Un nuevo ‘catastrazo’ subirá el IBI en Valencia, Alicante, Granada o Córdoba

El Gobierno ha aprobado una nueva actualización de los coeficientes de los valores catastrales en 2.452 municipios, entre ellos algunas capitales de provincia como Valencia, Alicante, Granada, Córdoba, Ávila o Tarragona. Casi una cuarta parte de estas localidades sufrirá un incremento del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a partir del 1 de enero de 2017.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado 3 de diciembre publicó los 2.452 municipios de toda España que van actualizar los coeficientes de los valores catastrales de sus inmuebles. Un coeficiente que afecta directamente a impuestos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, o más conocido como la plusvalía municipal. 

La revisión de este coeficiente de valores no supone que los impuestos vayan a subir automáticamente.  La subida o bajada dependerá del año en el que el municipio aprobó su revisión total del Catastro. Si la localidad no ha actualizado todos los valores catastrales entre 1984 y 2003, lo más seguro es que el coeficiente se ajuste al alza. Para los municipios que ya lo revisaron después de 2004, la aplicación de la actualización de estos valores se ajustará a la baja. 

Por ello, a partir del 1 de enero de 2017, casi 1.900 municipios verán como subirá el valor catastral de los inmuebles, mientras que bajará en otros 550, aproximadamente. Entre las localidades done se producirá un incremento de tributos se encuentran Valencia, Granada, Córdoba, Cádiz, Badajoz, Alicante, Tarragona, Jaén o Alicante. Mientras, en Santander, Almería, LLeida o Ávila, el coeficiente bajará.

Este valor que afecta directamente al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) podría suponer un nuevo incentivo para los ingresos de las arcas públicas. La recaudación de este impuesto ha crecido hasta un 76% desde 2007, pese a que el valor de mercado de los inmuebles se ha desplomado con la crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, antes de la crisis los ayuntamientos recaudaron en torno a 7.267 millones de euros. En 2015, la cifra ascendió a los 12.807 millones de euros.