La Comunidad de Madrid ya tiene sobre la mesa numerosas ofertas por los nuevos lotes del Plan Vive para desarrollar más vivienda de alquiler asequible.
Según ha confirmado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tiene sobre la mesa hasta 63 propuestas por parte de nueve empresas para construir 3.404 nuevos pisos en régimen de alquiler, dirigidos especialmente para jóvenes.
La licitación contemplaba un total de 14 lotes que incluyen proyectos residenciales asequibles en diferentes municipios de la región, con la capital a la cabeza (806 viviendas), seguida de Alcobendas (750), Tres Cantos (280), Móstoles (307), Arroyomolinos (365), Colmenar Viejo (332), Valdemoro (150), Loeches (295), Torrejón de la Calzada (81) y Torrejón de Velasco (38).
Esta actuación se enmarca dentro del Plan Vive, la iniciativa autonómica que busca promover 14.000 viviendas en más de una veintena de municipios madrileños a través de la colaboración público-privada, y forma parte del denominado Plan Solución Joven.
Según el Ejecutivo regional, hasta la fecha se han construido y entregado cerca de 5.000 viviendas de alquiler asequible del Plan Vive y los proyectos han generado una inversión superior a los 1.000 millones de euros. Mientras, el Plan Solución Joven contempla la puesta en marcha de 5.500 nuevos inmuebles con el objetivo defacilitar el acceso a la vivienda para la población joven.
Nuevas medidas en vivienda
Durante el debate sobre el estado de la región, celebrado la semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzó que su equipo de Gobierno pondrá en marcha más medidas en materia de vivienda.
En concreto, ha esbozado un plan de choque con 15 novedades que prevén aumentar la oferta de inmuebles públicos, agilizar la tramitación del suelo y reducir las cargas burocráticas y administrativas que abundan en el sector.
La presidenta presentará esta batería de medidas en la Asamblea madrileña, con el objetivo de que entren en vigor a finales de 2026 o principios de 2027, tras ser sometida a una previa consulta pública. Entre las medidas más destacadas se encuentran aprobar una nueva Ley del Suelo para poner en carga más terrenos públicos donde levantar viviendas protegidas, aumentar la edificabilidad de aquellas parcelas destinadas a la construcción de VPO, reducir los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) a seis años para la aprobación y tres años para el desarrollo (actualmente se sitúan entre 10 y 12 años para la aprobación y seis y siete años para el desarrollo) y ampliar el límite de edad de los potenciales beneficiarios del programa Mi Primera Vivienda, pasando de 40 a 50 años, permitiendo así que más personas puedan acceder a avales públicos para obtener una hipoteca de hasta el 100% del valor del inmueble.
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