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Las residencias de estudiantes reclaman un mejor marco regulatorio en España

También denuncian una brecha entre la oferta y la potencial demanda

The Student House.
The Student House.

Christopher Holloway, managing director de GSA; Nick Wride, director de Living & Alternative de JLL y Roger Maxwell Cooke, consejero independiente de Lar han repasado la actualidad del mercado de residencias de estudiantes en España, en un desayuno organizado por el despacho de abogados Bird and Bird, Los tres ponentes han denunciado la falta de regulación que existe en este sector y la brecha entre la oferta y la demanda de camas.

“El legislador ha ido siempre por atrás de lo que son las nuevas tendencias de las residencias de estudiantes clásicas. Debería de establecerse un marco normativo claro que regule este servicio de hospedaje”, ha afirmado Jacobo Sánchez-Andrade, abogado de Bird and Bird, para introducir el debate.

La realidad es que en la Ley de Turismo de la Comunidad de Madrid de 1999 no se hace mención a las residencias de estudiantes. Tampoco hay referencia ninguna en la Ley de Establecimientos Hotelero ni en los distintos decretos que han aprobado las comunidades autónomas en relación con los alojamientos turísticos. En definitiva, las residencias de estudiantes viven en un limbo legal que dificulta la actividad a los operadores como GSA.  

Esta situación genera que los ‘players’ de este sector tengan dudas del tipo de licencia que han de solicitar para operar con garantías. Si pretende construir el activo como un inmueble adherido a una institución docente (es decir, como un equipamiento educativo) ha de especificar esta relación a la hora de tramitar la licencia. Un trámite que exigen los ayuntamientos para su burocracia. 

“Hay cierta confusión. El regulador tiene que regular las residencias de estudiantes para que el operador sepa lo que se puede y lo que no se puede hacer”, ha puntualizado Sánchez-Andrade en relación con los operadores que han enmascarado sus negocios de residencias de estudiantes como alojamientos para turistas en ciudades como Barcelona.

En este punto, la cabeza visible de GSA prefiere diferenciar los momentos en los que se encuentran este sector en España y en el Mundo: “Aquí tenemos ciertas limitaciones, pero las tendencias globales hablan de una gran rotación de estudiantes y de personal docente para el que tenemos que estar preparados”, ha afirmado.

Además, Holloway también ha anunciado “medidas drásticas” si la regulación en España no cambia. “Tendremos que aplicar contratos de 12 meses si no podemos hacer nada durante los tres meses de verano. Vamos a forzar a los estudiantes a que paguen el año entero como hacen en Reino Unido o Alemania. Es la única vía de escape si no nos dejan aplicar otro modelo de negocio”, ha explicado el managing director de GSA.

Una brecha entre la oferta y la demanda

Por su parte, Wride ha trasladado la preocupación que existe por la falta de oferta en el sector: “Hay una brecha importante entre la oferta y la demanda. En España tenemos un millón y medio de estudiantes. Es decir, existe una potencial demanda de casi medio millón de estudiantes que requieren alojamiento en un mercado con 91.000 plazas en residencias de estudiantes”.

Por comunidades, destaca la situación de Madrid, que cuenta con una potencial demanda de 116.000 casas, cuando sólo cuenta con 18.000 plazas, según datos de JLL. “Evidentemente cabe mucho más mercado”, ha afirmado Wride. Tanto los operadores como las consultoras han detectado un aumento del apetito inversor por estos activos, sobre todo en la capital y en la Ciudad Condal. “Son sitios muy interesantes porque la diferencia entre los gastos de una residencia de estudiantes y los de un alquiler regular de un piso no distan mucho”, ha afirmado el representante de JLL.

Durante los próximos meses se sucederán las operaciones de compra de suelo en este sector, según han reconocido los tres ponentes, que también han admitido que el objetivo es que este tipo de activos acabe en manos institucionales. Pero para eso, primero han de engordar su cartera a base de transacciones de terrenos o de edificios que puedan reconvertir en residencias de estudiantes. Todo esto en un limbo legal fomentado por un regulador al que piden nuevas reglas.