Llegan las auditorías ciudadanas: ¿Qué son? ¿Cómo se hacen? ¿Qué datos sobre vivienda nos permitirán conocer?

Una de las novedades que esperan traer las nuevas alcaldías es una tormenta de auditorías: auditorías ciudadanas a la gestión, a los contratos… En teoría, servirán para saber cuál es la deuda, cuánto gasta el ayuntamiento en alquileres, cuánta vivienda pública hay o cuál es el beneficio sacado por la venta de inmuebles municipales. Pero, ¿cómo se hacen? Y, ¿en qué se diferencia de las actuales auditorías?

La palabra lo dice todo: una auditoría ciudadana consiste en dejar que los ciudadanos echen un ojo a las cuentas, las compras, las ventas, los contratos, los alquileres, las cesiones, los nombramientos y la deuda, sobre todo la deuda. ¿Se justifica esa deuda?, piensan muchos de los nuevos ediles.

Todo este movimiento partió del 15M, la gigantesca concentración que se realizó durante varias semanas en la Puerta del Sol de Madrid. En las asambleas se discutió y se aprobó cuestionar la deuda, no solo la de las familias, sino la de los ayuntamientos, la del Estado incluso la del Tercer Mundo. Se creó entonces la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. 

Se acusaba a la banca y a los poderes financieros de haber creado esa gigantesca deuda que atosigaba a los ciudadanos. Por culpa de esas deudas, el país estaba siendo víctima de recortes sociales y laborales. 

Las auditorías ciudadanas ya están funcionando en algunos municipios, especialmente en Cataluña, a través de los llamados Observatorios Ciudadanos Municipales u OCM. Son grupos de personas de un mismo ayuntamiento que se organizan para fiscalizar la economía de su consistorio.

Esta es su definición: “Asociaciones abiertas y autogestionadas que realizan auditorías ciudadanas municipales para potenciar el control desde la base de los temas presupuestarios y de todo aquello que afecta a la deuda pública”.

Pretenden detectar qué parte de la deuda es ilegítima y a continuación, o no pagarla, o cambiar sus condiciones. Pero quiere ir más allá. Según la página web auditoriaciudadana.net: “No queremos que la auditoria se limite a un análisis de expertos de datos financieros, sino que proponemos un análisis más amplio y profundo que abarca desde los recortes en los derechos fundamentales de los ciudadanos –como el de la vivienda–, en el medio ambiente y la falta de transparencia, hasta el derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que gobiernan, y promover con ello una participación más activa en los asuntos públicos”.

El punto débil de la auditoría ciudadana es que se necesitan profesionales expertos para revisar y comprender las cuentas de un ayuntamiento, especialmente de los más grandes como Madrid y Barcelona. ¿Puede un veterinario comprender qué es un ‘ajuste por periodificación’? ¿Sabe un estudiante de filosofía qué es una ‘limitación al alcance’ en una auditoría? ¿Cuánto tiempo hay que dedicar para entender las cuentas?

Para que funcionasen de verdad, las auditorías ciudadanas tendrían que estar dirigidas por economistas, expertos financieros y fiscales que sepan reconocer un balance y una cuenta de resultados. Y luego, pedir los justificantes a cada uno de los gastos, cosa que supone un trabajo muy detallado.

En realidad, la mayor parte de las cuentas de los grandes consistorios ya están accesibles para cualquier ciudadano. Por ejemplo, en Madrid, a través del portal rendición de cuentas, los madrileños pueden ver los ingresos y los gastos de su consistorio. Y pueden comprobar de dónde proviene la deuda.

Las cuentas auditadas y mostradas llegan hasta 2013. La del 2014 debe estar a punto de mostrarse. En la parte de la deuda, en 2013 había más de 7.000 millones de euros en el ayuntamiento de Madrid. En el portal del ayuntamiento se especifica con qué bancos se ha contraído la deuda y por qué. La mayor parte procede de la partida llamada Calle 30, que no es otra cosa que el gigantesco soterramiento de la M-30 acometido en la época de Alberto Ruiz Gallardón. 

Queda pendiente de pago nada menos que 2.000 millones de euros. Las obras costaron más de 3.000 millones. ¿Qué podría descubrir una auditoría ciudadana? Siempre se puede descubrir algo. Para ello, se necesitaría revisar documento por documento los contratos del ayuntamiento con sociedades privadas, y desde luego, saber de economía.

Y analizar toda la actividad de cualquier ayuntamiento en los últimos años, un trabajo que se complica a medida que el ayuntamiento es más grande. Una auditoría es un proceso lento que lleva meses y que está realizado por expertos que siguen una metodología muy concreta.

Un ciudadano cualquiera no tiene conocimiento ni experiencia para auditar cuentas. Además, los auditores profesionales saben dónde suelen estar los agujeros negros de las empresas, y por dónde les quieren ‘colar’ determinadas partidas.

Esto no quiere decir que los auditores profesionales actuales hagan trabajos perfectos. Los escándalos en la banca española, la malversación, la venta de preferentes o de cuotas participativas, se hicieron con el consenso de los auditores.

Por último, hay algo que es muy difícil de detectar en las cuentas: la corrupción, las mordidas, los pagos en especie, los pagos en cuentas en Suiza. La mayor parte de las operaciones ilegales detectadas en los últimos años se han realizado por servicios de inspección de la Policía, la Agencia Tributaria, Aduanas, y la Guardia Civil. No por auditorías: ni ciudadanas ni profesionales.