El Gobierno balear establece un nuevo marco normativo para unificar todos los informes técnicos de evaluación de edificios que tengan más de 30 años, en torno al 35% del parque residencial del archipiélago. Con especial hincapié en la vivienda residencial, la norma establece multas entre los 3.000 y los 30.000 euros en caso de infracción.
La Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad del Govern balear ha presentado el proyecto de decreto que pretende regular los informes de evaluación de edificios (IEE). Principalmente se ocupará de los edificios residenciales, especialmente en la conservación de aquellos que tengan más de 30 años de antigüedad.
Según el Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB), el 35% del total del parque de viviendas existente se construyó entre 1960 y 1980, con lo que ya tienen que pasar esta inspección.
Hasta ahora, los informes de evaluación se basaban en los criterios que cada ayuntamiento establecía como norma. Con esta norma, el Govern trata de unificar criterios. Las poblaciones de Palma, Manacor, Santa Eulària, Marratxí y Ciutadella contaban con sus propias ordenanzas al respecto.
Dentro de la normativa autonómica se impone criterios de conservación, accesibilidad y eficiencia energética. De hecho, según un informe del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), la vivienda en Baleares cuenta con unas de las calificaciones más bajas de toda España. Un 46% del parque de viviendas registradas cuenta con las calificaciones más bajas de F y G.
La Ley balear de Vivienda sanciona con multas que van de los 3.000 a los 30.000 euros en caso de incumplimiento de las normas de conservación de edificios.
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