Tras una separación, la atribución del domicilio familiar se convierte en una de las cuestiones más sensibles: ¿quién tiene derecho a quedarse cuando hay hijos y ambos progenitores comparten su custodia? El Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión en su sentencia 1765/2025, dictada el 21 de abril, donde precisa que la atribución del uso de la vivienda no puede extenderse hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad, aunque exista desigualdad de ingresos entre los progenitores. Una decisión que no solo resuelve un caso concreto, sino que refuerza una doctrina que busca equilibrio y proporcionalidad en contextos cada vez más habituales.

Un caso reciente analizado por la Audiencia Provincial de Madrid plantea una pregunta que muchos se hacen: ¿puede declararse la nulidad de una herencia ya aceptada si uno de los herederos estaba incapacitado y no fue debidamente representado? La respuesta es sí, y la consecuencia ha sido que tanto la escritura de adjudicación como una donación derivada de esa herencia se declaran nulas.

Una sentencia del Tribunal Supremo ha puesto fin a una de las controversias más relevantes en materia de fiscalidad del alquiler, concluyendo que los propietarios que alquilaron sus inmuebles antes de julio de 2021 pueden aplicar la reducción del 60% en su declaración de la renta también sobre los importes que resulten de una regularización de Hacienda. En la sentencia, el Alto Tribunal establece que la reducción debe aplicarse sobre el rendimiento neto total regularizado, incluso cuando éste se derive de una comprobación posterior: es decir, si el contribuyente declaró menos beneficio del que finalmente se determina, también podrá aplicar esta reducción sobre el nuevo importe.

Los arrendadores que bajen el precio del alquiler al menos un 5% en aquellas zonas declaradas como tensionadas pueden beneficiarse de una reducción del 90% en el IRPF. Pero qué sucede cuando el inquilino se marcha y se firma un nuevo contrato sin variar la renta. La Dirección General de Tributos (DGT) acaba de resolver esta duda con una respuesta que obliga a mirar con lupa cada nueva firma, pues en una consulta vinculante aclara que mantener la misma renta en el nuevo contrato no es suficiente y de no aplicar esa rebaja mínima del 5%, el beneficio fiscal pasaría a ser el general del 50%.

Comprar una vivienda es una de las decisiones económicas más importantes para cualquier familia. Pero cuando entran en juego situaciones personales como la discapacidad, es natural preguntarse si existen beneficios fiscales adicionales que alivien la carga tributaria. A esta cuestión ha respondido la Dirección General de Tributos (DGT), en la consulta vinculante V0038-25, estableciendo con claridad que el tipo superreducido del IVA del 4% se aplica en función del tipo de vivienda, y no de la discapacidad del comprador.

El Tribunal Supremo ha marcado un límite claro en el creciente universo del trabajo a distancia. En una reciente sentencia, ha tumbado varias cláusulas incluidas en un acuerdo individual de teletrabajo firmado en el sector energético, al considerar que vulneraban los derechos de los trabajadores. La resolución aclara qué puede y qué no puede incluirse en estos pactos, cada vez más frecuentes en el tejido empresarial español. El Supremo recuerda que el artículo 8.1 de la Ley de Trabajo a Distancia (LDT) exige que cualquier modificación del porcentaje de presencialidad en el acuerdo a distancia quede siempre objetivada por escrito y con el previo acuerdo de empresa y trabajador.

¿Puede un banco reclamar toda la deuda de un préstamo personal si el cliente se retrasa en el pago de varias cuotas? La respuesta no es sencilla, y mucho menos cuando entra en juego el equilibrio entre los derechos del consumidor y los de la entidad financiera. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha arrojado luz sobre este asunto en una sentencia dictada el 8 de mayo de 2025, que pone el foco en las cláusulas de vencimiento anticipado y su posible carácter abusivo.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha sentado un criterio decisivo sobre cuándo los inquilinos pueden (o no) ejercer su derecho de adquisición preferente en caso de venta del inmueble en el que viven, aclarando la interpretación del artículo 25.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El caso resuelto por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia 592/2025, de 21 de abril analiza la venta en bloque de varias promociones inmobiliarias por parte de una entidad pública. La clave, apunta el Alto Tribunal, no radica en si se vendió todo el edificio o si había más inmuebles en juego, sino en si el arrendador transmitió todas las unidades que poseía en ese inmueble. En este caso, así fue.

Una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 9 de abril ha marcado un hito en la protección de los consumidores frente al fraude bancario online. La Sala de lo Civil ha dejado claro que, cuando un cliente es víctima de una estafa digital, el banco no puede escudarse en tecnicismos para evitar su responsabilidad. A menos que demuestre que el usuario actuó con negligencia grave, la entidad deberá devolver el dinero sin demora.

Una compradora que vivía desde 1996 en una vivienda pensaba que, con el tiempo, esa casa acabaría siendo suya. La firmó con quien decía ser el propietario, la habitó durante casi tres décadas y solicitó que se le reconociera el dominio por usucapión. Sin embargo, una sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete ha cambiado el rumbo de su historia: la operación de compraventa ha sido declarada nula. ¿La razón? El vendedor no contaba con el visto bueno de los demás copropietarios: sus propios hijos.