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La morosidad, el gran lastre del ladrillo: frena el empleo, le impide crecer y amenaza su liquidez

Autor: Redacción

Las empresas de la construcción sitúan a la morosidad en el epicentro de muchos de sus problemas. Según una encuesta que ha elaborado Intrum Justitia, compañía especializada en gestión del crédito en Europa, la mitad del sector asegura que el retraso en el cobro de las facturas perjudica el crecimiento de su negocio y el aumento de la plantilla, al tiempo que les supone un coste vía intereses y una amenaza para su liquidez.

Para 4,6 de cada 10 empresas de la construcción, el retraso en el cobro de las facturas es un problema de “medio a muy grave”, proporción que se reduce a 3,3 en el resto de las actividades económicas.

Según la encuesta, un 45% de las empresas constructoras europeas afirma que podría contratar más empleados si sus clientes pagasen antes sus facturas y entre las consecuencias que más preocupan a estas empresas están la falta de liquidez (54%), el coste adicional que suponen los intereses (52%) y el freno a su crecimiento (49%). Además, los costes generados por los retrasos en los pagos son también importantes: una media del 2,7% de los ingresos anuales de los encuestados se lleva a pérdidas, frente al 2,4% de otros sectores.

El informe también  revela que “un 40% de las empresas constructoras se han visto obligadas a aceptar plazos de pago superiores a los que les hubiera gustado. A pesar de estos datos, la situación no tiene perspectivas de mejora, ya que un 91% de los encuestados confiesa que la evolución del riesgo de impago en su empresa en los próximos doce meses aumentará o permanecerá estable”.

La firma de gestión de crédito también recuerda que el ladrillo está entre los sectores que más tardan en cobrar, ya que soporta unos plazos superiores a los 93 días, frente a los 28 días en los que se sitúa la media europea. Recordemos que esta cifra supera de largo los límites que establece la ley: los entes públicos deben pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días, mientras que las empresas privadas tienen un plazo de 60 días.

No obstante, la realidad es que tanto el sector público como el privado siguen burlando la normativa. Según un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), los entes públicos tardaron 75 días de media en pagar las facturas en 2015 y los privados, 85 días.

La morosidad tiene un elevado coste económico en nuestro país y alcanza 0,1% del PIB (unos 1.000 millones de euros) según el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial editado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en colaboración con la Dirección General de Industria y de la Pyme.

Sus estadísticas alertan de que las empresas de textil y construcción son las que más tardan en cobrar sus facturas, con plazos medios de 96,9 y 93,8 días a cierre del primer trimestre de 2016, cifras que se han incrementado respecto al trimestre anterior.

Con estas cifras sobre la mesa, Intrum Justitia recomienda a las compañías adoptar comportamientos que prevengan situaciones que puedan poner en riesgo su continuidad.

“En España, quienes más sufren las consecuencias de la morosidad son las pequeñas y medianas empresas exportadoras a Europa, pues son organizaciones que disponen de menor músculo financiero para hacer frente a tal situación, y normalmente son las más expuestas a tener que aceptar condiciones menos ventajosas en el cobro de sus facturas. Hay medidas que estas empresas pueden tomar para protegerse a sí mismas y preservar su capacidad de crecimiento que les sería interesante adoptar”, concluye Juan Carlos González, director general de Intrum Justitia en España.