Así lo ha avanzado Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, en la inauguración de un congreso de la APCE celebrado en Málaga. Hasta la fecha hay 57 operaciones en estudio
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Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, en el Congreso de APCE MIVAU

El Gobierno ha hecho el primer balance de la línea de préstamos ICO que ha puesto en marcha este verano para que los promotores desarrollen más viviendas asequibles o sociales. 

Según ha adelantado Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, en la inauguración del IV Congreso Nacional de Vivienda de la APCE en Málaga, en estas primeras semanas las peticiones de los promotores ya suponen más de una tercera parte del presupuesto total de esta línea de préstamos y avales, que alcanza 4.000 millones de euros y espera movilizar 43.000 viviendas. 

Rodríguez ha confirmado que el ICO tiene actualmente en fase de estudio 57 operaciones que suman 1.400 millones de euros de financiación y que permitirán desarrollar cerca de 17.000 viviendas. 

La Línea ICO-Vivienda fue aprobada por el Consejo de Ministros en febrero, aunque fue a principios de agosto cuando el BOE publicó los convenios entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para activar préstamos y avales para la promoción de vivienda social en régimen de alquiler asequible, ya sea de obra nueva o vía rehabilitación. 

En concreto, contempla 4.000 millones de euros destinados a la financiación de proyectos dirigidos a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como a mejorar el parque de vivienda social ya existente; y que pueden solicitar tanto promotores públicos como privados. Estos fondos proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se suman a otra línea de 2.000 millones de euros que avalará hasta el 50% de estos préstamos, impulsada por el Gobierno y gestionada también a través del ICO.

Cómo funcionan los préstamos

La línea contempla la financiación de operaciones desde el 1 de enero de 2022 que cumplan con las condiciones establecidas en el acceso a los préstamos, que deben solicitarse antes del 1 de junio de 2026 y formalizar antes del 31 de agosto de 2026.

Según explica el ICO, existen dos vías de acceso a la financiación de los proyectos, que se distribuirán en función de la demanda. "En un inicio, está previsto que el ICO movilice 2.000 millones de euros y las entidades financieras adheridas a la línea de préstamos movilizarían los 2.000 millones restantes. No obstante, en función de la demanda esta distribución puede variar".

En el caso de que sea el ICO la entidad que concede el préstamo, "la operación solo requerirá de verificar el cumplimiento de los requisitos y el riesgo de la operación, para la posterior concesión del préstamo. Por otra parte, las entidades financieras analizarán el riesgo de la operación conforme a su propia política de riesgos, ya que es la entidad quien asume el riesgo de impago. Si se utilizase la vía de las entidades financieras, una vez la entidad y el promotor acuerden el préstamo y se conceda, el ICO trasferirá el importe de la operación a la entidad financiera para que proceda a su préstamo al promotor", explica el organismo.

El promotor debe solicitar este préstamo de “vivienda social” a través de su entidad financiera o directamente con el ICO.

Estos préstamos deben destinarse a proyectos dirigidos a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o rehabilitación del ya existente, a viviendas de nueva construcción en suelos públicos y privados, la rehabilitación de edificios que vayan a destinarse al alquiler asequible o social o a la compra de suelo para la posterior construcción o activos que sean titularidad de Sareb.

Además, las viviendas construidas a través de estos préstamos deberán ser destinadas al alquiler social o asequible, o cedidas para dicho uso, durante período mínimo de 50 años. Y deben cumplir unos requisitos de eficiencia energética.

"Promotores, constructores y Administración coincidimos en los objetivos"

Durante su intervención, la ministra también ha asegurado que tanto el sector privado como el público coinciden en los objetivos necesarios para solucionar el problema de la vivienda que arrastra España y que es una de las principales lacras de la sociedad actual.

Rodríguez ha insistido en que "es un problema con una dimensión global", que se está dando en la mayoría de las ciudades del mundo, como consecuencia entre otras cosas de "un crecimiento demográfico sin precedentes que necesita un techo, una vivienda". En el caso de España, ha afirmado que su objetivo es "facilitar el acceso a la vivienda asequible, como establece el articulo 47 de la Constitución Española, y que ningún español tenga que hacer un esfuerzo de destinar más del 30% de sus ingresos a pagar una casa". 

La ministra también ha agradecido el compromiso del sector para buscar soluciones al problema de la vivienda, aunque ha insistido en que el sector público y privado deben "contribuir y hacerlo más unidos". Por ejemplo, ha pedido a los partidos políticos que desatasquen la reforma de la Ley del Suelo, actualmente paralizada en el Congreso de los Diputados y cuyo texto respalda el propio sector promotor. También ha insistido en que todavía queda camino por recorrer. "¿Estamos haciendo? Sí ¿Es suficiente? No", ha concluido. 

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