La Dirección General de Tributos (DGT) despeja una de las dudas más comunes entre los profesionales que invierten en mejorar su visibilidad digital. En la respuesta a una consulta vinculante, ha aclarado que los autónomos pueden deducir en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los gastos derivados del uso profesional de las redes sociales, siempre que puedan demostrar su relación con la actividad económica y cumplan con los requisitos de justificación y registro contable que exige Hacienda.

La Audiencia Provincial de Albacete ha confirmado la validez de un testamento que reabre el debate sobre los límites entre el vínculo familiar y el derecho a heredar. En él, una abuela decidió desheredar a dos nietas tras quedar acreditado que ambas mantuvieron una conducta de abandono y desprecio emocional prolongado, que le provocó un menoscabo psicológico grave. La sentencia, del pasado julio, aplica la doctrina de sentencias del Supremo y concluye que no recibirán la legítima, la parte mínima de la herencia que reserva la ley.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado el desahucio por precario de una familia que residía en una vivienda municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sin contrato ni autorización. Los ocupantes alegaron vulnerabilidad económica y social para intentar frenar el lanzamiento, pero el tribunal concluyó que no demostraron esa situación ni aportaron la documentación requerida por los servicios sociales.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo y establece en una resolución que los arrendadores de viviendas o locales en España, tanto residentes como no residentes, deben declarar los ingresos del alquiler en el IRPF o en el IRNR siempre que sean exigibles conforme al contrato, incluso cuando el inquilino no paga las rentas. Sin embargo, hay diferencias entre los arrendadores: los residentes pueden aplicar la deducción por saldos de dudoso cobro o solicitar la devolución del impuesto, mientras que los de terceros países no gozan de esa posibilidad y deben tributar por la renta íntegra, aunque nunca la perciban.

El Tribunal Supremo ha cerrado filas en torno a la protección de los agentes comerciales, consolidando su posición frente a las empresas que intentan restringir las indemnizaciones por clientela. La sentencia núm. 1209/2025, de 3 de septiembre, obliga a Vodafone España a pagar más de 366.000 euros a una de sus empresas agentes, y deja un mensaje inequívoco: ningún contrato puede limitar una indemnización reconocida por ley.

La Audiencia Nacional ha puesto el foco en el sector inmobiliario y en la forma en que las promotoras aplican la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios en el Impuesto sobre Sociedades. El tribunal ha establecido que solo pueden acogerse a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios aquellas empresas que acrediten una finalidad económica real y demostrable en la transmisión de sus inmuebles. Si el propósito es la reventa, el bien deja de ser un activo productivo y pasa a considerarse una existencia, lo que implica la pérdida del beneficio fiscal.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha puesto negro sobre blanco a una cuestión que durante años ha generado dudas entre los profesionales por cuenta propia: ¿pueden deducirse parte del alquiler de su vivienda si trabajan desde casa? La respuesta es sí, pero con condiciones. Según una consulta vinculante, los autónomos que viven de alquiler pueden deducir en el IRPF el gasto correspondiente a la parte de la vivienda afectada a la actividad. Eso sí, la deducción solo será válida si el espacio es susceptible de un aprovechamiento independiente del resto del inmueble y el uso personal resulta meramente accesorio o irrelevante.

El mercado inmobiliario español vuelve a tensarse y cada vez más propietarios optan por vender sus viviendas aun con inquilinos dentro. La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre con el contrato de alquiler cuando el propietario vende? Encontramos la respuesta en el artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula la subrogación del comprador y fija los límites para que los contratos sigan vigentes tras la venta. Esta norma se ha convertido en una garantía esencial de estabilidad para miles de arrendatarios.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha zanjado una de las dudas más frecuentes entre quienes venden su vivienda: ¿pueden las reformas servir para reducir la plusvalía municipal? En una consulta vinculante, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda deja claro que no. Los gastos de reforma o mejora no incrementan el valor de adquisición del terreno a efectos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). El mensaje es inequívoco: las reformas pueden incrementar el valor de la edificación, pero no alteran el valor del terreno, que es el único elemento gravado por este impuesto.

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que vuelve a situar en el centro del debate a las cláusulas suelo, confirmando la nulidad del límite mínimo de intereses incorporado en un préstamo de 2007 y declarando abusiva la renuncia de acciones que el cliente había firmado años después con su banco. El fallo obliga a la entidad a devolver las cantidades indebidamente cobradas hasta el 28 de julio de 2015, fecha en la que se firmó la novación que eliminó la cláusula suelo, reforzando así la protección de los consumidores en contratos hipotecarios con condiciones poco transparentes.