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Europa allana el camino al Supremo: el plazo para recuperar los gastos hipotecarios no debe prescribir

TJUE
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Autor: Redacción

Artículo escrito por Carmen Giménez, letrada de G&G Abogados 

El Tribunal Supremo decidirá el próximo 23 de septiembre sobre el plazo de prescripción para reclamar los gastos hipotecarios, el único fleco que faltaría por dilucidar para dejar cerrado este turbulento asunto sobre el que llevamos dando vueltas desde que se dictara su sonada sentencia del año 2015. Parece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nuevamente vuelve a dar “luces”, sobre cómo habrá de ser tan importante decisión.

En la última sentencia del pasado 10 de Junio del TJUE, desde mi punto de vista, esclarece con rotundidad dicha cuestión, y distingue en párrafos separados, según se trate de la reclamación de la nulidad de la cláusula, o se trate de la reclamación de las cantidades indebidamente abonados como consecuencia de la cláusula abusiva en cuestión.

Primeramente, dice el TJUE, y como cuestión importante que no puede pasar en absoluto desapercibida, y en aplicación del principio de efectividad del Derecho de la Unión, que la declaración de abusividad de una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, debe de tener como consecuencia, el restablecimiento a la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, por lo que la obligación del juez nacional al dejar sin aplicación la mencionada cláusula por declararla nula, genera el correspondiente efecto restitutorio de cuanto se haya abonado derivado de su aplicación.

Y posteriormente recalca y pone énfasis en lo siguiente:

  1. La acción que puede ejercitar un consumidor a fin de que se declare una cláusula abusiva no puede estar sujeta a ningún plazo de prescripción.
  2. Las acciones que ejercite un consumidor, con un contenido meramente restitutorio, con el fin de hacer valer los derechos que le confiere la Directiva, puede estar afectada por un plazo de prescripción, siempre que la aplicación de dicho plazo no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de dichos derechos.

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Muchas han sido las voces jurídicas que se han alzado en referencia a cuál fuera ese plazo de prescripción, y en concreto, y lo que es más importante desde qué momento habrían de computarse o calcularse dichos plazos, ofreciéndose una aproximación en este artículo publicado en idealista/news, o en este otro publicado también en este mismo portal.

Es precisamente en este último artículo de 15 de diciembre de 2020, en el que se diferenciaba entre el plazo para reclamar o solicitar la nulidad de la cláusula, y el plazo para solicitar la devolución de las cantidades abonadas indebidamente; siendo que para la solicitud de la nulidad no hay plazo alguno, o es imprescriptible, y para la reclamación de las cantidades, si no va ligada a la propia reclamación de nulidad, sí deberíamos de contar con que hay un plazo establecido legalmente.

Y así, decía:

“Los tiempos que se manejan son los siguientes, y teniendo en cuenta la suspensión que hemos tenido durante 82 días de todos los plazos, como consecuencia del decreto del estado de alarma:

  • La solicitud de la nulidad de una cláusula contenida en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado con un consumidor, es imprescriptible. Es decir, se puede reclamar con carácter indefinido.
  • Las consecuencias derivadas de dicha declaración de nulidad, o los efectos restitutorios o devolución de los importes abonados indebidamente por el consumidor, desciende nuevamente a un nivel de inseguridad jurídica, y así hay varias teorías sostenida por los distintos juzgados y tribunales de nuestro mapa nacional:
  1. El plazo es el mismo que el que tenemos para solicitar la nulidad de la cláusula, es decir, es imprescriptible, corriendo en todo caso el plazo de prescripción actual de 5 años para las acciones personales a partir de la sentencia que declara la nulidad. He de decir que, desde mi punto de vista, esta es la teoría más acertada, habiendo sido así reconocido por el propio Tribunal Supremo, y en un asunto de una cláusula suelo de una hipoteca cancelada, en diciembre de 2019. Pero que conste que esto también puede cambiar.
  2. El plazo general para las acciones personales a contar desde que se pagaron las facturas, actualmente de 5 años desde octubre de 2015, y que era de 15 años con anterioridad a dicha fecha, (excepto en Cataluña que es de 10 años) pero que, en todo caso todos los gastos abonados tras el año 2005 (excepto en Cataluña), podrían prescribir el 28 de diciembre de 2020.
  3. El plazo general de 5 años (más 82 días del estado de alarma), a contar desde las diferentes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, bien declarando la nulidad de las cláusulas de gastos, bien determinando la distribución de los mismos”.

Y en el artículo de 10 de Febrero de 2021, una vez finalizados los plazos más restrictivos, se resumían en:

  • Si se solicita la nulidad de la cláusula y sus consecuencias económicas, es decir, que una vez sea declarada nula la cláusula por el Juzgado, se deriven dentro del mismo procedimiento las consecuencias económicas de dicha declaración de nulidad, para lo que se habrá de aportar a la demanda judicial que se presente, las facturas abonadas por el consumidor, la acción es imprescriptible.
  • Si por el contrario se solicita la nulidad de la cláusula y sus consecuencias, pero no se acompaña a la demanda judicial las facturas para la determinación de los importes por parte del Juzgado, el plazo para reclamar dichas cantidades en otro procedimiento será el de 5 años a contar desde la fecha de la sentencia que se dicte declarando la nulidad de la cláusula.

Y es precisamente en este último sentido en el que apunta la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del pasado 10 de Junio, en la que resolviendo varios asuntos conjuntamente sobre cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales franceses en referencia a unos préstamos hipotecarios denominados en moneda extranjera y reembolsable en moneda nacional, al diferenciar con nitidez entre el plazo de prescripción para reclamar la nulidad de una cláusula por abusiva, y el plazo de prescripción para reclamar las cantidades indebidamente abonadas por el consumidor como consecuencia de la imposición de determinadas cláusulas abusivas por parte del prestamista.

El Tribunal de Luxemburgo, ya en su sentencia de 20 de Julio de 2020, respondiendo a las cuestiones prejudiciales planteadas por varios Juzgados españoles, dijo que no contraviene la Directiva el hecho de que un país miembro regule y distinga el plazo para reclamar la nulidad de la cláusula, del plazo para la restitución que se deriva de dicha nulidad, siempre y cuando este último no haga difícil o imposible la reclamación a que tiene derecho el consumidor; adelantando ya que ese plazo puede empezar a correr desde que el consumidor haya tenido o pueda tener conocimiento de que puede reclamar; lo que ha dado lugar a diversas interpretaciones en sedes judiciales, estableciéndose diversos plazos dependiendo de la ciudad en la que al consumidor le correspondiera demandar.

Podemos concluir entonces, a la vista de la sentencia del TJUE del pasado 10 de Junio, que el plazo para reclamar la nulidad de una cláusula abusiva, como es la de gastos, es imprescriptible, por lo que la consecuencia o efectos económicos de dicha nulidad, también lo es. Si, sin embargo, solo se reclama la devolución de cantidades, el plazo si estará sujeto a prescripción.