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Los varapalos judiciales por parte del Tribunal Supremo han dejado de ser novedad en España. Ya en 2012 declaró ilegales 22 PAU de Madrid y en el último año ha anulado otros tres PGOU: el de Vigo, Marbella y Gijón, con lo que se queda en el al aire el futuro de miles de viviendas. Los expertos advierten que una regulación inestable por parte de las administraciones públicas genera inseguridad jurídica de cara a los inversores internacionales. 

La sentencia del Alto Tribunal en la que anulaba hasta 22 PAU de Madrid capital fue muy sonada. Consideraba que eran ilegales las recalificaciones de suelos protegidos en suelos urbanizables de PAU como Valdebebas, Los Berrocales o Campamento. 

A finales del año pasado el Tribunal Supremo anuló en su totalidad el PGOU de Vigo porque la Junta de Galicia no lo había sometido a la evaluación ambiental estratégica correcta. En octubre del año pasado el Supremo también declaró nulo el PGOU de Marbella de 2010 por considerar fuera de la norma por exceder competencias el sistema de normalización mediante el pago de compensación. Y en mayo del año pasado también anuló el PGOU de Gijón por la vulneración de los principios de publicación y participación ciudadana. 

Los expertos consultados por el diario Expansión aseguran que la nulidad de los PGOU genera una inseguridad jurídica que echa para atrás a los inversores internacionales. La fatal de comunicación entre las diferentes administraciones públicas está detrás, en muchas ocasiones, de la irregularidad de los PGOU. 

Otra preocupación de los expertos es la tardanza en aprobarse los planes de urbanismo, lo que en muchas ocasiones implica cambios de gobierno. 

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