Información sobre vivienda y economía

Enrique Vendrell: "Mientras no se regule contra las okupaciones ilegales, estas irán ‘in crescendo’"

Entrevista a Enrique Vendrell, Vicepresidente de los Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida

Enrique Vendrell, presidente de los Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida
Enrique Vendrell, presidente de los Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida

La okupaciones ilegales son algo que trae de cabeza a un gran número de propietarios en España. Salir de tu casa un fin de semana y encontrar que alguien se ha instalado en ella al llegar empieza a no ser algo tan raro. En el último año las okupaciones ilegales se han disparado en España un 19,8% en 2019. Enrique Vendrell, vicepresidente del CAFBL y asesor jurídico del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, es un experto en temas de okupación, y habla con idealista/news en una entrevista sobre lo “preocupante” y “alarmantes” que son los últimos datos. “Organizaciones como el Sindicat de Llogaters promueven la okupación ilegal”, explica el experto, que añade que “para frenarlo hay que regular contra la oKupación, si no no dejarán de crecer”.

La ocupación de inmuebles se ha disparado en 2019 un 19,8%. ¿Cuál es la valoración que hace de este hecho?

Lo vemos con gran preocupación y obedece a varias razones. Una es el problema del acceso a la vivienda, pero consideramos que realmente una de las más importantes, desagradablemente, es que se está generando una trama organizada con vertiente delictiva. La reacción de los medios judiciales para abordar de manera eficaz una solución a esta situación permite a estas organizaciones actuar con impunidad. Y lo peor, de forma lucrativa. No es una necesidad de vivienda, sino un negocio. Perjudicando con ello no solo a los propietarios, sino también a las personas que realmente necesitan la vivienda. Especuladores mafiosos. Los mayores incrementos se producen en territorios donde se está tolerando por parte de la administración publica y las fuerzas de seguridad.

¿Cuál es el perfil del okupa en España?

No hay un perfil único, pero hay distintas okupaciones. Las justificadas y las que no. Hay algunas que son ocasionales, porque quiere estar en una finca durante unos meses (segundas residencias), como si fueran unas vacaciones. El okupa que más preocupa es el organizado, el que está pendiente de que un piso quede vacío y es objeto de allanamiento. O el que sabe cuando se produce un alzamiento judicial, o el que está pendiente de los pisos que son propiedad de entidades financieras o grandes tenedores, que piensa que lo tiene más fácil porque la reacción del propietario será mucho menos eficiente.

¿Y el perfil de los pisos okupados y los barrios más okupados?

Se está extendiendo de una manera lineal en todos los barrios de las ciudades. Hay zonas más agredidas, que es donde los pisos son más pequeños, o en las zonas donde hay más densidad de población. En Barcelona podrían ser Gracia, el Barrio Gótico… zonas más fáciles de controlar. En zonas residenciales de alto nivel también hay okupaciones, pero menos. Son edificios de menos densidad y vigilados, y eso hace que sea más difícil su entrada en los inmuebles.

Para poder okupar una vivienda, debe haber un vacío legal que se lo permita… ¿Cómo amparan actualmente las leyes al okupa?

No hay vacío legal porque es una actividad prohibida. En ningún caso se autorizan, pero si hay una actitud de permisibilidad por parte de las administraciones y fuerzas de seguridad. O por lo menos no reacciona contra ellas. El que está avocado a actuar es el propietario y tiene que ir a los juzgados. Es un proceso que se demora por muchos meses y el okupa se aprovecha de esta demora o falta de eficacia para alargar el proceso y poder disfrutar de una manera abusiva. En España se aprobó en 2018 una ley para agilizar el desalojo como consecuencia de una ocupación. Esta ley se está aplicando y está teniendo casos positivos, pero como todo, tiene sus dificultades y las detectan rápidamente para poder aprovecharse.

Esta nueva regulación, por ejemplo, permite solicitar al juez una vivienda okupada de entrada, e insta al okupante para que acredite su derecho a okupar en diez días, y si no lo hace (que obviamente no lo podrá hacer) se ordena el desalojo. Y sigue el proceso con el okupa fuera.

