Podemos y Sumar presionan al PSOE para prorrogar la suspensión de desahucios y hacerla permanente

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, han presionado al PSOE para prorrogar la suspensión de los desahucios, que caducan el próximo 31 de diciembre.

Belarra ha señalado que le parece "gravísimo" que el Gobierno siga sin anunciar dicha prórroga, mientras que Martínez ha insistido en que se apruebe "de manera urgente". 

El Ejecutivo está estudiando la ampliación del plazo de la moratoria antidesahucios y de otras medidas incluidas en el bautizado 'escudo social', como por ejemplo la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables; aunque todavía no se ha producido una confirmación oficial de si habrá o no una prórroga.

Podemos: "Es el mínimo asidero de supervivencia"

En una rueda de prensa en el Congreso, la líder de Podemos ha insistido en pedir la prórroga de esta medida y también de la moratoria de los cortes de suministros básicos, pues considera que estos puntos es "lo poco que queda del escudo social" que se aprobó cuando Unidas Podemos estaba en el Gobierno.

Asimismo, ha alertado que, de no aprobarse la prórroga, en los próximos meses van a acontecer "miles de desahucios" de personas vulnerables que tienen niños, personas mayores y dependientes a su cargo.

"Es gravísimo lo que está haciendo el Gobierno, generando inseguridad y generando aún más vulnerabilidad, más revictimización en estas personas sin decir claramente si va a renovar o no esta suspensión de los desahucios", ha denunciado en la Cámara Baja Belarra.

Para zanjar su intervención, la secretaria general de Podemos ha lanzado una advertencia clara al Ejecutivo: "Espero que ni se les ocurra dejar caer la suspensión de los desahucios, que es el mínimo asidero de supervivencia de miles de personas en este país".

Sumar: "No queremos esperar"

En esta línea, la portavoz de Sumar ha recordado que su espacio político no sólo defiende la prórroga de la moratoria, sino también de ampliarla en el ámbito subjetivo de las personas que pueden verse beneficiadas por ella y hacerlas estructurales.

La portavoz ha defendido estas cuestiones con el objetivo de dar tranquilidad a la gente "cuanto antes". "No queremos esperar y que la gente esté intranquila porque esto al final es otra vez lo mismo de siempre, es el problema de la crisis habitacional", ha argumentado.

Cinco años de prórrogas consecutivas

La suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional fue una medida que nació en plena pandemia sanitaria, con el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo; y que se ha ido prorrogando de forma sistemática, a pesar de que ya no nos encontramos en una situación extraordinaria.

La última prórroga se incluyó en el el Real Decreto 1/2025, de 28 de enero, y
expira el próximo 31 de diciembre, aunque cabe la posibilidad de que el Gobierno vuelva a ampliar su vigencia. 

Actualmente, la suspensión se aplica en los casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la LAU de 1994 y en los casos de hogares que habiten una vivienda sin título que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda esté en manos de un gran tenedor (persona física o jurídica titular de más de 10 viviendas). 

Los propietarios de momento tienen la posibilidad de solicitar compensación hasta el 31 de enero de 2026 si la Administración y los servicios públicos no encuentran una alternativa habitacional, para lo que tienen un plazo de tres meses.

El inquilino es quien debe presentar la solicitud de aplazamiento y el juzgado será el encargado de pedir un informe a los servicios sociales municipales para que acrediten su vulnerabilidad, mientras que corresponde a la comunidad autónoma encontrar una alternativa. En caso de que no se consiga una solución, el propietario tiene derecho a recibir una indemnización.

Críticas de propietarios y juristas

El sector inmobiliario ya se está preparando para una prórroga de la moratoria antidesahucios. Según afirmó Laura Fernández, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), durante su intervención en el Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid la semana pasada, "no hay visos de que esta moratoria se vaya a levantar".

La directiva de la asociación aseguró que la mayoría de que los más de 6.000 grandes y pequeños propietarios en España que forman parte de Asval sitúan como principales preocupaciones que el inquilino deje de pagar la renta o que les okupen una vivienda y no la puedan recuperar, y pidió "mejorar la protección de la propiedad privada" para que puedan salir más viviendas al mercado del alquiler. "Sin seguridad jurídica y garantías, no hay incentivos para poner viviendas de alquiler", recalcó. 

José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), también se muestra contrario a la medida y cree que la prórroga “vuelve a incidir en el mismo error que vienen incidiendo todas las medidas intervencionistas que esta tomando este Gobierno. Esta medida solo crea más inseguridad jurídica entre los que tienen la potestad de sacar más viviendas al alquiler, que son los arrendadores, tanto privados como institucionales, y que por tanto son los que tienen la llave para aumentar la oferta de alquileres. Si se les ataca no sacan viviendas al alquiler”. 

Para Zurdo, la moratoria “es un nuevo torpedo a su línea de flotación, siendo lo más probable que, con medidas como esta, cuando recuperen sus viviendas, después de larguísimos y costosos procedimientos, acaben vendiéndolas como ya están haciendo muchos propietarios”.