La alcaldesa del municipio madrileño de Torrelodones, Almudena Negro, ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas económicas destinada a los vecinos afectados por la ocupación ilegal de sus viviendas, las cuales otorgarán 300 euros anuales durante un plazo máximo de tres años, lo que supone un total de 900 euros por propietario afectado.
La regidora, que ha estado acompañada por la concejal de Hacienda del municipio, Concha Pastor, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, uno de los más críticos con el problema de la ocupación ilegal; ha declarado que se trata de una “iniciativa pionera”, con la que quieren “ayudar a afrontar los gastos que este problema acarrea, desde gastos de abogados y asesoramiento hasta impuestos y suministros”.
Las ayudas serán gestionadas a través del área de Servicios Sociales, que analizará de “forma individual” a cada demandante. Además, Negro ha asegurado que son “complementarias” a las que ofrecen el resto de las administraciones públicas, por lo que no se solaparán unas con otras.
Los destinatarios de estas ayudas serán las personas físicas que sean propietarias de una vivienda localizada en Torrelodones y que sufran situaciones de impago del alquiler por parte del inquilino. Además, los solicitantes deberán acreditar que han iniciado los trámites judiciales para la recuperación de la vivienda, concretamente mediante la presentación de una demanda de desahucio en el registro de entrada del juzgado correspondiente.
No existe un plazo cerrado para la solicitud, de modo que los propietarios podrán presentar su solicitud en el momento en que se produzca la usurpación. Entre los requisitos, el solicitante debe estar empadronado en Torrelodones y tener su residencia habitual y efectiva en el municipio, e igualmente la vivienda afectada debe estar ubicada en el término municipal.
En respuesta a posibles situaciones de fraude, la alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento “ya ha tomado medidas para evitar empadronamientos fraudulentos”.
“La okupación es una forma de vida”
Por su parte, el alcalde de Badalona ha explicado que el problema de la okupación “afecta ya a casi todos los municipios de España”. En cuanto a estas ayudas ha argumentado que, “aparte de novedosas, son prácticas porque van dirigidas a particulares que tienen un piso en alquiler bien para completar su pensión o su salario. La inmensa mayoría de personas que okupan o inquiokupan viviendas no es porque no puedan pagar, sino porque lo han convertido en su forma de vida”.
En esta línea, García Albiol ha manifestado que un “alto dirigente del partido socialista” le ha asegurado que “no van a modificar ningún tipo de ley para poder acelerar las desokupaciones”, por culpa de “los socios de Gobierno”.
Refuerzo de la seguridad
Más allá de la asistencia económica, el Ayuntamiento también ha puesto el acento en la prevención y la reacción ante los casos de ocupación. Almudena Negro ha asegurado que se ha intensificado la colaboración entre la Policía Local y la Guardia Civil para atender con la máxima inmediatez posibles incidentes relacionados con la ocupación ilegal.
En esta línea, la alcaldesa ha anunciado la inminente incorporación de 20 nuevos guardias civiles al cuartel del municipio, con el objetivo de reforzar la seguridad local y dar una respuesta más eficaz a estos casos de usurpación.
De manera complementaria, la Comunidad de Madrid dispone del servicio telefónico ‘112 ocupación’ pensado para atender en tiempo real las alertas por okupación, una herramienta que presta asistencia y asesoramiento tanto a particulares como a empresarios afectados por esta problemática.
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