“Un crecimiento económico condicionado por un contexto institucional adverso”. Así ha bautizado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) su último informe de coyuntura, en el que revisa a la baja las previsiones económicas de España y repasa las principales debilidades que están lastrando la actividad, como la escasa inversión empresarial, los desequilibrios fiscales y la situación de regulación, control y estabilidad institucional, a la que tilda de preocupante.
Según el 'think tank' de la CEOE, el escenario global ha dado un giro inesperado como consecuencia de la incertidumbre generada por la nueva política arancelaria que estudia aplicar la Administración de Donald Trump en EEUU.
"La economía mundial inició 2025 con una inercia positiva, tras un crecimiento moderado y una desinflación progresiva registrada en el año anterior. Sin embargo, este escenario se ha visto alterado por el giro proteccionista de EEUU tras la reelección del presidente Trump, con el anuncio de la imposición de aranceles generalizados del 10% y recíprocos de hasta el 145% (China). Esta escalada ha generado una espiral arancelaria, afectando a los flujos comerciales globales y elevando la incertidumbre", sostiene el instituto.
Además de la guerra comercial, los otros dos conflictos que van a ser determinantes a escala mundial son los geopolíticos que se están enquistando en Ucrania y Oriente Medio, por su potencial impacto en el comportamiento de los precios de las materias primas, a lo que se añaden unas condiciones financieras más restrictivas, una menor confianza empresarial y a una menor moderación de la inflación que la registrada en los últimos meses. Y este escenario convulso "ha hecho que se revisen a la baja las previsiones del crecimiento mundial por parte de los principales organismos internacionales", afectando también a España, que se encamina hacia una desaceleración económica.
Como avanza el 'think tank' de la patronal, "la economía española ha mantenido en los últimos años una trayectoria de crecimiento destacada en el contexto europeo, consolidándose como una de las economías más dinámicas de la eurozona, gracias al dinamismo del consumo privado, al empuje del sector exterior, especialmente el turismo, al soporte de las políticas europeas, incluidos los fondos europeos, y a la política fiscal expansiva. Sin embargo, el año 2025 marca un punto de inflexión en esta trayectoria, caracterizado por una progresiva ralentización de los ritmos de crecimiento y el incremento de riesgos globales que amenazan con alterar el equilibrio alcanzado".
Sus previsiones apuntan a un crecimiento del PIB nacional del 2,3% en 2025, dos décimas por debajo de lo que estimaba hasta ahora, mientras que el ritmo se reducirá hasta el 1,8% en 2026. Durante este bienio, además, vaticina un cambio en la composición del crecimiento, que estará marcado por una pérdida de dinamismo del sector exterior, la debilidad de la inversión empresarial y un consumo privado que se afianzará como pilar fundamental de la actividad.
Por otro lado, pronostica que el mercado laboral seguirá creando empleo a un ritmo del 1,9% en 2025 y del 1,5% en 2026, en línea con la senda de desaceleración de la actividad; lo que permitirá reducir la tasa de paro hasta hasta el 10,7% en el presente año y el 10,3% en 2026, desde el 11,3% registrado en 2024. Para la inflación, el escenario que maneja es una tasa 2,5% en media anual y las del 2,3% para la inflación subyacente en 2025.
Ambas variables, no obstante, están sujetas a riesgos a la baja, como la posibilidad de que el Gobierno apruebe la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, que frenaría las mejoras en el mercado de trabajo; o cómo se comporten los precios de algunas materias primas con la nueva política arancelaria global y los conflictos armados, como el petróleo. Otro riesgo son los problemas de vacantes en algunos sectores, la presión de la demanda y el aumento de los costes laborale vinculados a las subidas de las cotizaciones sociales, que podrían inducir que la inflación se mantenga en unas tasas más elevadas, según el instituto económico.
El problema de la inversión y el desequilibrio fiscal
El IEE confiesa que no le preocupan variables como el consumo de los hogares españoles, que mantiene una tendencia al alza "gracias al aumento del empleo, de la renta disponible y a la moderación de la inflación y de los tipos de interés"; o el consumo público, al que sitúa como "el componente que registra un mayor avance desde antes de la pandemia, superando en casi un 20% sus niveles de finales de 2019 y continúa registrando crecimientos significativamente superiores al PIB".
