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Esto es lo que pasa si tienes una propiedad en el extranjero y aún no se lo has comunicado a Hacienda

Gtres
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Hacienda obliga al contribuyente que tenga en el exterior bienes o derechos valorados en más de 50.000 euros a declarar su patrimonio y, si no lo hace, se enfrenta a unas sanciones que alcanzan el 150% de la cantidad no tributada. Para evitarlas, los expertos proponen vías como presentar una declaración complementaria o enviar un escrito a la Agencia Tributaria alertando de su situación. Ahora bien, el hecho de comunicarlo no siempre evita las sanciones.

La obligación de comunicar el patrimonio en el exterior no solo afecta a las grandes fortunas. Hacienda establece que todo contribuyente que tenga bienes o derechos (inmuebles, acciones, cuentas bancarias…) en el extranjero valorados en más de 50.000 euros debe notificárselo a través del famoso 'Modelo 720' y pagar por ellos igual que si estuvieran en España.

A priori, puede parecer una medida lógica, pero lo cierto es que los expertos recuerdan que este delito fiscal es el único que no prescribe. Es decir, que no caduca con el paso del tiempo.

Esto afecta a muchos particulares que, de la noche a la mañana, se han visto obligados a tener que informar de su patrimonio en el exterior y que se encuentran en una encrucijada: presentar el modelo voluntariamente a sabiendas de que tendrán que pagar una dura sanción o esperar a recibir un requerimiento de Hacienda y pagar aún más dinero”, explican desde Ático Jurídico.

Pero, ¿de qué sanciones estamos hablando? Lo primero a tener en cuenta es que el ‘Modelo 720’ se presenta todos los años en unas fechas determinadas (en 2015 se podía presentar entre el 1 de enero y el 31 de marzo) y que, si no se entrega o se realiza fuera de plazo, conlleva unas penalizaciones de miles de euros.

Por un lado, al contribuyente se le aplicará el tipo correspondiente del IRPF al patrimonio que tenga fuera (tras los últimos cambios fiscales, hablaríamos de al menos un 38%), deberá pagar por cada dato no presentado a tiempo y enfrentarse a una sanción de hasta el 150% sobre el dinero no tributado en su momento.

Recientemente ha salido a la luz el primer caso de esta multa máxima. Ha sido a un pensionista andaluz que declaró voluntariamente que tenía en Suiza unos 340.000 euros ya prescritos por los que Hacienda le ha multado con 439.000 euros: 185.000 euros en concepto de IRPF e intereses de demora y el resto (254.000 euros), en concepto de sanción. “La sanción fue confiscatoria, ya que la multa superó el valor del patrimonio en el exterior”, añade el blog.

Y si se paga tantísimo dinero, ¿por qué los contribuyentes no comunican antes sus bienes a Hacienda? La respuesta es sencilla: en algunos casos porque desconocen la obligación de comunicarlo y, en otros, porque no quieren exponerse a tener que pagar esas multas tan elevadas y prefieren esperar a que pase el tiempo y sea Hacienda quien se de cuenta del error.

“No hace falta tener una cuenta en Suiza o acciones en Reino Unido, este modelo también afecta a un catalán que tenga una casita de veraneo en el sur de Francia desde hace 20 años. Hay mucha gente que quiere regularizar su situación pero no puede porque las sanciones son muy altas y apenas distinguen entre los que presentan el ‘Modelo 720’ de forma voluntaria y los que reciben el requerimiento de Hacienda”, aclaran los expertos.

Y es que el pago por el patrimonio no justificado y la sanción de hasta un 150% de dicho importe no tienen en cuenta si ha sido una comunicación voluntaria. Esto solo reduce la sanción por omisión de datos, que establece un mínimo de 1.500 euros, frente al mínimo de 10.000 euros si hay requerimiento.

Qué hacer y cómo librarse de la multa

La Agencia Tributaria solo establece dos condiciones que permiten librarse de sanciones: la primera, que el contribuyente pueda demostrar que los bienes no declarados se obtuvieron con rentas que en su día sí fueron declaradas (por ejemplo, con las nóminas o las propias declaraciones de la renta); y, la segunda, que dichas rentas se obtuvieran cuando el contribuyente aun no tenía la condición de residente fiscal en España (lo que afecta a los extranjeros).

Para Ático Jurídico el contribuyente tiene varias maneras de encarar este escenario, aunque no todas salvan el pago de multas:  

A) Presentar una declaración de la renta complementaria si la adquisición de bienes o derechos en el extranjero se ha realizado en un plazo que aún no ha prescrito (es decir, debería haberse comunicado como pronto en la renta 2011), lo que libraría al contribuyente de pagar una sanción porque su situación está regularizada.

B) Presentar un escrito (declaración tributaria) para informar y acreditar ante Hacienda la obtención de las rentas, que es la opción más recomendable cuando ya debería haber prescrito el ‘delito’ fiscal, pero que exige conservar las declaraciones para demostrarlo. “Si compraste la casa en 2008 y tienes la renta de ese año para acreditarlo no hay problema: la aportas y todo solucionado”, explica el blog.

C) Presentar esa declaración tributaria para informar al Fisco a sabiendas de que no puede acreditar la obtención de las rentas, lo que conllevaría el pago de las sanciones.

D) No regularizar la situación y esperar a recibir un requerimiento de la Agencia Tributaria para actuar… algo que aumentaría la sanción a pagar, ya que no ha habido ninguna voluntad por parte del contribuyente de aclarar la situación.

La decisión, en manos del contribuyente

Desde Ático Jurídico recomiendan comunicar la existencia de ese patrimonio en el extranjero, incluso a sabiendas de que la mera comunicación puede desembocar en una sanción.

“La mejor decisión es hacerlo, pero advertimos de que antes de dar el paso hay que estudiar los pros y los contras. Hasta ahora no se producían comprobaciones y esperar a que pasara el tiempo podía ser una alternativa, pero tras el caso del jubilado es más recomendable actuar que esperar. Aunque creemos que este tipo de casos se podrían ganar en los tribunales, el Derecho no es una ciencia exacta”, reconocen los expertos del blog.

A la espera de Europa

La propuesta de Ático Jurídico coincide con la del despacho DMS Consulting, que ha planteado una denuncia ante la Comisión Europea por considerar abusivas las prácticas de Hacienda, mientras que Europa se ha mostrado a favor de estudiar el caso e iniciar un procedimiento de infracción contra España si fuera necesario.

Todos comparten la misma opinión: están a favor de que se impongan multas por cada dato omitido en el pasado (esos 1.500 euros mínimos), pero no de que el contribuyente tenga que regularizar una situación que ya ha prescrito y mucho menos que se vea obligado a pagar multas de hasta el 150%.