¿Cuándo empieza a contar el plazo para reclamar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos? El Tribunal Supremo acaba de dar una respuesta que cambia las reglas del juego en un asunto clave para empresas y contribuyentes. Esta sentencia resuelve una disputa que arrancó hace más de 15 años y que enfrenta a una compañía con la Agencia Tributaria por una devolución del IVA que consideraba prescrita. El alto tribunal determina que la prescripción empieza con la sentencia que reconoce el ingreso indebido.

La Audiencia Provincial de Girona ha vuelto a poner el foco en los límites de la desheredación en Cataluña. En una sentencia, el tribunal declaró injusta la exclusión de un hijo del testamento de su padre, reconociéndole más de 159.000 euros en concepto de legítima hereditaria. Su sentencia lanza un mensaje claro: no basta con alegar falta de relación para desheredar a un hijo. Si el progenitor ha contribuido al distanciamiento, la desheredación será injusta. El caso refuerza una tendencia jurisprudencial que protege a los descendientes frente a exclusiones testamentarias sin causa probada.

El Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Murcia ha anulado varias cláusulas hipotecarias vinculadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) al considerar que las entidades financieras no cumplieron con el deber de transparencia exigido por la normativa europea. Estas decisiones se apoyan en la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2024 —que precisó los criterios de transparencia exigibles en las cláusulas que referencian al IRPH— y obligan a las entidades a devolver a los consumidores las cantidades abonadas en exceso.

El Tribunal Supremo ha dado un paso inédito en España: ha obligado al Gobierno a facilitar el acceso al código fuente de BOSCO, el algoritmo que determina quién puede beneficiarse del bono social eléctrico. Nunca antes un tribunal había ordenado revelar los entresijos de un sistema informático utilizado para gestionar ayudas públicas. La resolución coloca en el centro del debate cómo deben funcionar los algoritmos en la Administración pública y hasta qué punto la ciudadanía puede fiscalizar su actuación.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha dado un paso relevante en materia de sucesiones y préstamos hipotecarios. El tribunal estimó un recurso de CaixaBank, confirmando que puede ejecutarse una hipoteca sobre una vivienda heredada para saldar una deuda de 35.941,22 euros. Pero la clave está en el alcance de la responsabilidad: los herederos no tendrán que pagar con su dinero, pero sí verán afectado el inmueble recibido en herencia. Es decir, la ejecución hipotecaria también alcanza a los herederos, pero solo respecto al inmueble hipotecado, quedando a salvo el resto de su patrimonio.

Cada vez más viajeros deciden dónde alojarse en función de lo que leen en internet. El problema es que no siempre esas opiniones reflejan experiencias reales. Para combatir la proliferación de reseñas falsas en hoteles y alojamientos turísticos, la Unión Europea ha impulsado un código de conducta que refuerza la normativa y facilita la detección de opiniones manipuladas. Estas prácticas ya estaban prohibidas como desleales, pero ahora se establecen mecanismos concretos para prevenirlas y gestionarlas de forma más eficaz.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha resuelto un caso que ilustra los conflictos que pueden surgir en torno a las herencias. El tribunal ha determinado que varias transferencias bancarias realizadas en vida por una madre a favor de uno de sus hijos, por un total de 68.233 euros, deben formar parte del caudal hereditario. ¿El motivo? No había pruebas de que esos movimientos tuvieran una causa justificada ni de que fueran donaciones válidas. Por tanto, el dinero deberá repartirse entre todos los herederos.

El Tribunal Supremo ha marcado un cambio relevante en el debate sobre la plusvalía municipal. En una sentencia dictada el 13 de junio de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que los contribuyentes pueden reclamar la devolución del impuesto siempre que, a fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de octubre, que anuló el tributo, aún estuvieran en plazo para recurrir en vía judicial. La decisión refuerza la posición de quienes quedaron atrapados en un vacío legal entre la vía administrativa y la contenciosa, ampliando las posibilidades de resarcirse por un tributo declarado inconstitucional.

El Tribunal Constitucional (TC) ha sentado un precedente que afecta de lleno a la relación entre empresas y trabajadores.

La Dirección General de Tributos (DGT) acaba de mover ficha en el terreno de las criptomonedas. En una consulta vinculante, Hacienda establece que los criptoactivos —como el bitcoin— no son dinero, sino bienes inmateriales. Al considerar las criptomonedas como bienes inmateriales, la transmisión de un inmueble a cambio de criptoactivos se configura como una permuta. En estas operaciones, cada permutante tributa por lo que adquiere: el comprador del inmueble debe liquidar el ITP por la adquisición de la vivienda, mientras que quien recibe las criptomonedas liquidará el ITP por la adquisición de esos criptoactivos.