El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto el foco en una cuestión especialmente sensible para quienes compraron un inmueble aplicando la reducción por vivienda habitual en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). La compra de la vivienda no marca el inicio del plazo de prescripción para comprobar el pago de este impuesto por parte de Hacienda, ni tampoco lo marca la fecha de presentación de la autoliquidación. Además, Hacienda puede revisar el consumo de luz y agua para comprobar que se está habitando en la casa.

El permiso laboral de cinco días para cuidar a un familiar vuelve a situarse en el centro del debate. Una sentencia del Tribunal Supremo precisa una cuestión que venía generando conflictos entre empresas y trabajadores: no es obligatorio comenzar este permiso el mismo día en que se produce la hospitalización o enfermedad. La Sala de lo Social aclara su alcance y señala que el inicio no puede vincularse de forma rígida al hecho causante cuando esto impida atender eficazmente al familiar que necesita cuidados. La resolución afecta a uno de los derechos más utilizados desde la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023 y aporta seguridad jurídica sobre cómo debe aplicarse.

Una tubería cede, el agua se filtra al piso de abajo y aparece la gran pregunta: ¿quién paga los daños cuando la vivienda está alquilada? Estos conflictos son de los más frecuentes entre inquilinos y propietarios y, a veces, acaban en los tribunales. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid señala que no se puede exigir responsabilidad al propietario si no hubo aviso para intervenir a tiempo. Distinto sería el supuesto en el que el daño es continuado y fácilmente perceptible, ya que en esos casos los tribunales pueden apreciar que el propietario tuvo posibilidad real de conocer la avería y exigirle una mayor diligencia en el mantenimiento de la vivienda.

Cuando una vivienda se convierte en un foco de bloqueo porque unos quieren vender y otros no, o porque parte del inmueble integra una herencia sin repartir, la pregunta es inevitable: ¿se puede forzar la venta aunque la herencia siga pendiente? El Tribunal Supremo da una respuesta clara en una sentencia de enero: sí es posible instar la división de cosa común y promover la venta aunque parte del inmueble esté integrada en una herencia yacente (pendiente de partición), siempre que quien ejercite la acción ostente una cuota indivisa propia, concreta y acreditada por un título distinto del sucesorio.

Muchos inquilinos creen que abandonar el piso y dejar las llaves dentro es suficiente para dar por terminado un contrato de alquiler. Sin embargo, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca recuerda que esta práctica puede salir cara. El tribunal ha confirmado la condena a una inquilina a pagar 2.758 euros en rentas impagadas, al considerar que nunca devolvió formalmente la vivienda a su propietaria. La clave no está en si la inquilina seguía residiendo o no en la vivienda, sino en un elemento jurídico esencial: la falta de acreditación de una restitución efectiva de la posesión del inmueble a la propietaria.

Es una escena habitual: el propietario incluye en el contrato que el inquilino pagará los gastos de comunidad. Pasa el tiempo, surge un impago y llega la reclamación. Lo que parecía claro sobre el papel termina discutiéndose en los tribunales. La Audiencia Provincial de Alicante vuelve a poner el foco en un detalle que muchos pasan por alto: si el contrato no determina el importe anual de los gastos de comunidad en el momento de su firma, el pacto de repercusión no resultará exigible al arrendatario.

¿Se puede vender una Vivienda de Protección Oficial por encima del precio máximo legal? Y, si se hace, ¿queda el contrato automáticamente anulado? El Tribunal Supremo ha zanjado el debate en una sentencia donde señala que pactar un sobreprecio en la compraventa de una VPO no determina la nulidad civil del contrato, aunque puede generar responsabilidades en el ámbito administrativo.

La fiscalidad de la vivienda protegida vuelve a situarse en el foco informativo tras un pronunciamiento de la Dirección General de Tributos (DGT), que aclara cuándo puede aplicarse la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) en las operaciones vinculadas a viviendas de protección oficial (VPO).

Publicar un piso por 200.000 euros ya no basta. La cifra debe ir acompañada de información suficiente para que el comprador conozca qué importe asumirá realmente y por qué. Esa es la filosofía que refuerza la Ley 10/2025, de servicios de atención a la clientela. No introduce una regulación completamente nueva, sino que refuerza y precisa obligaciones ya existentes: el precio anunciado debe basarse en información suficiente y comprensible, conforme a las reglas aplicables a cualquier actividad empresarial dirigida a consumidores.

Recibir una herencia no solo implica gestionar bienes y trámites notariales, sino también afrontar el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, una carga que no siempre puede asumirse de inmediato. El Tribunal Supremo ha puesto orden sobre este punto, estableciendo un criterio claro sobre los plazos para solicitar el aplazamiento o fraccionamiento del impuesto, una cuestión que llevaba años generando conflictos.