La compra de una vivienda es, con toda probabilidad, la mayor inversión que una persona puede realizar a lo largo de toda su vida. Por ello, los poderes públicos han desarrollado normas jurídicas con la finalidad de ofrecer una especial protección a estos compradores. Sin embargo, el desconocimiento de los derechos y las obligaciones de cada una de las partes que participan en el proceso de compra es uno de los principales problemas. Por ejemplo, en la publicidad de la vivienda debe aparecer un mínimo de referencias, como la localización o superficie construida. Y en el contrato de compraventa no debe haber cláusulas abusivas.