El Gobierno pacta con Bildu la prórroga de la moratoria antidesahucios en 2026

Ya es oficial: la moratoria antidesahucios se mantendrá vigente en 2026. Así lo ha anunciado este 22 de diciembre EH Bildu, que ha confirmado que ha pactado con el Gobierno la prórroga de la prohibición de desahuciar por impago del alquiler y de cortar los suministros básicos del hogar a las familias vulnerables (luz, agua y gas), así como del bono social eléctrico.

Ambas medidas, incluidas en el escudo social que el Ejecutivo aprobó durante la pandemia sanitaria, caducaban el próximo 31 de diciembre, aunque el mercado daba por hecho que se prolongaría al menos un año más. 

La suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional fue una medida que nació en plena pandemia sanitaria, con el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo; y que se ha ido prorrogando de forma sistemática, a pesar de que ya no nos encontramos en una situación extraordinaria.

La última prórroga se incluyó en el el Real Decreto 1/2025, de 28 de enero, y
expira el próximo 31 de diciembre, aunque cabía la posibilidad de que el Gobierno volviera a ampliar su vigencia, como finalmente ha sucedido. 

Actualmente, la suspensión se aplica en los casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 y en los casos de hogares que habiten una vivienda sin título que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda esté en manos de un gran tenedor (persona física o jurídica titular de más de 10 viviendas). 

Los propietarios tienen la posibilidad de solicitar compensación hasta el 31 de enero de 2026 si la Administración y los servicios públicos no encuentran una alternativa habitacional, para lo que tienen un plazo de tres meses. Con la nueva prórroga, esta posibilidad se extenderá hasta el 1 de enero de 2027, previsiblemente. 

El inquilino es quien debe presentar la solicitud de aplazamiento y el juzgado será el encargado de pedir un informe a los servicios sociales municipales para que acrediten su vulnerabilidad, mientras que corresponde a la comunidad autónoma encontrar una alternativa. En caso de que no se consiga una solución, el propietario tiene derecho a recibir una indemnización.

Según explica el comunicado del partido vasco, "el mantenimiento de estas medidas sociales de calado es fruto del trabajo discreto y constante y la presión de diversos colectivos sociales", y "permitirá seguir aportando una protección aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social por el que atraviesan miles de personas". Ofrecerán, en definitiva, "certeza y tranquilidad a las personas y hogares que sufren dificultades económicas", añaden desde EH Bildu. 

Este acuerdo debe ser rubricado por el Consejo de Ministros y necesitará contar con el respaldo del Congreso de los Diputados. 

Una prórroga descontada y criticada 

El sector inmobiliario ya se estaba preparando para una prórroga de la moratoria antidesahucios. Según afirmó Laura Fernández, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), durante su intervención en el Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid a principios de noviembre, "no hay visos de que esta moratoria se vaya a levantar".

La directiva de la asociación aseguró que la mayoría de que los más de 6.000 grandes y pequeños propietarios en España que forman parte de Asval sitúan como principales preocupaciones que el inquilino deje de pagar la renta o que les okupen una vivienda y no la puedan recuperar, y pidió "mejorar la protección de la propiedad privada" para que puedan salir más viviendas al mercado del alquiler. "Sin seguridad jurídica y garantías, no hay incentivos para poner viviendas de alquiler", recalcó. 

Por otr lado, José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), afirma que la prórroga “vuelve a incidir en el mismo error que vienen incidiendo todas las medidas intervencionistas que esta tomando este Gobierno. Esta medida solo crea más inseguridad jurídica entre los que tienen la potestad de sacar más viviendas al alquiler, que son los arrendadores, tanto privados como institucionales, y que por tanto son los que tienen la llave para aumentar la oferta de alquileres. Si se les ataca no sacan viviendas al alquiler”. 

Para Zurdo, la moratoria “es un nuevo torpedo a su línea de flotación, siendo lo más probable que, con medidas como esta, cuando recuperen sus viviendas, después de larguísimos y costosos procedimientos, acaben vendiéndolas como ya están haciendo muchos propietarios”.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación (PAO) ha manifiestado su oposición a la nueva prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de familias consideradas vulnerables. Y argumenta que, "si bien la protección social es necesaria, la continuidad de este mecanismo está causando un grave perjuicio a los pequeños propietarios y arrendadores de una única vivienda, población que constituye el 93,4% del mercado del alquiler en España".

Según Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma, la medida se ha convertido en un coladero para la ocupación, pero fundamentalmente de la inquiocupación. "Lo que nació como una protección temporal ante una emergencia sanitaria, ahora se perpetúa como un atajo legal para quienes se instalan ilegalmente en una vivienda. Esta situación genera una profunda indefensión en los propietarios legítimos", afirma. 

Para la PAO, el Gobierno deriva la transferencia de sus responsabilidades públicas con las familias vulnerables a los pequeños propietarios con la prórroga de la moratoria antidesahucios. "El Gobierno, en lugar de utilizar mecanismos y recursos propios para ofrecer una alternativa habitacional digna a las familias vulnerables, obliga a los propietarios -muchos de los cuales son familias que dependen de esa renta- a sufragar de facto el recurso habitacional y los gastos de suministros", señala.

Por último, denuncia la extensión excesiva del decreto. "Llevamos seis años, desde marzo de 2020, manteniendo no solo a las familias que realmente lo necesitan, sino también a todos aquellos inquiocupas que han sabido aprovechar los vacíos del decreto para colarse en viviendas ajenas", concluye el portavoz de la asociación. 

También han llegado críticas desde el espectro político. El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado que la prórroga para 2026 del escudo social es "insuficiente" y son necesarias medidas "radicales" como bajar por ley los precios de los alquileres. Según Fernández, hay que reclamar "mucho más" para que haga los alquileres indefinidos, prohíba la compra de vivienda si no es para vivir o baje los precios de alimentos y suministros básicos.

También se ha sumado a esa petición la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, que se ha mostrado a favor de prorrogar en 2026 los contratos de alquiler que van a vencer en 2026, que cifra en más de 600.000.

"Mientras haya voluntad política se puede convocar el Consejo de Ministros en cualquier momento para que esta prórroga sea aprobada", ha apostillado Lara Hernández, que ha instado al Ejecutivo del que Sumar forma parte para que en el último Consejo de Ministros del año, que será este martes, se apruebe esta prórroga.

El PNV, por su parte, ha pedido al Gobierno que los propietarios con una vivienda en alquiler queden exentos de las medidas antidesahucio contempladas en el decreto ley y que, en tal caso, sea el Estado quien asuma su responsabilidad y ofrezca una alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad.

"Lo que pedimos, en definitiva, es un doble escudo social para proteger también a los y las propietarias, que no están siendo tenidas en cuenta a la hora de plantear estas medidas", ha defendido la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. El PNV apunta que esta propuesta responde también a la necesidad de impulsar el mercado del alquiler, que está "muy mermado" con el encarecimiento de precios que eso acarrea.

Según Vaquero, las medidas impulsadas hasta ahora en torno a la vivienda "solo sirven para retraer la oferta del alquiler", puesto que muchos ciudadanos que sacan sus pisos al mercado ven cómo tienen que hacerse cargo de situaciones de vulnerabilidad que les son ajenas.

Ante ese riesgo, el PNV esgrime que estos propietarios deciden no alquilar sus viviendas o dejan de hacerlo a familias que no tienen avales o no garantizan una solvencia económica a largo plazo. "Así, las familias vulnerables se quedan fuera del mercado y es justo lo que intentamos evitar", ha remachado.