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Matthias Mueller, CEO de Volkswagen
GTRES

El Grupo Volkswagen se enfrenta a su primera demanda colectiva en nuestro país. La plataforma online reclamador.es ha sido la encargada de juntar a los afectados por el escándalo de las emisiones del conglomerado alemán y pedir justicia de forma conjunta.

Según el comunicado oficial, reclamador ya inició el pasado mes de octubre una demanda colectiva para reclamar daños por la instalación del software que manipulaba los registros de emisiones en los vehículos. Un paso que ya tiene fecha para el acto de conciliación.

A las 12.00 horas del próximo 11 de enero se verán las caras en el Juzgado de Primera Instancia 7 de Martorell (Barcelona) los afectados y representantes de Seat, marca perteneciente al grupo germano y fabricante de los vehículos dañados cuyos clientes se han sumado a esta iniciativa.

Ese día, asegura reclamador, intentarán que la automovilística reconozca su error o lo subsane, lo que permitiría llegar a una solución del problema sin tener que alargarla en los tribunales. “Si no hay acuerdo con Seat o éste continúa sin asumir sus obligaciones como fabricante, reclamador continuará con el cauce legal para que se haga justicia con los afectados”, asegura la plataforma.

Para evitar que el proceso judicial avance, los afectados exigen la nulidad del contrato de compra de los coches y una indemnización equivalente a la diferencia entre el precio pagado y el real del vehículo, utilizando para ello los criterios de devaluación de vehículos que establecen las tablas del Ministerio de Hacienda.

“Nos hemos visto obligados a iniciar acciones legales contra Volkswagen al no responsabilizarse frente a sus clientes, emitiendo mensajes contradictorios y no dando una solución realista”, asegura Francisco Hernández, director legal de reclamador.

Recordemos que Volkswagen admitió hace un par de meses que parte de los vehículos que comercializó entre 2008 y 2015 en todas sus marcas (Volkswagen, Seat, Audi y Skoda) habían sido manipulados de forma intencionada mediante la instalación de un software que permitía encubrir parte de las emisiones. Solo en el último año se han contabilizado 36.000 vehículos afectados.

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