Más gasolina para poder hacer frente a los planes públicos de Barcelona en cuanto a vivienda. El órgano consultivo y de participación del Consorcio de la Vivienda de Barcelona ha acordado solicitar al Estado 10.000 millones de euros Next Generation EU en forma de préstamos reembolsables, a causa de los altos costes de ejecución de las obras y las dificultades de financiación con que se encuentran asociaciones, fundaciones y/o cooperativas a la hora de llevar a cabo promociones construidas o rehabilitadas.
Concretamente, el Consejo solicita al Estado un volumen de 10.000 millones de euros Next Generation EU en forma de préstamos reembolsables en un plazo de 40 años, de los cuales 10 años sean de carencia y 30 de amortización, y a un coste financiero 0, y solo con los gastos de gestión.
En este sentido, sugiere que el Estado asigne los fondos prestables a agencias financieras autonómicas, a banca ética y entidades acreditadas de la economía social para que estos los distribuyan entre las entidades que se dedican a la promoción de vivienda de alquiler social que reúnan todos los requisitos necesarios.
La petición del Consejo viene a colación de una realidad actual difícil de gestionar en España, donde el parque de viviendas de alquiler social es “claramente insuficiente”. En concreto, representa solo un 1,6% de la totalidad del parque, ante el 15% de media en Europa. Así también, la cifra de inscritos a los Registros de solicitantes de vivienda de protección oficial es de 400.000 personas, y solo un 2,5% del parque de viviendas es social, por un 9,3% en la Unión Europea.
Todas estas cuestiones, así como la carencia de financiación privada para promover vivienda de alquiler social y el aumento de precios en la construcción, suscitaron la reclamación del Consejo, que desgranó su petición en otros puntos de interés.
Los fondos Next Generation EU, palanca de cambio
En este sentido, se pidió a la Generalitat la subsidiación de los créditos del ICF (Instituto Catalán de Finanzas) para la promoción de vivienda social para que resulte un tipo de interés fijo asumible, así como que las subvenciones Next Generation para las promociones de vivienda de protección oficial de alquiler se puedan solicitar según el precio del módulo y que sea la misma Generalitat la que subvencione el diferencial entre los alquileres sociales y el precio de HPO de régimen general.
En otra línea, el Consejo también sugirió que el gobierno catalán implemente el mismo mecanismo que ha desarrollado el Ayuntamiento de Barcelona en lo referente a la garantía pública respecto de la financiación, en caso de impago de 5 cuotas del préstamo para promociones de vivienda de protección oficial de alquiler o de cesión de uso.
El Gobierno reparte más de 300 millones del Next Generation para rehabilitar edificios públicos
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