Recibir la nómina y comprobar que falta dinero no es una sensación agradable y, en muchos casos, no se trata de un error administrativo, sino de un embargo. Ahora bien, no todo vale. La ley establece límites muy claros y protege una parte del sueldo para garantizar la subsistencia del trabajador. Además, las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como la que se ha producido con el Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, modifican las cantidades que pueden retenerse. Cuando el sueldo supera el SMI, el embargo no se aplica sobre la totalidad del salario, sino únicamente sobre el exceso que supera la cuantía inembargable equivalente al SMI.

Comprar una vivienda de protección oficial (VPO) no solo implica cumplir requisitos de acceso o precio. También tiene una consecuencia directa en el bolsillo del comprador: el IVA aplicable a la operación. ¿Es siempre el mismo? ¿Puede aplicarse el 4% o lo normal es pagar el 10%? La Dirección General de Tributos aclara que el IVA del 4% no es la regla, sino la excepción más favorable. Solo puede aplicarse este tipo cuando se cumplen todos los requisitos exigidos: que la vivienda esté calificada administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública y que la entrega se efectúe directamente por su promotor, incluyendo, en su caso, un máximo de dos plazas de garaje y los anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley que contempla medidas fiscales urgentes por los daños de los temporales en Andalucía y Extremadura y, al mismo tiempo, una reforma en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que reduce o neutraliza la tributación efectiva del salario mínimo interprofesional (SMI) cuando se cumplen los requisitos legales establecidos. Los trabajadores que cobren hasta 17.094 euros anuales podrán deducirse 590,89 euros, mientras que quienes perciban ingresos ligeramente superiores tendrán derecho a una deducción menor.

Tener plantas en casa es una opción cada vez más habitual, especialmente en ciudades. Sin embargo, cuando ese afán se traslada a una terraza dentro de una comunidad de vecinos, pueden surgir conflictos legales de calado. La Audiencia Provincial de León que ha respaldado a una comunidad frente a la instalación de un huerto urbano en una terraza que acabó generando humedades continuadas, afectando al techo de los garajes situados debajo y comprometiendo elementos constructivos del inmueble. El fallo subraya que el derecho de uso privativo de una terraza debe ejercerse dentro de los límites que marca la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), especialmente cuando entran en juego la seguridad y la conservación de los elementos comunes.

Heredar una vivienda no siempre implica recibir un derecho libre de obligaciones. Frente a la creencia de que el usufructo hereditario es un derecho gratuito y sin cargas, una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un heredero a pagar 5.800 euros por incumplir las obligaciones asociadas al usufructo temporal de un inmueble heredado. El fallo pone el foco en una cuestión clave del Derecho de sucesiones: desde cuándo nacen las obligaciones del legatario y qué consecuencias tiene su incumplimiento.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una promotora a ser indemnizada tras abonar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, en una operación en la que quedó acreditada la inexistencia de un incremento real del valor del suelo, al entender que concurrían los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El fallo no abre la puerta a devoluciones automáticas, pero sí aclara cuándo procede la responsabilidad patrimonial por la aplicación de una norma declarada inconstitucional. En el caso resuelto, la sentencia reconoce el derecho de la promotora a percibir 22.939,71 euros, más intereses legales.

Cuando Hacienda revisa el valor de una vivienda o de cualquier otro inmueble, no todo vale. El Tribunal Supremo acaba de recordarlo al consolidar y precisar los límites a la comprobación de valores, uno de los procedimientos más habituales y conflictivos en materia tributaria. En una sentencia, establece un criterio clave: la Administración tributaria debe justificar de forma expresa y antes de actuar por qué decide comprobar la cifra declarada por el contribuyente. Y no basta con hacerlo a posteriori ni con apoyarse en un informe técnico.

Donar una vivienda es una de las fórmulas más habituales para anticipar la transmisión del patrimonio, especialmente en el ámbito familiar. En España, toda donación de un inmueble exige un doble análisis tributario: por un lado, el impacto que tiene la operación en el IRPF del donante y, por otro, la tributación que asume quien recibe la vivienda. La buena noticia es que la normativa contempla una exención especialmente relevante cuando quien dona es mayor de 65 años y transmite su vivienda habitual, un beneficio fiscal que, si se cumplen los requisitos legales, puede suponer un ahorro considerable.

Comprar un inmueble de segunda mano sin valor de referencia catastral puede parecer, a priori, una situación fiscal más flexible. Sin embargo, la Dirección General de Tributos (DGT) recuerda que la elección del valor declarado en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) no es una decisión inocua y puede tener consecuencias irreversibles. Cuando no existe valor de referencia, la base imponible del ITP se fija atendiendo al mayor de los siguientes: el declarado por las partes, el precio o contraprestación pactada o el valor de mercado.

Recuperar la fianza del alquiler sigue siendo uno de los principales focos de conflicto entre propietarios e inquilinos, especialmente en aquellos supuestos en los que el arrendador atribuye los daños a la convivencia con animales domésticos. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona vuelve a poner el acento en una cuestión clave: el arrendador no puede retener la fianza ni reclamar daños (ni siquiera cuando se invoca la presencia de mascotas) si no demuestra, con pruebas sólidas, que los desperfectos existen, que estaban presentes en el momento en que el inquilino devolvió la vivienda y que, además, son imputables al inquilino de forma directa.