Ahora estamos viendo que al okupa se le pide un título, que de entrada es inexistente, pero que lo está falsificando: se bajan de Internet un contrato, lo firman y dicen que tienen un título… y para dictaminar que es falso, el juzgado debe abrir un proceso… y esto hace que de nuevo vuelva a alargarse el proceso.

Lo que siempre estamos tratando de defender es que la reacción ante una okupación improcedente sea que actúen las fuerzas de orden público. Y solo los tribunales cuando existan dudas.

¿Cómo le recomendaría actuar a un propietario que llega a su casa y ve que está okupada?

Presentar una denuncia, ir a una comisaría próxima con su título de propiedad, y que la Policía abra una diligencia que recoja esta denuncia. Si es su casa, la actuación debe ser fulminante y los protocolos judiciales permiten el desalojo inminente. Pero si no es primera vivienda, la cosa se complica. Desokupan cuando lo ordenan un juez.

¿Qué opina de las empresas especializadas en desokupación?

Desde el punto de vista legal no las respaldo, pero si operan con el cumplimento legal me parece bien. Son consecuencia del desespero. El propietario quiere buscar una solución rápida y eficaz. Si que vemos que en okupaciones mafiosas, todo se arregla pagando. 

¿Y por qué los expertos en okupaciones recomiendan no llamar a la Policía?

No me extraña ni me sorprende. Quien debería proteger la legalidad no lo está haciendo y algunos propietarios actúan por su cuenta.

Según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, el 61% de las fincas en España han tenido casos de ocupación, mientras que en Cataluña se dispara al 88%. ¿Por qué un número tan alto en Cataluña?

Tiene que ver con la situación política de Cataluña y sus responsables. Estoy convencido. La ley es la misma en Cataluña que en Ciudad Real. Habría que analizar por qué estamos haciendo leyes que suponen un reclamo a las okupaciones.

¿Cree que el nuevo Decreto de Vivienda en Cataluña sobreprotege al okupa?

Por primera vez en el mundo civilizado se le da cierto reconocimiento a las okupaciones para concederles derechos. Derechos que tiene que cumplir el propietario (gran tenedor). Si han pasado seis meses deben darles un alquiler social. Es sorprendente e inconstitucional. Que salgan este tipo de regulaciones y se aprueben en el Parlament llama mucho la atención. Un alquiler social puede ser dos euros. No es un alquiler de protección oficial. Esto es expropiatorio. Todo depende de los ingresos del arrendatario. Estoy en un caso en que el inquilino okupa tiene unos ingresos de 300 euros y eso significaria sería un alquiler 26 euros. Una vergüenza.

Para 2020, ¿la tendencia a okupar viviendas crecerá? 

El panorama es este, sí. Hay proyectos de ley que se habían presentado para llevar a cabo modificaciones, pero están estancados desde que se disolvió la anterior etapa legislativa. Ahora con el nuevo gobierno no creemos que se presenten proyectos de regulación. Mientras esto no ocurra, las okupaciones irán in crescendo. Las comunidades de propietarios se verán impactadas por este hecho de manera negativa.

¿Y las okupaciones influyen de manera directa en el precio de un inmueble al ponerlo a la venta?

De una manera clara e importante. Un piso que ha estado o está okupado puede hacer que el precio del activo baje hasta un 50%.

En Barcelona existe el Sindicat de Llogaters, que en los últimos meses ha dado soporte a casos de ocupación ilegal a personas con empleo y una estabilidad económica mayor que la media (los inquilinos pagaban un alquiler de 1.000 euros). ¿Cómo afectan al fenómeno de la okupación este tipo de organizaciones?

Mucho y de manera negativa. Ellos lo promueven y lo defienden. Cuando se produce una desokupación organizada, ellos la impiden. Saben la fecha, la hora y van a impedir el lanzamiento. Esto obliga a suspender y volver a repetirla, en cuya ocasión vendrán las fuerzas de seguridad para respaldar la orden judicial para impedir que se impida. Además, tienen influencia política y esto es lo que más preocupa. Estas personas viven de las subvenciones públicas, no viven de los afiliados.