La Generalitat Valenciana prepara un servicio para desalojar las casi 1.900 viviendas públicas okupadas

Según el presidente de la comunidad, Juanfran Pérez Llorca, el 13% del parque residencial protegido está ocupado de forma irregular
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca Generalitat Valenciana

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado un nuevo servicio de intervención para la recuperación de viviendas públicas okupadas en la comunidad.

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Según el president, el 13% del parque residencial público, que está formado por 14.500 inmuebles gestionados por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), se encuentran actualmente ocupados de forma irregular, es decir, 1.885 viviendas.

El elemento central del nuevo servicio es su carácter inmediato. La principal novedad será un servicio de atención de urgencias operativo las 24 horas del día durante todo el año, con un plazo máximo de respuesta de una hora a los avisos por okupación o intrusión.

La empresa adjudicataria también asumirá la representación de la EVHA en los procedimientos administrativos para recuperar inmuebles, coordinará las actuaciones con las fuerzas de seguridad y supervisará la instalación de puertas antiokupación, alarmas y otros sistemas de protección.

Este contrato tendrá una duración inicial de tres años con posibilidad de dos prórrogas anuales, abarcará todo el territorio de la comunidad y cuenta con un valor estimado de 797.000 euros. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 30 de julio.

El Gobierno regional, preocupado por la okupación 

Esta medida se suma a la ya anunciada por la EVHA el pasado mes de enero, en la que adjudicaron un servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público para evitar la ocupación ilegal de estos inmuebles.

El coste de esta adjudicación ascendió a 4,7 millones de euros para 150 viviendas en Alicante, y otras 150 unidades entre Valencia y Castellón.

Las medidas implementadas ponen de manifiesto la preocupación de la Generalitat Valenciana a la ocupación ilegal de sus viviendas, por lo que han decidido aumentar la inversión en estos mecanismos de prevención como la instalación de alarmas y atención urgente.

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