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Los retos de la economía española después del covid-19 y las soluciones que propone el Banco de España

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España / Flickr/Creative commons
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España / Flickr/Creative commons
Autor: Redacción

El impacto del coronavirus en la economía no se ha reflejado con toda su virulencia. Los datos oficiales sitúan la contracción del PIB de España en el primer trimestre del año en el 5,2% intertrimestral, y eso que solo se recogen dos semanas de estado de alarma.

Según el Banco de España, el desplome de la actividad en el segundo trimestre será sensiblemente más intenso y podría alcanzar el 20%, aunque se irá recuperando de manera gradual en lo que resta de año y, sobre todo, a lo largo de 2021. No obstante, el supervisor financiero descarta que la economía pueda recuperar su nivel previo al covid-19 al menos hasta finales de 2022.

Además de una recesión inédita, la crisis sanitaria ha vuelto a poner sobre la mesa muchos de los retos pendientes de España y ha dotado de más importancia a otros que hasta ahora estaban más en segundo plano. Entre los principales frentes abiertos que detecta el organismo liderado por Pablo Hernández de Cos se encuentran abordar el envejecimiento de la población, mejorar la productividad, reducir la desigualdad y de la precariedad laboral, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, mantener una banca saneada o impulsar la transición hacia un sistema productivo más sostenible.

Por ejemplo, sostiene que “la profundidad de esta crisis probablemente provocará algunos daños persistentes en el crecimiento potencial de la economía española, que ya era modesto antes de la pandemia y cuyo principal factor es el bajo crecimiento de la productividad”. Entre los motivos que usa el Banco de España para explicar su teoría destacan el importante peso de las pymes en el tejido productivo (las empresas con menos de 5 trabajadores son el 78% en 2019 frente al 69% en la UEM). Y el hecho de que España tenga tantos negocios de pequeño y mediano tamaño responde a que existen “elementos regulatorios que aumentan las cargas de las empresas al superar cierto tamaño”, así como “trabas a la unidad de mercado pueden limitar la creación de empresas y su crecimiento”.

Además del tamaño de las empresas, el supervisor también pone el foco en el déficit educativo de España frente a los principales países desarrollados (ocupa la última posición en la OCDE en razonamiento matemático y la penúltima en comprensión lectora) y de inversión en I+D tanto por parte del sector público como del privado (con una diferencia de al menos un 20% respecto al promedio de la UEM). Por ello, pide abiertamente “un replanteamiento del diseño institucional del sistema educativo, que incluya una revisión profunda del contenido del currículo y del propio sistema de aprendizaje”.

En el ámbito laboral, y teniendo en cuenta la elevada tasa de temporal de los contratos de trabajo (más de un 25%, frente al 13,9% de media en Europa), la institución ve necesario una “revisión del sistema de contratos, lo que incluye mecanismos que eviten fuertes discontinuidades en el grado de protección del trabajador, reducir la rotación laboral, y en consecuencia fomentar la inversión en capital humano”. También reclama “mecanismos de flexibilidad interna que permita adaptarse a la situación específica de cada empresa”, así como poner en marcha políticas activas de empleo enfocadas a las mujeres o a los jóvenes, e impulsar los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, la automatización y la robótica, que “crearán nuevas oportunidades y contribuirán al necesario avance de la productividad, si bien algunos trabajadores no siempre estarán en condiciones de aprovechar de manera instantánea las nuevas oportunidades”, destaca en el informe.

También hay retos para las finanzas públicas. Y es que, como señala el supervisor, “la epidemia del coronavirus ha golpeado a la economía española en un contexto en el que las finanzas públicas todavía presentan ciertos elementos de vulnerabilidad. En el medio plazo, la política fiscal tendrá que hacer frente, no solo a los retos que se derivan de la pandemia del coronavirus, sino también otros importantes desafíos como el envejecimiento de la población o el cambio climático”. En este sentido, apuesta por revisar el gasto público (por ejemplo, siguiendo las directrices de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal – AIReF-), recalibrar los impuestos, con el objetivo de favorecer el crecimiento, e impulsar la inversión pública como dinamizador y catalizador de los recursos del sector privado.

En lo que se refiere al envejecimiento de la población, el supervisor ve necesario introducir medidas adicionales para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, así como prolongar la vida laboral de los trabajadores de mayor edad, lo que a su vez puede exigir “reforzar la formación continua y cambios en las condiciones laborales”.

En el campo de la desigualdad, el Banco de España recalca que “la crisis financiera global dio lugar a un aumento significativo de la desigualdad de la renta salarial. Y la crisis del covid-19 está incidiendo con mayor intensidad sobre los colectivos más vulnerables, lo que previsiblemente supondrá un deterioro adicional en los niveles de desigualdad”. A pesar de que aplaude las medidas de protección al empleo y las rentas de los hogares del Gobierno, también asegura que el diseño y la aplicación de las mismas (por ejemplo, del ingreso mínimo vital) se enfrentan a unos retos significativos. Para ayudar a paliar la desigualdad, el supervisor vuelve a insistir en la mejora del sistema educativo, en limitar la precariedad laboral y en otros factores como mejorar el acceso a la vivienda.

Otro de los principales retos es el de la lucha contra el cambio climático y la reconversión de la economía hacia un modelo más sostenible.  Asegura que, para alcanzar los objetivos de cara a 2050, será necesario “desplegar una estrategia integral y coordinada a escala internacional”. En su opinión, será clave que se produzcan cambios en la política “para desincentivar las actividades más perjudiciales para el medio ambiente, impulsar las inversiones públicas y privadas necesarias para desarrollar tecnologías más limpias, y paliar los costes sociales de la transición”. También ve indispensable la colaboración del sector financiero para financiar proyectos sostenibles y que el sector sepa valorar, con la ayuda de los supervisores, los riesgos que entraña el cambio climático.

Por otro lado, el Banco de España deja la puerta abierta a que, en el futuro, muchas empresas decidan acercar su producción a localizaciones cercanas, que se aprovisionen en el mercado doméstico o que aumenten su inventario, después de que el cese de algunas actividades por la crisis sanitaria “se ha traducido en una reducción de la oferta y en rupturas de aprovisionamiento de insumos productivos dentro de la cadena de valor”. Así, se pregunta si el coronavirus podría llegar a suponer límites a la globalización. No obstante, puntualiza que “resulta difícil anticipar como afectarán estas transformaciones a cada sector en España, que pueden ser muy relevantes en sectores como el de la automoción”.

En el campo de la digitalización, el Banco de España alaba la apuesta por el teletrabajo en estos meses de estado de alarma e insiste que un 30% de los ocupados podría trabajar desde casa a partir de ahora. Por otro lado, sostiene que el impulso al comercio electrónico derivado de las restricciones de la movilidad puede tener efectos muy positivos sobre la competencia entre las empresas, aunque planteará muchos retos a las pymes.

En materia financiera, el supervisor dibuja un panorama que incluye un deterioro en la calidad de la cartera crediticia de las entidades financieras y mayor presión a la baja de la rentabilidad del negocio bancario, “lo que requerirá nuevos esfuerzos para reducir los costes de explotación y mejorar la eficiencia”. El cierre de oficinas, los despidos y una nueva ronda de fusiones en el sector estarían entre las principales opciones.

Por último, el organismo también plantea algunos retos supranacionales. A pesar de que pone en valor el fondo de recuperación que ha aprobado Europa para hacer frente a las consecuencias del coronavirus, considera imprescindible avanzar en la unión bancaria con la puesta en marcha de un fondo de garantía de depósitos comunitario y simplificar las reglas fiscales, así como mejorar su grado de cumplimiento.