Economistas, ingenieros y promotores insisten en que el gran lastre es la falta de oferta de viviendas y alertan de que a corto plazo no va a haber producto
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Mesa redonda San Sebastián
De dcha a izda. Ramón Múgica (notario de Bilbao), Roberto Blanco (Banco de España), Fernando Cos-Gayón (UPV), Juan Antonio Gómez-Pintado (APCE) y Mario José Yoldi (Gobierno vasco) Flickr

Los expertos colocan a la falta de oferta como el epicentro de la actual crisis de acceso a la vivienda en España y piden que todas las medidas para solucionarla deben ir encaminadas a aumentar el stock, y no a impulsar una demanda ya de por sí elevada. 

Este es el mensaje que han defendido economistas, académicos y promotores durante unas jornadas organizadas por la Fundación Notariado en San Sebastián, donde han alertado de que a corto plazo no va a haber producto, lo que anticipa más tensiones de precios. 

Roberto Blanco Escolar, director del departamento de análisis macrofinanciero y política monetaria del Banco de España, ha asegurado que "tenemos un problema muy grave de acceso a la vivienda y un problema de oferta" para atender la elevada demanda actual. Según Blanco Escolar, este escenario está provocando una tensión de precios en algunas zonas concretas de España (las más turísticas y con mayor actividad económica), que está afectando especialmente a la población con menos renta, a los jóvenes y a los inmigrantes. 

Según Blanco Escolar, "donde debe estar el foco es en la oferta de alquiler, sobre todo social, porque en España el alquiler social supone aproximadamente un 1% del parque, mientras que la media de la UE está en un 9%". 

El directivo del supervisor financiero cree que medidas como los avales ICO a jóvenes y familias con menores para la compra de una vivienda no son efectivas si la oferta se mantiene rígida, porque lo que hace es impulsar todavía más la demanda y el desequilibrio del mercado. "El estímulo de la demanda no va a solucionar el problema de la vivienda", insiste Blanco Escolar. 

Lo mismo opina Fernando Cos-Gayón, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y director del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), quien ha resaltado que "Hay que tener cuidado con este tipo de ayudas si no van acompañadas de un aumento de la oferta. ¿Son necesarios los créditos ICO? Sí, pero solo si hay más oferta. Si no hay más producto y hay más demanda, el problema se agrava". 

Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), es otra de las voces que ha puesto el foco en aumentar la oferta de viviendas como vía para que bajen los precios. "El precio no baja artificialmente, sino con más viviendas. Es de primero de economía", ha destacado. 

José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra y profesor investigador de la Barcelona Graduate School of Economics y del IVIE, también se ha mostrado a favor de centrar la atención en aumentar la oferta de viviendas, sobre todo de alquiler. "No me preocupa la propiedad, sino el alquiler. Necesitamos un mercado del alquiler que no tenemos. Aunque en los últimos años está bajando la proporción de propiedad y está subiendo el porcentaje de familias que vive de alquiler, todavía estamos a medio camino del proceso para acercarnos a los niveles europeos", ha recalcado.

Los problemas de la oferta

Durante las jornadas, los expertos también han resumido por qué el mercado está sufiendo una restricción de la oferta. 

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), ha hecho hincapié en el problema de la materia prima. "No hemos generado suelo y si no tenemos suelo finalista, no estamos en disposición de desarrollar. Esto es algo que sucede en País Vasco, Valencia, Madrid..."

También ha alertado de la inseguridad jurídica que existe en materia de urbanismo y en la necesidad de que se apruebe cuanto antes la reforma de la Ley del Suelo, después de que el Gobierno la retirara del Congreso ante la falta de apoyo. La falta de mano de obra, la necesidad de acortar los plazos burocráticos para obtener licencias y de impulsar la industrialización, así como la colaboración público-privada y la necesidad de que las políticas en viviendas sean a largo plazo, con acuerdos de Estado.

En el caso del alquiler, el principal escollo que ponen sobre la mesa los expertos es la inseguridad jurídica que ha generado la entrada en vigor la Ley de Vivienda, y medidas como la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables o la posibilidad de topar las rentas en las zonas tensionadas.

"Una intervención de los precios puntual puede tener efecto, pero no a largo plazo. Hay una fuga del alquiler de largo plazo al de corta estancia que está reduciendo la oferta. Esta no es la solución", ha detallado el presidente de la asociación de promotores.

En esa línea, el director del Observatorio de la Vivienda en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha insistido en que "la Ley de Vivienda es un auténtico desastre para el alquiler", y ha resaltado la necesidad de incentivar que promotores e inversores saquen al mercado más viviendas destinadas al arrendamiento. Por ejemplo, a través del impulso a la industrialización, de subvenciones y de una actualización de los precios de los módulos de la vivienda protegida, con el fin de garantizar la rentabilidad de nuevos desarrollos. No obstante, ha advertido de que "no va a haber producto" a corto plazo. 

El experto del Banco de España también ha afirmado que "el problema es que en España el mercado del alquiler no funciona y hay que corregirlo". 

Entre la batería de soluciones que han puesto sobre la mesa destacan estudiar la eliminación del IVA para los jóvenes que compren una vivienda protegida, la necesidad de mejorar la financiación en las nuevas promociones de viviendas industrializadas, fomentar la formación dual para que el sector cuente con más mano de obra y que haya más coordinación entre los tres niveles de la Administración (Estado, CCAA y ayuntamientos). También han insistido en que el sector público tenga más en cuenta las necesidades del privado en el marco colaborador, que se reduzcan los plazos de las licencias y se refuerce la seguridad jurídica con unas políticas a largo plazo. 

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