Consenso entre PP, PSOE y Ciudadanos: hay que potenciar el alquiler en un “país de propietarios”

Aunque no coinciden en qué tipo de política del alquiler viviendas aplicar, los representantes de PP, PSOE y Ciudadanos apuestan por dar mayor visibilidad al arrendamiento frente a la compra en el mercado residencial donde impera la propiedad.

Los tres partidos que en las encuestas se reparten el mayor número de escaños al Congreso, PP, PSOE y Ciudadanos han vuelto a asistir a un debate sobre la vivienda con representantes del sector inmobiliario. Y por segundo debate consecutivo, los portavoces de IU y Podemos no acudieron a la invitación, en esta ocasión realizada por Arrenta y la Escuela Técnica Jurídica.

Los tres partidos coincidieron en que el alquiler tiene que ser cada vez más importante dentro del sector residencial, aunque el portavoz del PP, Andrés Ayala, afirmó que “este país sigue siendo principalmente de propietarios”. Los datos lo avalan. El reciente informe publicado por Eurostat confirma que la vivienda en propiedad en España supone el 78% del total de parque residencial, frente al 21% de las casas en alquiler.

Una diferencia que pese a ser amplia se ha ido recortando en los últimos años y con el estallido de la burbuja inmobiliaria. “Veníamos de estar con un 13% de vivienda en alquiler. Este aumento se ha producido por un cambio de mentalidad de los jóvenes en el acceso a la vivienda, dando alternativa al alquiler. Y también, todo hay que decirlo, es más difícil acceder a la financiación para la compra de una casa”, afirma Leire Iglesias, portavoz del PSOE.

El PP defendió sus políticas actuales con el Plan de Vivienda 2013-2016. “Antes se prefería tener las casas cerradas a ponerlas en alquiler. También se ha propiciado la movilidad laboral con esta nueva política liberalizada. Hemos hecho una apuesta firme por el alquiler, 230.000 familias han obtenido subvenciones para alquileres sociales”, concreta Andrés Ayala.

Centrándose en la actual política de vivienda bajo la Ley 4/2013 de Flexibilización de la Ley de Arrendamientos, el portavoz de Ciudadanos, David González, destacó que “existe un desequilibrio con la legislación actual. Tiene que haber una normativa justa tanto para el propietario como el inquilino en la que mejor que el Estado intervenga poco”. Algo en lo que coincide Leire Iglesias: “Esta enorme desregulación genera inseguridad jurídica al inquilino”.

La postura del PSOE es que en caso de gobernar a partir del próximo 20 de diciembre, derogaran esta ley volverán a la de 2009 donde “había mayor protección para el inquilino”, según las palabras de Iglesias. “Lo que si vamos a mantener e incluso mejorar es la protección del propietario frente al inquilino moroso doloso, aquel que deja de pagar sin que se encuentre en una situación sobrevenida ni en peligro de exclusión. Pero protegeremos a aquel inquilino moroso que por alguna causa se ha encontrado sin poder pagar su renta mensual”. Para el PSOE, una familia sin miembros trabajando o en serias dificultades no se quedará en la calle, sino que podrá acceder a un alquiler social.

El portavoz de Ciudadanos apostó por crear un organismo que analice las distintas matrices de vivienda y armonizar las políticas autonómicas con la nacional. “Cada Comunidad Autónoma tiene sus propias políticas de alquiler. Debemos aunar algunos criterios para que en todas sea igualitarias para todos los españoles”, destacó David González.

El PP mantuvo su idea de mantener la eliminación de las desgravaciones estatales por el alquiler y la compra de vivienda “mientras no cambien la situación económica actual”. Para Ayala, “la tolerancia fiscal será 0 y realizando un control fiscal exhaustivo. Queremos acabar con el fraude fiscal con el alquiler”. Además, cree que la legislación española va hacia los procedimientos de mediación extrajudiciales, importantes para acabar con el colapso de los tribunales. “Las ayudas a los arrendadores irán en función de la situación del inquilino”, sostuvo Ayala.

Para el PSOE puede haber margen para los estímulos fiscales pero no solo para el alquiler, también para la compra. Iglesias también apostó por aprovechar el stock de vivienda libre disponible para ampliar el parque de alquiler social. Y como ya comentaron en foros anteriores, mantener la catalogación de una vivienda VPO durante toda su vida. “Si el Estado ha aportado para construir seguirá siempre catalogada como vivienda protegida”.

Ciudadanos cerró el tema con que no es partidario de subvenciones y desgravaciones. “Dejamos libertad para que propietario e inquilino pacten pero si protegeremos la VPO, que es una inversión del Estado”, concretó González.