Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Catalunya han respaldado en el Parlament de Catalunya una reforma legislativa que permitiría a las comunidades de propietarios actuar para recuperar la posesión de viviendas okupadas dentro de sus fincas. El posicionamiento del sector inmobiliario se ha producido en el marco de la tramitación de la proposición de ley que modifica el Código Civil de Catalunya y la Ley del derecho a la vivienda.
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La encargada de trasladar la posición del colectivo ha sido Montserrat Junyent, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, quien compareció ante la cámara catalana también en representación del Consejo de Colegios de API de Catalunya.
Durante su intervención, Junyent defendió dos grandes ejes en relación con la reforma normativa: reforzar el papel de las comunidades de propietarios frente a la ocupación ilegal y revisar cómo se interpreta la función social de la propiedad.
En relación con la ocupación, los API valoraron positivamente la modificación que busca reconocer la legitimación de las comunidades de propietarios para instar la recuperación de la posesión de inmuebles ocupados. Según el colectivo, esta medida daría a los vecinos más herramientas jurídicas para actuar en situaciones que afectan directamente a la convivencia y a la seguridad dentro de los edificios.
Desde el sector inmobiliario sostienen que, en muchos casos, la falta de actuación por parte del propietario del inmueble termina trasladando el problema al resto de residentes de la finca, que acaban soportando las consecuencias sin capacidad legal suficiente para intervenir.
Otro de los puntos clave de la comparecencia fue el debate sobre la función social del derecho de propiedad, un concepto central en buena parte de la regulación de vivienda en Catalunya.
Junyent defendió que el incumplimiento de esta función no debería depender de si el titular del inmueble es o no un gran tenedor o de si se trata de una persona jurídica. A su juicio, el análisis debe centrarse en el uso efectivo del inmueble y en si el propietario está cumpliendo con las obligaciones inherentes a la propiedad.
“El incumplimiento de la función social del derecho de propiedad no puede quedar condicionado a que el titular de la vivienda sea una persona jurídica y, además, ostente la condición de gran tenedor”, afirmó Junyent durante su intervención.
En esta línea, añadió que dicha función “ha de valorarse en atención al uso efectivo del inmueble y al cumplimiento de las obligaciones inherentes al derecho de propiedad, con independencia de la naturaleza o dimensión patrimonial de su titular”.
Con esta comparecencia, los API de Catalunya han reclamado un marco legal que, a su juicio, permita equilibrar el derecho a la vivienda con la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada, en pleno debate sobre el futuro de la regulación habitacional en Catalunya.
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