Ilegal, disparatado y con efectos adversos: los profesionales hablan del límite al alquiler de Cataluña

El sector inmobiliario catalán hace frente a un nuevo cambio de reglas impuesto por la administración. A mediados de esta semana el Parlament catalán dio luz verde a esta polémica ley para limitar el aumento de los alquileres en Cataluña y habilitar un control de precios. Los principales actores del negocio del real estate en España están en contra, tildando este movimiento de ilegal, una medida “disparatada” y que, de salir adelante esquivando la negativa del Tribunal Constitucional, tendrá efectos adversos para inquilinos y propietarios.

Según Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers International, “las medidas aprobadas para limitar las rentas de alquiler no pueden ser calificadas sino de disparate que, en caso de llegar a aplicarse, supondría la destrucción de un mercado imprescindible para el funcionamiento de la economía y la vertebración de la sociedad”.

“Las administraciones deberían ser más cautelosas a la hora de legislar medidas populistas que aterran a los inversores. Afortunadamente estamos convencidos de que el tribunal constitucional anulará estas disposiciones, que ya resultan cansinas y agotadoras para un mercado que trata de adaptarse a circunstancias extremadamente difíciles. Estas medidas, aunque se anulen, promueven la huida del capital y atentan contra la seguridad jurídica”, añade.

Otras de las organizaciones que han sido muy críticas con esta ley han sido la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) y la Agencia Negociadora del Alquiler. Para la directora general de Asval, Beatriz Toribio, es una pena que el Parlament apruebe la ley catalana que limita el precio de los alquileres, ya que la considera “una medida populista que conllevará una gran litigiosidad y efectos adversos”.  Toribio ha declarado que la administración pública debería “concentrarse en proporcionar “soluciones habitacionales y un sistema de ayudas a las personas vulnerables”. “Las familias más vulnerables necesitan ayudas de la administración y los propietarios necesitan un marco estable y seguro”, añade.

Según Toribio, entre los efectos negativos que augura con esta norma están un aumento de la economía sumergida, menos oferta y más desinversión (en favor de otros municipios no afectados con una ley como ésta). “Lo que hace falta es seguridad jurídica en vez de control de precios”, y ha criticado que algunos sectores “han manipulado” al explicar la aplicación de medidas semejantes en otras ciudades europeas.

Para Jose Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, la proposición de Ley aprobada ayer en el Parlament “es ilegal y perjudicará gravemente el mercado de alquiler en Catalunya -explica- es contraria a una Ley de rango mayor, como es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que parte de un principio general de libertad en la fijación de rentas y que impide a las Comunidades Autónomas fijar precios de referencia, con carácter vinculante”.

“La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler -afirma Zurdo- solo admite que las CCAA, en sus respectivos ámbitos: «podrán definir de manera específica y adaptada a su territorio su propio índice de referencia, para el ejercicio de sus competencias y a los efectos de diseñar sus propias políticas y programas públicos de vivienda»; pero este índice de referencia debería ser orientativo y nunca vinculante como lo aprobado en Cataluña. Porque si fuera así, iría en contra de lo regulado en el Art. 17.1 de la LAU, que regula la libertad de las partes para fijar las rentas”.

Zurdo advierte además de la posible inconstitucionalidad de esta medida: “si desde el Govern de la Generalitat ponen en marcha una limitación de las rentas de alquiler, en un mercado libre, chocaría con lo dispuesto en el artículo 149.1.8 de la Constitución Española, en la atribución que hace al Estado de la competencia sobre las bases de las obligaciones contractuales”. “Y también, advierte Zurdo, colisionaría con el Art.33 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la propiedad privada”.

En cuanto al futuro del mercado si esta ley prospera, Zurdo asegura que "intervenir los precios en las zonas tensionadas no va a aumentar la oferta de viviendas en esas zonas, sino que va a castigar a los propietarios que necesitan esas rentas, por ejemplo para pagar su hipoteca o para hacer frente al pago de una residencia". “Es más, esta medida hará desaparecer muchas viviendas que hoy están destinadas al alquiler y que al ser intervenidas sus rentas a la baja, el propietario no le compense seguir alquilándolas, y opte por cerrarlas o venderlas”.

Las Apis catalanas, también en contra

El Consejo Catalán de Colegios de API de Cataluña también ha lamentado que una normativa de esta trascendencia en materia de vivienda, que afecta a miles de hogares y familias de Cataluña, tanto a inquilinos como propietarios, no se haya trabajado y consensuado con todas las partes.

En este sentido, Joan Company, presidente del colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Girona y presidente del Consejo de Colegios de API en Cataluña, ha asegurado que esta medida aprobada por el Parlamento catalán “empeorará el acceso al mercado del alquiler de la vivienda provocando el efecto contrario al deseado ya que conllevará una disminución de la oferta de pisos de alquiler, más inseguridad jurídica por el propietario y un inevitable deterioro del parque privado de viviendas “.

“Nosotros siempre hemos defendido la necesidad de una intervención pública que permita y facilite el derecho al acceso de una vivienda digna para toda la población, especialmente la más vulnerable, pero esta problemática se debe enfocar de fondo en su integridad, con conocimiento de cuál es la realidad del parque de viviendas de alquiler y con medidas que den estabilidad al inquilino y seguridad al propietario”, reclamó el presidente del Consejo Catalán.

“Consideramos que un tema tan esencial como el de la vivienda no se debería tratar con criterios políticos y electoralistas y exigimos que el gobierno active políticas de vivienda que afronten la problemática de fondo y que se adopten medidas para incentivar la construcción de un parque de vivienda social suficiente sin penalizar a los propietarios“, reclama.