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El Gobierno promete rebajar la factura mensual de la luz hasta un 30% de aquí a final de año

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera
Europa Press
Autor: Redacción

El Gobierno pone en marcha una batería de medidas para tratar de reducir la factura de la luz en hogares y pequeñas empresas. A la rebaja del impuesto del IVA sobre la luz del 21% al 10%, se unen otras como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, el descuento del impuesto de la electricidad al 0,5% o una contribución de 2.600 millones de euros de los beneficios de las eléctricas. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha asegurado que permitirán rebajar la factura una media del 30% mensual hasta final de año.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para mantener la factura final de la electricidad de los consumidores este 2021 en el mismo nivel que en 2018 tal y como afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La medida reducirá la factura mensual un 22% hasta final de año. Una rebaja que puede ascender hasta el 30% si sumamos la disminución del IVA del 21% al 10% que se aprobó el pasado junio.

La norma que se hará efectiva en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE)combina medidas generales para todos los consumidores con medidas específicas para los consumidores vulnerables, las familias, las pymes y el tejido industrial, así como el medio ambiente y los territorios próximos a los grandes embalses.

Entre las actuaciones destinadas a todos los consumidores se va a rebajar el Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5% y suspender hasta final de año el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7% a la generación. Además, se va a aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio, y minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas.

Por otro lado, se incrementa la protección de los vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo un Suministro Mínimo Vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existente, un total de 10 meses. También se limita el crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para impedir un fuerte incremento por el impacto del coste de la materia prima. Además, se crea un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial.

"Estas medidas encajan bien con las acciones que el Gobierno lleva ejecutando desde junio de 2018. Estamos comprometidos con una sistema energético limpio, eficiente, con precios asequibles y capaz de facilitar la democratización de los actores que participan en él", ha defendido la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera.

Además, a todo esto se suma un proyecto de ley actualmente en tramitación en el Congreso para minorar también el CO2 a las empresas que producen electricidad pero no generan emisiones contaminantes y, sin embargo, se ven beneficiados por los derechos de emisión. Este concepto minorará la factura un 13% y el Gobierno ya ha pedido tramitarlo con urgencia.

Ribera ha incidido en que "la reducción esperada en la factura no se reflejará en los precios mayoristas que se publican cada día, que seguirán subiendo, dados los desajustes en el mercado internacional del gas, no solo en España sino en el resto de países europeos". El precio de la luz registrará un nuevo máximo histórico en el mercado mayorista con 172 euros el megavatio/hora el miércoles 15 de septiembre.

La ministra ha citado los 441 euros el MWh que se alcanzarán en Reino Unido, lo 200 euros en Irlanda, los 174 en Italia, o los 168 en países de Europa central como Francia, Alemania o Dinamarca. Las variables que afectan a estos precios mayoristas están fuera de control de los Estados miembros, ya que dependen más de la regulación comunitaria. El Ejecutivo español ya ha pedido a Bruselas una respuesta coordinada común.