Certificado energético de la vivienda: del desconocimiento ciudadano a la obligatoriedad legal

Artículo escrito por Laura Visier, directora de Rehabilitación en Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI)

Hace un mes entró en vigor una nueva normativa que obliga a disponer del Certificado de Eficiencia Energética (CEE) no sólo para la compraventa de una vivienda, sino también para el proceso previo de tasación hipotecaria. Así, este documento pasa a ser obligatorio para cualquier operación vinculada a la refinanciación o compraventa de un inmueble. 

Esta actualización normativa vuelve a poner el CEE en el punto de mira de la regulación inmobiliaria, sumándose a los requisitos establecidos por la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) para los próximos años. 

El horizonte es muy exigente: hay que alcanzar la neutralidad climática en 2050, lo que implica que el parque residencial deberá transformarse en edificios de emisiones cero en apenas 25 años. Se trata, sin duda, de uno de los mayores desafíos de adaptación regulatoria, económica y técnica a los que se ha enfrentado el sector de la vivienda en nuestro país.

Sin embargo, la magnitud del reto contrasta con la preparación actual de los propietarios. Según el III Observatorio de Vivienda y Sostenibilidad realizado por Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), el 63% de los propietarios desconoce la calificación energética de su vivienda. 

El desconocimiento es especialmente acusado entre las personas mayores de 65 años (68,3%) y los hogares con rentas inferiores a 20.000 euros (66%). Esta falta de información constituye una barrera significativa: sin conocimiento del punto de partida, resulta imposible planificar las actuaciones necesarias para cumplir con las obligaciones normativas y aprovechar las oportunidades que ofrece la rehabilitación energética.

A esta brecha informativa se suma la realidad del parque residencial español: el 80% de los inmuebles sigue siendo ineficiente, con calificaciones E, F o G. Esta situación provoca que un número creciente de viviendas quedará progresivamente excluido del mercado de compraventa o alquiler a menos que acometa mejoras de eficiencia en los próximos años. 

Al mismo tiempo, se abre una ventana de oportunidad. Tres de cada cuatro propietarios manifiestan estar dispuestos a pagar más por una vivienda eficiente, lo que anticipa un cambio de paradigma en la percepción del valor inmobiliario. La eficiencia deja de ser un atributo secundario para consolidarse como un factor determinante en el precio, la demanda y la competitividad del mercado.

El reto que se presenta es, por tanto, doble: acelerar la adaptación normativa y reducir la brecha de información. La presión regulatoria europea obliga a replantear de manera urgente la política de vivienda y rehabilitación en España. Administraciones Públicas, la industria, sector financiero y ciudadanía deben articular una respuesta conjunta promoviendo que los vecinos puedan tomar decisiones informadas que permitan actuaciones que no se limiten únicamente a cumplir con la ley, sino que conviertan la transición energética en una oportunidad para modernizar el parque inmobiliario, reducir costes estructurales y mejorar la calidad de vida de los hogares.

Estas nuevas normas convierten al Certificado de Eficiencia Energética en un elemento estructural para la valoración hipotecaria y, en apenas cinco años, en un pasaporte indispensable para que cualquier vivienda se mantenga en el mercado inmobiliario.