El Reino Unido ha cambiado radicalmente su política inmobiliaria. En su Autumn Statement (Declaración de otoño, en inglés), el gobierno de Theresa May ha anunciado las distintas políticas que seguirán en materia de vivienda, con dos líneas básicas principales: prohibirán a las agencias inmobiliarias cobrar comisiones a los inquilinos en los contratos de alquiler e invertirán 3.700 millones de libras (algo más de 4.300 millones de euros) en la construcción de 140.000 viviendas públicas.
El Ejecutivo británico ha decidido cortar de raíz con el problema de las excesivas comisiones que se pagan a la firma de los contratos de alquiler –que han registrado subidas del 60% desde 2009, según explica el diario elibérico– en un mercado inmobiliario en el que prácticamente todas las operaciones están intermediadas por agencias inmobiliarias.
Según los datos que maneja el Gobierno, los inquilinos pagan de media unas 223 libras (261 euros). Sin embargo, en ciudades como Londres hasta un tercio de los arrendatarios paga hasta 300 libras (351 euros), mientras que uno de cada seis paga más de 400 libras (469 euros) en comisiones a las agencias.
Pese al alivio que debería suponer esta medida para los bolsillos de los inquilinos, ya hay varias voces que la han calificado como política ‘boomerang’. Y es que, lo que no se prohíbe es que la comisión se cobre al propietario de la vivienda, circunstancia que podría provocar que estos repercutan la cantidad pagada a la agencia en el precio del alquiler, provocando una subida de precios.
Además de actuar sobre los alquileres, el Reino Unido invertirá 2.300 millones de libras (casi 2.700 millones de euros) en la construcción de 100.000 viviendas públicas en las zonas con mayor demanda. Además, destinará 1.400 millones más (casi 1.650 millones de euros) en levantar 40.000 casas para los colectivos más desfavorecidos.
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