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El Abogado General del TJUE se pone de parte de los bancos: dice 'no' a la retroactividad total de las cláusulas suelo

El dictamen preliminar del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha caído como un jarro de agua fría sobre los afectados por las cláusulas suelo. Ha dictaminado que la banca no está obligada a devolver lo cobrado de más desde la firma del contrato hipotecario. Así, mantiene que es correcta la tesis del Tribunal Supremo y limita la retroactividad de las cláusulas suelo. 

Aunque se trata de una decisión que no es vinculante a la hora de que el TJUE elabore su sentencia, lo cierto es que este tribunal tiene muy en cuenta este tipo de dictámenes. El Abogado General ha dado la razón a la banca en la devolución limitada de lo cobrado de más por las cláusulas suelo. Así, mantiene la doctrina del Tribunal Supremo de devolver las cantidades a partir de la fecha de su sentencia: desde el pasado 9 de mayo de 2013

El motivo que alega el Abogado General Paolo Mengozzi es que la Directiva europea sobre cláusulas abusivas no tiene por objeto dilucidar sobre las sanciones aplicables en caso de que se aprecie carácter abusivo de una cláusula contractual, por lo que no exige a los Estados miembros de la Unión Europea que establezcan la nulidad retroactiva de las cláusulas suelo. 

En este sentido, asegura que la Directiva tampoco determina las condiciones en las que un juzgado o tribunal español puede limitar los efectos de estas cláusulas, con lo que considera que corresponde al ordenamiento jurídico español precisar esas condiciones. Así, comparte la doctrina del Tribunal Supremo español que limita la retroactividad de las cláusulas suelo al 9 de mayo de 2013.

Es más, añade que la prohibición de utilizar las cláusulas suelo a partir del 9 de mayo de 2013 (siempre que no haya habido transparencia y claridad al consumidor) y la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas por la banca a partir de esa fecha “contribuyen a la realización de los objetivos perseguidos por la Directiva”. 

En cualquier caso, la función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia una solución jurídica al asunto del que se ocupa y ahora son los jueces del TJUE los que comienzan sus deliberaciones. La sentencia se conocerá en septiembre de este año. 

La decisión del Abogado General contrasta con el informe de la Comisión Europea (CE) que elaboró el pasado mes de octubre de 2015 a cargo del TJUE para conocer su opinión. Y la CE defendió la retroactividad total de las cláusulas suelo declaradas nulas en sentencia judicial si hubo mala praxis en su comercialización.  

El TJUE se pone del lado de la banca

La decisión del Abogado General significa que se muestra contrario a que la banca española devuelva el dinero cobrado indebidamente desde la firma del contrato hipotecario. Comparte la tesis del Tribunal Supremo de que abonar todo este dinero supondría un “trastorno económico” para las entidades financieras y tendría un impacto muy negativo en la solvencia del sector bancario, forzando un nuevo rescate con dinero público. 

El Banco de España también apoya esta tesis e incluso sostiene que la retroactividad total perjudicaría el “bienestar” general de los ciudadanos con negativas consecuencias desde el punto de vista de la estabilidad financiera y del crecimiento de la economía en España. 

Algunas firmas internacionales como Goldman Sachs han llegado a calcular el impacto económico que tendría la retroactividad total en BBVA, CaixaBank, Bankia y Bankinter: 3.000 millones de euros. 

Pesan más los motivos económicos que los intereses de los hipotecados

La OCU lamenta el resultado del dictamen sobre cláusulas suelo. Subraya que el abogado general ha negado el derecho a recuperar todo su dinero a los consumidores perjudicados por este tipo de disposiciones. La organización recuerda que el Supremo en su sentencia de 9 de mayo de 2013 señalaba que “es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico”.

OCU espera que los jueves que forman el tribunal dejen de lado los argumentos políticos y económicos y “se limiten exclusivamente a aplicar la ley, la cual establece claramente que la nulidad de una cláusula implica dejar sin efectos la misma como si nunca hubiera existido, lo que supondría restituir las prestaciones al momento inicial”.