Sin embargo, sí pone el foco en la inversión, que en su opinión es "el gran talón de Aquiles del crecimiento de España" y no da visos de mejorar a corto plazo ante un escenario internacional convulso.
"La formación bruta de capital registra un avance muy limitado, situándose apenas un 4,8% por encima de los niveles de finales de 2019. A pesar de un contexto favorable en tipos de interés y acceso al crédito, las empresas muestran escasa propensión a invertir, especialmente en sectores tradicionales. Esta debilidad estructural responde a una combinación de incertidumbre política, baja rentabilidad esperada, problemas de competitividad frente a China y reorganización industrial. La utilización de la capacidad instalada ha disminuido y la falta de opciones claras de inversión en un contexto tan incierto frena las decisiones de inversión a medio plazo", lamenta el estudio.
Junto a la inversión, el otro gran riesgo económico patrio es el desequilibrio fiscal, "al tener una elevada deuda pública; un mayor gasto corriente, sobre todo, en pensiones, que alcanza ya el 12,4% del PIB, por encima de la media de la Eurozona; y un déficit estructural que supera el 3% del PIB". Por lo tanto, añade el documento, "el margen de maniobra es escaso, sobre todo, si se diese una desaceleración de la actividad pronunciada o turbulencias en los mercados financieros internacionales".
Regulación, control y estabilidad institucional
Para el instituto de estudios, uno de los puntos que está lastrando la inversión y el potencial crecimiento del PIB es el empeoramiento de los niveles de calidad de la regulación, el control y la estabilidad institucional; tres pilares fundamentales para el buen desempeño de la economía de mercado y donde nuestro país sale peor parado que la media europea en el ranking.
Así, España ocupa el puesto 12 de 34 en el Índice de Deficiencia Regulatoria, con un nivel de deficiencia un 33% superior al promedio de la Unión Europea, situándose en una posición desfavorable en comparación con países de referencia como Francia, Alemania y el Reino Unido. Asimismo, supera la media de la OCDE en términos de deficiencia regulatoria, "lo que evidencia un rezago significativo en la calidad del entorno normativo", comenta el IEE.
Mientras, en el Índice de Deficiencia de Control Institucional, se sitúa en la posición 16 de 35, superando en un 5% la media de la Unión Europea y también por encima del promedio de la OCDE, "lo que refleja una mayor debilidad de nuestras instituciones para supervisar y controlar el ejercicio de los poderes públicos", señala el estudio. Y añade que "la capacidad de las instituciones para reducir la incertidumbre y, por tanto, generar estabilidad es esencial para generar confianza entre los agentes económicos. Esto es de especial relevancia en el ámbito de la actividad empresarial. Cuando se reduce el riesgo institucional se mejoran las condiciones para que las empresas puedan concentrar sus esfuerzos en la mejora de su competitividad".
Por último, en el Índice de Inestabilidad Institucional, España alcanza la posición 9 de 35, con un nivel de inestabilidad del orden del 41% superior al promedio de la Unión Europea y un 15% por encima de la media de la OCDE.
Estos resultados, que han empeorado en los últimos años y han ampliado la brecha entre la economía doméstica y la media europea, "reflejan una situación estructural adversa y preocupante en términos de regulación, control y estabilidad institucional, para generar un entorno estable y predecible, lo que afecta negativamente a la inversión y, por tanto, al crecimiento económico en el largo plazo".
Desde el IEE proponen una serie de políticas públicas orientadas a restituir y fortalecer la calidad institucional y regulatoria, como fortalecer la gobernanza vía transparencia, simplificación normativa y eficiencia del gasto, acelerar la innovación, movilizar recursos para fomentar la inversión empresarial, reducir la brecha de capacidades para adaptar el talento a los desafíos del futuro, reforzar la competencia y reforzar la dimensión exterior con autonomía estratégica y mayor apertura global.
De esa forma, añade, se podrían "sentar las bases de un entorno en donde la actividad empresarial pueda desplegar todo su potencial, se mejoren las dotaciones de capital humano, físico y tecnológico, y se alcancen tasas sostenidas de crecimiento de la actividad y del empleo en el medio y largo plazo".
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