Barcelona crea un operador público-privado para incrementar el alquiler asequible en el área metropolitana

El Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han creado 'Habitatge Metròpolis Barcelona', un operador público-privado con el que poder ampliar el parque público de alquiler asequible. El objetivo es alcanzar 1.500 viviendas hasta 2024 en el área metropolitana de la ciudad (32 municipios) y ofrecer entre los 400 y los 600 euros de cuota mensual.

Pero antes de todo eso, el Consistorio adquirirá acciones de la asociación de la AMB con la que participar en un 50%. En el Plenario del Consejo municipal de la semana pasada se aprobó la compra de acciones y, ahora, el siguiente paso para acabar de constituir 'Habitatge Metròpolis Barcelona' es la incorporación de un socio privado que aportará el 50% del capital. En ese momento, el Ayuntamiento y la AMB pasarán a ser el otro 50%, es decir, el 25% de participación cada una.

Para hacer posible que sea privado-público, buscarán colaboradores del ámbito privado que estén dispuestos a invertir en este proyecto con un ánimo de lucro limitado a largo plazo. La previsión es que el privado acepte contar con un beneficio limitado al 4%, a cambio de que las administraciones públicas le garanticen ese beneficio. 

Este compromiso de crear el operador público-privado tuvo sus frenos. Cuando se anunció su creación en septiembre de 2017,  no previeron que el Ayuntamiento no puede participar de manera inmediata en la constitución del nuevo operador. 

En diciembre del año pasado, tres meses después del anuncio, surgió la primera traba a razón de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administracuón Local (LRSAL). La empresa nueva, 'Habitatge Metròpolis Barcelona', solo podía funcionar si el 50% del capital es público y el otro 50% de un operador privado. 

Respecto al operador privado, este año escogerán por concurso entre cinco miembros qu han dado con una empresa dispuesta a un modelo "no especulativo", como lo tildan desde el equipo municipal. 

Modelo inédito en España emulando otras ciudades europeas

Según fuentes del Concistorio, este operador es un modelo que ya funciona en otras ciudades de la Unión Europea, donde se calcula que 27 millones de personas residen en viviendas de este tipo. 

Uno de los requisitos para ocupar este tipo de viviendas será el de no estar en una situación de vulnerabilidad económica, es decir, familias y individuos capaces de afrontar cantidades entre 400 y los 600 euros mensuales, aunque en un inicio el gerente de Vivienda del Consistorio, Javier Burón, habló de una horquilla de precios que oscilaba entre los 500 y los 800. Se trata de un segmento de mercado que el alquiler social deja vacío: gente con dificultades para pagar lo que pide el mercado pero que puede afrontar cantidades por encima de los 200 euros del alquiler social.