El Govern de la Generalitat obligará a informar en los anuncios de alquiler de pisos si el casero es un gran tenedor, según ha avanzado 'El País'. Así consta después de que la consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, haya explicado que se ha enviado al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), órgano consultivo del Govern, la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, más conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos, paso previo a empezar la tramitación de las cuentas catalanas.
Uno de los puntos que se ponen encima de la mesa es una modificación de la ley del Derecho a la Vivienda, de modo que se informe en los anuncios de alquiler de pisos en las zonas declaradas como mercado de la viviena tensionado si el propietario es un gran tenedor (que posee cinco o más fincas), según fuentes del Govern.
El Govern añade que a la hora de arrendar una vivienda, se incluya información sobre la cédula de habitabilidad y el certificado de eficiencia energética.
Esta medida se une a la iniciativa puesta en marcha por el Gobierno catalán del registro de grandes tenedores de vivienda. En este registro deben inscribirse todas las personas físicas o jurídicas que acumulen un mínimo de cinco viviendas en los municipios declarados como zonas tensionadas por la Generalitat. En el resto del territorio, el umbral se eleva a 10 inmuebles.
La inscripción será obligatoria y se podrán aplicar sanciones para quienes no la formalicen. Además, la misma norma regula el funcionamiento de los registros de viviendas vacías y de pisos ocupados.
El pasado mes de noviembre, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, afirmó que el Govern abordará durante el primer trimestre de 2026 con los grupos parlamentarios la "vía más adecuada" para limitar la compra de vivienda con fines especulativos.
Para ello, el Govern ha creado la Comisión de estudio de compra especulativa de vivienda con los Comuns y un grupo de expertos, que analizarán el informe jurídico del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que avala esta limitación y cuyas conclusiones está previsto que se presenten antes de acabar el año.
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