Benidorm es la ciudad con la mayor concentración de rascacielos residenciales de España y uno de los referentes en altura a nivel europeo. Un escenario que pronto acogerá la primera rehabilitación española de los edificios Club Médico VI y VII, de 17 plantas, con vidrio fotovoltaico. La iniciativa surge de la voluntad compartida de los residentes, que buscaban dar un salto cualitativo en la modernización de sus edificios y la reforma será transformar la envolvente del edificio en una fuente de energía renovable mediante vidrio fotovoltaico avanzado.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de julio de 2025, ha determinado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe requerir al promotor de una obra de construcción de viviendas para la designación de un técnico que cuente con la titulación habilitante legalmente exigida (arquitectura técnica o arquitectura) para desempeñar las funciones de coordinación de seguridad. Con ello asume la reclamación del Colegio de la Arquitectura Técnica de Soria.

El Tribunal Supremo zanja, una vez más, la controversia jurídica sobre el alcance de las facultades de las comunidades de propietarios frente a los alquileres de uso turístico. En su sentencia 1.025/2025, de 2 de septiembre, la Sala de lo Civil ha confirmado la validez de un acuerdo vecinal en Segovia que prohibía expresamente las viviendas de uso turístico en el edificio, desestimando el recurso de casación interpuesto por dos copropietarios.

La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 26 de mayo de 2025, ha rechazado que una promotora convierta trasteros en viviendas en la localidad madrileña de Pinto. La Sala ha desestimado las pretensiones de la empresa y respaldado, en cambio, la actuación de la comunidad de propietarios, subrayando que “no puede prevalecer el interés individual y exclusivo de un comunero sobre el interés colectivo y el beneficio general de la comunidad”.

El Tribunal Supremo, en STS 2923/2025, ha dado la razón a dos vecinas de Madrid en una larga disputa con su comunidad de propietarios por la posesión de dos trasteros. Tras más de 30 años de uso exclusivo, el Alto Tribunal ha reconocido como legítimas propietarias de estos espacios a estas mujeres, frente a la pretensión de la comunidad de recuperar los trasteros como elementos comunes. Considera que las demandadas habían adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva, es decir, por haberlos disfrutado de manera pública, pacífica y continua durante más de tres décadas.

El Tribunal Supremo ha revocado una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que condenaba a tres entidades bancarias a devolver a un comprador las cantidades anticipadas para la adquisición de dos viviendas en construcción. Concretamente, el comprador adelantó 114.662 euros para adquirir dos “suites” en el complejo turístico-hotelero “Las Caballerizas” en Mijas, promocionado por una promotora que posteriormente se declaró en concurso. Las dos viviendas eran productos turísticos. Y el alto tribunal recuerda que la finalidad era turística, no residencial.

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Palma de Mallorca, que condena a la herencia yacente, cinco hijos y viuda del propietario de un piso arrendado,a indemnizar a los vecinos de la vivienda inferior por los perjuicios sufridos a causa de una plaga de chinches. El fallo impone a la parte demandada el abono de 6.925,49 euros en concepto de gastos ocasionados por la desinsectación y los daños materiales, así como una indemnización adicional de 9.000 euros por perjuicios morales.

El Alto Tribunal ha dictado una sentencia que marca un precedente en el equilibrio entre el derecho al honor y a la intimidad de una persona frente al derecho a la información en las comunidades de propietarios. En la resolución STS 4708/2024, la Sala de lo Civil ha estimado el recurso de casación interpuesto por una administradora de fincas que había sido condenada por colocar carteles informativos en espacios comunes de una urbanización de Alicante alertando de un inquilino que había sido desahuciado por impago.

El Tribunal Supremo ha ratificado que la propietaria de un bar en Madrid deberá devolver a la comunidad de vecinos el uso de un patio común que ocupó ilegalmente desde 2004, cuando lo techó sin permiso alegando problemas de humos y olores, pero en realidad para ampliar el local. La sentencia estima el recurso de la comunidad, que durante años reclamó sin éxito la demolición del cerramiento, al entender que la obra alteraba un elemento común y que su modificación requería la autorización unánime de todos los propietarios.

Un trabajador necesita más de 52 años de salario neto (dedicando el 40% del mismo) para comprar una vivienda media, un 40% más de tiempo del que requeriría sin intereses hipotecarios. En algunas comunidades como Madrid, Cataluña o Baleares, el precio de un piso de 60 m² supera los 300.000 euros, lo que equivale a entre 20 y 25 sueldos anuales íntegros. “Una cifra del todo inasumible”, desvela el informe Convenios Colectivos y derecho a una vivienda, que la UGT ha presentado poniendo un especial foco en la relación de los salarios y el precio de los pisos en nuestro país.