Viviendas Baleares

La antigua prisión de Palma de Mallorca se convertirá en una residencia pública destinada a profesionales esenciales. El ayuntamiento de la capital balear aprobó el lunes el anteproyecto que contempla la construcción de 139 viviendas temporales para médicos, profesores, investigadores y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda y favorecer la captación y retención de talento en la isla. El complejo incorporará gimnasio, piscina, cafetería-restaurante, salas de trabajo, comedor, lavanderías, jardines o solárium

La ciudad balear se consolida como uno de los mercados residenciales más tensionados del país. Según los datos de idealista, el precio medio de la vivienda en venta en Palma alcanzó 4.907 euros/m2 en junio, con una subida del 2,8% respecto a mayo y de hasta el 18,4% interanual, por lo que prácticamente duplica el promedio del conjunto del país (2.438 euros/m2). Llevant-La Soledat es el distrito más asequible y el único donde el m2 está por debajo de 3.000 euros, mientras que los más exclusivos son Son Vida (8.633 euros) y Portixol-Molinar (7.371 euros).

El pleno del Parlamento de Baleares ha convalidado el decreto ley de medidas de contención turística gracias al respaldo de PP y Vox, y con el rechazo total de la izquierda. Este texto incluye la prohibición de crear nuevas plazas en viviendas plurifamiliares en el archipiélago, así un aumento del 25% de las sanciones para frenar la oferta ilegal y otras medidas de reconversión de la oferta obsoleta, como la posibilidad de transformar establecimientos turísticos inviables o en desuso en viviendas de precio limitado. Según el Gobierno regional, "el texto apuesta por la calidad de la oferta turística" en las islas.

El Partido Popular en el Govern de Baleares y el grupo parlamentario de Vox han aprobado convalidar el decreto de vivienda de la comunidad como proyecto de ley. Esto permitirá incluir enmiendas como la de ampliar la posibilidad de recalificar las conocidas áreas de transición, actualmente suelo rústico, en urbanizable para poder construir. La normativa inicial limitaba el cambio de uso a los terrenos de la ciudad de Palma, pero se amplía a todos los municipios de más de 20.000 habitantes como Calvià, Llucmajor, Inca o Manacor, si lo convalidan los ayuntamientos.

La integración de la arquitectura moderna con el entorno natural y cultural es un desafío que puede llevar a resultados impresionantes cuando se aborda con creatividad y sensibilidad.

El Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado la Ley 3/2024, de 3 de mayo, de medidas urgentes en materia de vivienda, que establece la creación de la vivienda de precio limitado (VPL) para contribuir a aumentar la oferta de casas a precios asequibles, ante el encarecimiento de los inmuebles en esta comunidad autónoma. Además, regula la figura del 'coliving' y la actividad del agente inmobiliario. Está en vigor desde el pasado 10 de mayo.

El gobierno balear deberá indemnizar con 96 millones de euros al empresario y promotor inmobiliario, Matthias Kühn, por una desclasificación de terrenos en la zona de la Muleta del Puerto de Sóller, en Mallorca. Kühn, actual pareja de la artista Normal Duval, adquirió suelos urbanos para levantar unas 30 mansiones de lujo, pero el Govern balear recalificó los suelos a no urbanos sin indemnizar al empresario. 14 años después, la justicia le da la razón, y la administración le pagará 63,5 millones más intereses devengados.

La presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha prometido durante su discurso de investidura en el Parlamento regional que no aplicará los límites a las rentas al alquiler que incluye la actual Ley de Vivienda y que eliminará la moratoria que prohíbe crear nuevas plazas hoteleras hasta 2026. También ha anunciado que eliminará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que creará incentivos para sacar al mercado viviendas vacías. Está previsto que Prohens se convierta en presidenta del Gobierno balear el jueves, gracias a la abstención de Vox.

Desigual cumplimiento de las promesas electorales en materia de vivienda con que Francina Armengol revalidó el Gobierno de Islas Baleares en 2019. Mostramos un análisis que demuestra la complejidad de una problemática que amenaza el desarrollo de un territorio que no consigue conciliar el acceso a la vivienda con su modelo económico. Han aprobado medidas para rehabilitar inmuebles y permitir el acceso a la vivienda, pero no han logrado cumplir con la promesa de triplicar el número de viviendas públicas.     

La Comisión Europea ha remarcado que para que un Estado miembro de la UE pueda limitar la compra de vivienda a no residentes deben concurrir "razones imperiosas de interés general" reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo (TJUE). Así lo expresa la comisaria europea de Servicios financieros, Estabilidad financiera y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness, en una respuesta a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada balear del PP Rosa Estaràs.

El Gobierno de Baleares ha abierto el melón de restringir la compra de casas por parte de extranjeros no residentes en España para controlar la escalada de precios de la vivienda. Su presidenta, Francina Armengol, pide al Ejecutivo Central que eleve a la UE un Estatuto de Islas Pobladas. Se toma como ejemplo Canadá o Nueva Zelanda, que han prohibido a los inversores extranjeros la libre adquisición de inmuebles. Analizamos los casos en estos y otros países.

El Gobierno de Baleares ha creado una comisión para estudiar la posibilidad de prohibir la compra de vivienda a ciudadanos, extranjeros o no, que lleven menos de cinco años viviendo en esta CCAA, ante la escalada del precio. Según idealista, el precio del m2 en esta región cerró 2022 en 3.706 euros, un 10,5% más interanual y se corona como la más cara de España, por encima de la Comunidad de Madrid (3.122 euros el m2). Baleares pone como modelo a seguir a Canadá, donde el pasado 1 de enero entró en vigor la prohibición durante dos años de vender viviendas a extranjeros no residentes. Los expertos aseguran que el problema es la falta de oferta de obra nueva.

El parlamento de Baleares ha aprobado una moción del grupo Més per Menorca para que el Govern estudie cómo limitar la compra de segundas residencias por parte de extranjeros en las islas, con el objetivo de rebajar el problema de oferta de viviendas en el archipiélago. Se constituirá un grupo de trabajo que tendrá un año para analizar la normativa existente, la problemática particular de Baleares o los casos donde se aplican.

El Govern balear ha modificado la normativa de su Ley de Vivienda para no recibir un recurso de inconstitucionalidad por medidas como la de imponer el precio de compra para las viviendas a los grandes propietarios en el derecho de tanteo y retracto, o la de imponer sanción administrativa a los tenedores de más de 10 viviendas por rechazar una propuesta de alquiler social, si el hogar vulnerable decide rechazar la propuesta.

El Gobierno balear establece un nuevo marco normativo para unificar todos los informes técnicos de evaluación de edificios que tengan más de 30 años, en torno al 35% del parque residencial del archipiélago. Con especial hincapié en la vivienda residencial, la norma establece multas entre los 3.000 y los 30.000 euros en caso de infracción.

El gobierno de Baleares ha puesto en marcha el programa “primera hipoteca”, con el que pretende facilitar la compra de primera vivienda a jóvenes entre 18 y 40 años.

Las islas Baleares tienen viviendas para 2,1 millones de personas, el doble de su población actual, según un estudio elaborado por la uib, 'els indicadors de la sostenibilitat socioecològica de les Illes Balears (2003-2008)'.