Información sobre vivienda y economía

El Supremo excluye a las empresas como consumidores ante las cláusulas abusivas

Autor: Redacción

En los últimos años, los derechos del consumidor se han visto reforzados por la normativa y la jurisprudencia, sobre todo de cara a la abusividad de algunas cláusulas hipotecarias. Sin embargo, las empresas no han corrido la misma suerte. Ahora el Tribunal Supremo ha establecido que una sociedad no puede gozar del amparo legal dispensado a los consumidores al no considerarse como tal.

En el caso enjuiciado, es una sociedad la que interpone una demanda contra un banco solicitando la nulidad de una cláusula del préstamo hipotecario en su día contratado. El Supremo considera que no es posible declarar la nulidad de la cláusula contractual denunciada, ya que los controles de transparencia y abusividad que cabe realizar en los contratos suscritos por un consumidor resultan en este caso improcedentes dado que la mercantil demandante no tenía tal naturaleza.

Por eso, el Supremo ha procedido a estimar el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria, tal y como recuerda Salvador Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.

El abogado recuerda que los criterios vigentes del derecho comunitario para calificar como consumidor a una persona, según el Tribunal Supremo, han sido resumidos por una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Dicha resolución comunitaria aboga por una interpretación restrictiva del concepto de consumidor. “Solo a los contratos celebrados al margen de cualquier actividad o finalidad profesional, cuyo único objetivo sea satisfacer necesidades de consumo privado, les es aplicable el régimen específico de protección del consumidor”, señala.

Por otra parte, el Supremo estima que debe tenerse en cuenta que la obtención de unos beneficios para su reparto entre los socios es consustancial a una sociedad mercantil, de tal manera que el fin lucrativo es la causa del contrato de sociedad, según criterio jurisprudencial reiterado del Tribunal Supremo. Por tanto, el ánimo de lucro con el que actuó la entidad demandante no ofrece lugar a dudas, “dado que fue la sociedad quien contrató el préstamo para destinarlo a financiar los fines que se detallan en el objeto social, según consta en los estatutos de la mercantil. En consecuencia, la demandante no puede gozar del amparo legal dispensado a los consumidores y usuarios al no poder ser considerada como tal”, subraya Salcedo.

La vigente normativa establece que las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión sí son considerados consumidores o usuarios. Y también lo son aquellas sociedades o entidades sin personalidad jurídica que actúan sin ánimo de lucro, en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.