El 'impuesto oculto' en España que cuesta más de 4.000 euros anuales a cada familia

Hay un 'impuesto oculto' en España que golpea tanto al conjunto de la economía como a los ciudadanos de a pie. No es un tributo directo como el IRPF ni indirecto como el IVA, pero lo sufrimos en silencio y a diario: se trata de la sobreregulación.

Según afirma el Instituto Juan de Mariana en un informe, titulado La Curva de Laffer Regulatoria, "de la misma forma que unos impuestos excesivamente altos minan el potencial recaudatorio al destruir actividad económica, el exceso de regulación tiene consecuencias negativas que golpean de forma directa el crecimiento y minan el bienestar de los ciudadanos". Y añade que "las trabas normativas y la burocracia conducen a trámites redundantes, solapamientos normativos, demoras administrativas y un sinfín de circunstancias que desincentivan el emprendimiento, la innovación y la generación de riqueza".

En términos agregados, el efecto de la "mala regulación" ronda los 70.000 millones de euros anuales, con un equivalente a 1.470 euros por ciudadano o, lo que es lo mismo, a unos 4.400 euros por hogar. "Hablamos de recursos que se detraen de la inversión productiva y del consumo de los hogares, pero que no aparecen explícitamente reflejados en ninguna contabilidad pública, puesto que no generan ingresos al fisco, sino que inducen cambios de comportamiento de los agentes privados. El sobrecoste se materializa en trámites redundantes, solapamientos normativos y demoras administrativas que encarecen la operativa empresarial y desincentivan la innovación, lastrando la competitividad exterior y la creación de valor añadido", recalca el documento.

Y hay muchos ejemplos que afectan a la vida cotidiana, como:

• "La complejidad normativa y la lentitud administrativa hacen que el desarrollo de nueva vivienda en España tarde entre 10 y 14 años, lo que ha generado un déficit acumulado de 423.000 viviendas. A esto se suman cargas fiscales elevadas y regulaciones sobre el alquiler que estrangulan la oferta y encarecen el acceso a la vivienda".
• "España aplica hasta 390 normas distintas sobre horarios comerciales, situándose como el tercer país de la UE con más barreras al comercio minorista. El propio sector del 'retail' y la distribución estima que reducir estas barreras en un 10% generaría un impacto económico positivo de 9.550 millones de euros".
• "En los últimos años, las Administraciones Públicas han aprobado un sinfín de trabas que dificultan el desarrollo de nuevos modelos de economía colaborativa y plataformas digitales de servicios, pese a que estas iniciativas generan más competencia, impulsan la innovación y amplían la oferta de productos y servicios, facilitando la vida cotidiana de millones de personas. Este intervencionismo se ha traducido en restricciones a los vehículos VTC, cuyas licencias se han limitado artificialmente, o en la proliferación de normas que impiden el uso libre de viviendas como alojamientos turísticos. En este contexto, destaca también el caso del sector del reparto a domicilio, donde la llamada Ley Rider ha resultado contraproducente, con caída de empleo, salarios y horas trabajadas".
• "La nueva Ley del Medicamento ha recibido cerca de 400 alegaciones por su opacidad en precios y falta de competencia. Además, España tarda más de 500 días en registrar nuevos fármacos, lo que la sitúa como uno de los países más lentos de la UE".
• "España ha aprobado seis veces más normas medioambientales que Francia, sin obtener mejores resultados: está por detrás en el índice de desempeño ambiental de Yale y emite más CO2 por habitante y por unidad de PIB".

El 'think tank' recuerda que la nota cosechada por España en el Índice de Complejidad Regulatoria ha caído a la mitad entre 2015 y 2022, un desplome que pone de manifiesto la evolución a peor de nuestro marco normativo". Así, actualmente, de las 63 economías desarrolladas y emergentes que analiza el ranking, el país ha pasado del puesto 50 al antepenúltimo (61), solo por delante de Francia y Bélgica. En la UE, Chipre, Malta, Hungría, Croacia y Portugal ocupan las mejores posiciones. 

La Curva de Laffer Regulatoria 

La tesis que expone el Instituto Juan de Mariana es que la regulación puede impulsar o frenar la economía. 

Así, sostiene que "la relación entre complejidad regulatoria y PIB describiría una curva con un punto de equilibrio de acervo normativo, a partir del cual un exceso de disposiciones se convierte ya en un obstáculo para el crecimiento económico". 

Instituto Juan de Mariana

Tal fenómeno se asemeja a la famosa Curva de Laffer, "donde un incremento inicial de los impuestos eleva la recaudación hasta que los efectos desincentivadores terminan reduciéndola. De manera análoga, un marco regulatorio equilibrado resulta clave para la seguridad jurídica y la eficiencia del mercado, mientras que una sobrecarga normativa genera barreras que limitan la inversión y la competitividad".

Y es aquí donde entra de lleno su crítica a la Administración. Tal y como sostiene el documnto, "la intervención del Gobierno a través de la regulación puede generar efectos adversos sobre la actividad económica al introducir ineficiencias en la asignación de recursos y desincentivar la inversión y la innovación. Cuando el Estado interviene en mercados competitivos con regulaciones excesivas o mal diseñadas, puede distorsionar los incentivos de empresas y consumidores, reduciendo la eficiencia del mercado", al tiempo que "la incertidumbre regulatoria derivada de cambios frecuentes en la normativa puede generar un entorno de inseguridad jurídica que termina por desincentivar la inversión".

Este mensaje del 'think tank' coincide con una reivindicación de la Comisión Europea, que ha recomendado a España reducir su exceso de legislación y mejorar el clima empresarial para fortalecer su competitividad económica. Entre sus sugerencias se encuentra la simplificación de la regulación en función del tamaño de las empresas en ámbitos como el laboral o la fiscalidad, para fomentar la inversión y mejorar la productividad, entre otros objetivos.

Madrid y País Vasco, los ejemplos a seguir

El estudio dedica un apartado a analizar la situación regulatoria a escala regional y sitúa a Madrid y País Vasco como las regiones con un marco regulatorio menos restrictivo, mientras Cataluña tiene mayor carga normativa. "A consecuencia de ello, sale peor parada. El volumen de regulación por cada 1.000 euros de renta per cápita es hasta cuatro veces mayor en Cataluña que en Madrid o el País Vasco", indica. 

Junto con Cataluña, otras comunidades con economías como La Rioja o Extremadura presentan una mayor intensidad regulatoria relativa a su PIB, mientras que Galicia, al igual que Madrid y País Vasco están cerca del equilibrio, el punto más favorable entre regulación y crecimiento económico. 

Como detalle, el estudio cifra en 450 el número de normas medias aprobadas al año en las regiones mejor posicionadas en el ranking, mientras que Cataluña registra un promedio anual de 766 normas aprobadas. "Tal situación sugiere que Cataluña ha sobrepasado el umbral de equilibrio, generando costes adicionales por la fragmentación, la complejidad burocrática y la menor competitividad económica que se derivan de tal paradigma intervencionista", concluye.