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Las casas colmena de Haibu 4.0 llevan al Ayuntamiento de Barcelona a los juzgados

La historia de las casas colmena de Haibu 4.0 y el Ayuntamiento de Barcelona parece no tener fin. Después de que la compañía rechazara la semana pasada la orden del consistorio de precintar el local que tiene en el número 114 de la calle Constitución, en el distrito de Sants-Montjuïc, Haibu 4.0 ha llevado a cabo la primera acción legal: interponer un recurso contra la vía de hecho por considerar que el Ayuntamiento ha actuado fuera de su ámbito de competencia.

“El equipo jurídico de Haibu 4.0 ha determinado que se han cometido muchas irregularidades en el proceso de precintado, por lo que hemos acusado al Ayuntamiento de Barcelona por realizar actuaciones al margen de los procedimientos establecidos -explican desde la compañía- ahora el ayuntamiento dispone de 10 días para pronunciarse, por tanto, la operación del precinto ha sido neutralizada”.

Según los responsables de Haibu 4.0, “la Guardia Urbana de Barcelona y los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona comenzaron el pasado viernes su particular campaña de acoso e intimidación, impidiendo que los vehículos de la empresa pudieran descargar los muebles de la exposición y han entrado varias veces a la obra para poder inspeccionar su evolución”, sostienen desde la compañía en un comunicado. 

Pero no sólo es el Ayuntamiento de Barcelona quien parece no comulgar con este proyecto. La semana pasada, la Colmena que la compañía tiene en la calle Constitución recibió “ataques y destrozos en el interior, con pintadas en los carteles y frases amenazantes para los emprendedores del proyecto”.

Cronología de la “exterminación” de una colmena

Según la vía de hecho, a la que ha tenido acceso idealista/news, interpuesta por Marc Olivé, uno de los artífices de las casas colmena, la batalla judicial entre la empresa y el Ayuntamiento de Barcelona se inició el 11 de octubre, cuando Olivé presentó “comunicado para la ejecución de obras de reforma del interior (entidades sin uso de vivienda) sin afectar a la estructura del edificio sito en calle Constitución 108”.

Ese mismo día, Olivé pagó la tasa administrativa por la licencia de obras y, por consiguiente, “conforme a la normativa vigente quedó habilitado para iniciar las obras”, según se expresa en la denuncia.

El 19 de octubre empezaron los problemas para Haibu 4.0. Ese día, el Ayuntamiento entregó en mano a Olivé una resolución en la que se “ratificaba una suspensión de obras, al parecer decretada anteriormente y en la que se acordaba su precinto”. Dos días después, el 22 de octubre, se personó en el local la Comisión Municipal y agentes de la Guardia Urbana para “suspender las obras y precintar el local en cumplimiento de las órdenes dictadas contra el proyecto”.

El ejecutivo, como ya ha expresado en repetidas ocasiones frente a medios de comunicación, se opuso a la ejecución de las órdenes y ahora alega que la “Administración suspende y precinta unas obras aun teniendo una licencia”. Ahora, Olivé espera que en los próximos diez días el Ayuntamiento “subsane las infracciones y deje sin efecto la vía de hecho”. Si no lo hace, según se detalla en la denuncia, “el interesado puede acudir directamente a los juzgados de lo contencioso administrativo”. Olivé asegura que “el Ayuntamiento actuó abusando de su posición”.

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