Más de 90.000 pequeños comercios catalanes se enfrentan al pago de una tasa que amenaza su sostenibilidad. Se trata de un impuesto que les exige el pago de 17 euros por cada m2 que tenga su local.
Esta tasa está operativa desde principios de siglo, aunque hasta ahora solo se ha aplicado sobre grandes superficies (aquellas con más de 2.500 m2).
El problema es que este año también afectará a los pequeños negocios. En concreto, se calcula que casi 2.700 supermercados y más de 90.000 tiendas de barrio de la región tendrían que hacer frente al pago de este tributo, que además tendría efectos retroactivos sobre los últimos 16 años.
Bruselas se ha mostrado en contra de este impuesto y ha pedido a la Generalitat que lo retire, al igual que han hecho ya otras regiones como Canarias, Navarra o La Rioja y que prevén hacer próximamente Asturias y Aragón.
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, de hecho, ha advertido en numerosas ocasiones que el Gobierno catalán debe eliminar esta figura injustificada y que supone una gran amenaza para los pequeños comercios.
La única posibilidad para que las tiendas y los supermercados se libren de este tributo es que la dirección general de Competencia de la Comisión Europea publique un dictamen definitivo sobre el tema.
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