El sector financiero impulsó en las primeras semanas del estado de alarma una iniciativa para conceder moratorias hipotecarias a los clientes más afectados por la crisis del coronavirus, más allá de la aprobada por el Gobierno. El plazo para presentar la solicitud acaba el 29 de junio, y los notarios prevén que se formalicen medio millón de operaciones de este tipo. Para firmarlo ante notario, no será necesario que el cliente acuda físicamente a la notaría, sino que bastará que firme un documento al banco. Los aplazamientos alcanzan un año como máximo.

El Consejo General del Notariado presentó hace dos meses al Ejecutivo una propuesta para que se puedan formalizar testamentos y poderes notariales por videoconferencia y con todas las garantías legales. La idea surge en plena pandemia con el objetivo de evitar los traslados y el posible contagio de personas vulnerables. Su puesta en marcha exige una reforma legal y el Ministerio de Justicia todavía lo está estudiando.

La Ley de Crédito Inmobiliario 5/2019 cumple un año en vigor. La normativa llegó al mercado con la promesa de dar más transparencia y seguridad a la firma de hipotecas para consumidores y bancos. Los expertos aseguran que el proceso ha equilibrado ambas partes, ha impulsado el uso de plataformas digitales y ha supuesto un esfuerzo operativo para los bancos. No obstante, la crisis del coronavirus ha frenado en seco la remontada del mercado y lo ha llenado de incertidumbre.

Diferentes voces del mundo jurídico vaticinan que se producirá un aluvión de problemas procesales por el enfrentamiento entre inquilinos y pequeños propietarios de locales y otros inmuebles ligados a la actividad económica una vez que termine el estado de alarma. Aseguran que la moratoria aprobada por el Gobierno es ineficiente, poco agresiva y que, lejos de solucionar el problema, plantea muchas dudas de interpretación. Por ello, ven en la negociación y los acuerdos privados una solución más rápida que acudir a los tribunales, cuyo previsible colapso retrasará las sentencias varios meses.

El importe medio de los préstamos para la compra de vivienda firmados en el primer trimestre del año ronda los 140.000 euros, una cifra que se acerca a la registrada a principios de 2008. Los expertos sostienen que la remontada del precio de las casas en los últimos años y las operaciones que han cerrado algunas empresas están detrás de estos repuntes. Sin embargo, adelantan un giro de tendencia por el impacto del coronavirus.

La construcción fue uno de los sectores con mejores cifras laborales en mayo, tras registrar una caída del desempleo y sumar nuevos cotizantes. Sin embargo, la actividad registra el mayor dato de paro desde 2017 y ha destruido 130.000 empleos desde febrero. El servicio de estudios de Randstad augura más ajuste a corto plazo y ve inviable volver a los niveles de ocupación del boom. Además, cataloga como ciencia ficción pensar que el sector puede absorber parados procedente de los servicios o el turismo.

Los expertos están actualizando sus previsiones sobre el impacto de la crisis el mercado de la vivienda, a media que se van conociendo datos oficiales. Los actuales pronósticos apuntan a caídas superiores al 10%, sobre todo en las principales capitales costeras y zonas turísticas, y un desplome de las compraventas cercano al 30%. En general, el sector prevé un endurecimiento de las condiciones para acceder a una hipoteca y apunta a que el impacto en las rentas del alquiler será inferior ante el previsible repunte de la demanda. De hecho, proponen situar al mercado del alquiler entre las puntas de lanza para reactivar la economía, el empleo y la inversión.

El subdirector general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la Agencia Tributaria, Manuel de Miguel, asegura que es lógico que en los próximos meses se debata la posibilidad de no aplicar la imputación de rentas inmobiliarias sobre las segundas residencias por la restricción de movimiento derivada del estado de alarma, sobre todo si el inmueble se encuentra en otra provincia distinta a la de la residencia habitual. Sostiene que hay tiempo suficiente como para modificar la legislación de cara a la próxima campaña de la renta.

Las socimis piden al Ejecutivo que tome medidas que limiten los efectos del covid-19 y mejoren el negocio inmobiliario de cara a la futura recuperación. Proponen algunas coyunturales, como aplazar el pago de dividendos a final de año o ampliar el plazo para empezar a cotizar, y otras reivindicaciones históricas, como reforzar la seguridad jurídica y modificar el régimen actual. Aseguran que son indispensables para ser competitivas y atractivas para los inversores y mantener la oferta de alquiler de todo tipo de inmuebles.