
En el contexto de un mercado inmobiliario caracterizado por su complejidad y diversidad, Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE España), ha señalado que el mayor riesgo para el sector es la ignorancia a la hora de legislar y proyectar políticas públicas de vivienda. Durante la segunda edición del 'Real Estate Financing Forum', Vilajoana insistió en que el mercado de la vivienda en España es heterogéneo y las soluciones deben adaptarse a las realidades específicas de cada territorio.
Vilajoana subrayó la importancia de consultar al sector privado antes de tomar decisiones legislativas. "Cuando uno legisla sin preguntar al sector privado, tiende a equivocarse", afirmó. Esta falta de entendimiento y la tendencia a la "prueba y error" en la legislación actual podrían tener consecuencias adversas para un mercado que ya se encuentra en una situación de desajuste entre oferta y demanda.
Helena Beunza, presidenta de Asval, coincidió en el diagnóstico de Vilajoana y añadió que España enfrenta un déficit de vivienda acumulado que afecta a todas las capas de la sociedad. "Estamos en una situación donde la problemática de la vivienda va más allá de las capas más vulnerables", señaló. Beunza enfatizó la necesidad de abordar el problema desde diversas vertientes, incluyendo el desarrollo del suelo y la creación de un parque de alquiler asequible.
Desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Santiago Novoa ofreció datos esperanzadores sobre las tendencias de inversión. "En apenas siete meses, ICO ha financiado más operaciones en vivienda asequible que en los 30 años anteriores", destacó. Sin embargo, señaló que las entidades bancarias han mostrado cierto reticencia al acceder a estas líneas de financiación, indicando que aún necesitan tiempo para adaptarse y actuar.
El tema del alquiler asequible también ocupó un lugar central en la discusión. Beunza señaló que, aunque España es un país de propietarios, el alquiler está cobrando protagonismo. No obstante, las medidas de limitación de precios implementadas, particularmente en Cataluña, se han traducido una disminución de la oferta y podrían llevar a un aumento de precios a largo plazo.
Vilajoana también puso de relieve que el mercado de alquiler en España no está adecuadamente dimensionado y que se confunde frecuentemente la vivienda pública con la de protección. "La vivienda protegida no es pública; es construida por privados", precisó. Además, criticó los altos costes impositivos, como el IVA aplicado al modelo Build to Rent (BTR), afirmando que encarecen la vivienda asequible en un 20% solo por este concepto.
Por último, los participantes hicieron un llamado a fortalecer la seguridad jurídica en la propiedad y a mejorar la agilidad administrativa. La falta de suelo adecuadamente gestionado y la complejidad de los trámites legales fueron identificadas como grandes barreras para el desarrollo inmobiliario.
Con un panorama que demanda tanto claridad como innovación, las voces del sector instan a una colaboración más estrecha entre el sector público y privado.
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