un gasto contabilizado de forma incorrecta en un ejercicio posterior al de su devengo, incluso aunque que éste se encontrase prescrito. No obstante, determina que esta posibilidad existe siempre que la imputación del gasto no dé lugar a una menor tributación a la que le hubiera correspondido por aplicación de la regla general. Así, el Supremo da la razón al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Tribunal Supremo ha inadmitido los cuatro recursos de casación presentados contra la aprobación del proyecto de Madrid Nuevo Norte al no encontrar la fundamentación suficiente y por carencia de interés casacional, lo que supone el respaldo definitivo al proyecto de planeamiento urbanístico que transformará la zona norte de la capital, según la Comunidad de Madrid y Crea Madrid Nuevo Norte. Los motivos esenciales de impugnación han partido de cuestionar la clasificación del suelo incluidos en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid .

El gobierno balear deberá indemnizar con 96 millones de euros al empresario y promotor inmobiliario, Matthias Kühn, por una desclasificación de terrenos en la zona de la Muleta del Puerto de Sóller, en Mallorca. Kühn, actual pareja de la artista Normal Duval, adquirió suelos urbanos para levantar unas 30 mansiones de lujo, pero el Govern balear recalificó los suelos a no urbanos sin indemnizar al empresario. 14 años después, la justicia le da la razón, y la administración le pagará 63,5 millones más intereses devengados.

El Tribunal Supremo ha fijado que se puede obtener la devolución de la plusvalía municipal cuando se vendió o transmitió un inmueble a pérdidas, y esto a pesar de que la liquidación sea firme. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que estas liquidaciones se consideran nulas de pleno derecho y, por tanto, se puede pedir su revisión, incluso aunque estén prescritas. Así, se puede pedir ahora la revisión de liquidaciones firmes de 2014, 2015 y 2016 en adelante.