El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha presentado los distintos programas de ayuda al alquiler de vivienda puestos en marcha por el Gobierno dentro del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, así como el bono alquiler joven, en el marco de una jornada organizada por el Observatorio Español del Seguro de Alquiler (OESA).
Este evento ha reunido en Madrid a distintos responsables de Administraciones e instituciones públicas, así como del sector privado para compartir y analizar en varias mesas redondas los distintos trabajos que se están realizando en materia de alquiler y del seguro de impago de alquiler en España.
Durante la inauguración, Lucas ha reiterado que el incremento de vivienda pública en alquiler es uno de los principales objetivos del Gobierno y, a tal fin, ha dado cuenta de los diversos programas de ayuda aprobados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a través del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, que fue aprobado a principios de año y para el que se ha comprometido un importe total de 1.717 millones de euros.
En total, este Plan Estatal regula 13 programas de ayuda, cuyos objetivos pasan por impulsar el acceso a una vivienda en alquiler; contribuir a la mejora de la accesibilidad de la vivienda; fomentar la regeneración y renovación urbana y rural de zonas degradadas y ámbitos "en los que todavía impera el chabolismo y la infravivienda", y atender al pago de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos, regulados en anteriores planes estatales de vivienda.
Entre los programas de ayuda al alquiler incluidos en el Plan figuran los dirigidos a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida, y a los jóvenes.
En lo que respecta a los programas destinados a fomentar un parque público de viviendas en alquiler, se ha diseñado uno destinado a personas mayores o personas con discapacidad; otro para impulsar alojamientos temporales y modelos de 'cohousing'; y otro para la puesta a disposición de viviendas de la Sareb y de entidades públicas para su alquiler como vivienda social, entre otros.
En el caso del 'cohousing', se prevén ayudas de hasta el 50% para los invesores que fomenten este tipo de soluciones habitacionales, con un máximo de 50.400 euros por alojamiento o vivienda, y de hasta 420 euros por m2 de superficie útil para los promotores.
Lucas ha resaltado que para que estos programas se puedan materializar, resulta esencial la coordinación y cooperación con las administraciones autonómicas, así como la colaboración de todos los actores del sector, empresas y agentes sociales.
Durante su intervención, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda también ha repasado los aspectos más relevantes del proyecto de Ley por el derecho a la vivienda, que tiene como objetivo convertir a la vivienda, y el acceso a ella, en el quinto pilar del Estado del Bienestar. El texto está todavía en trámite parlamentario y podría entrar en vigor a la vuelta del verano.
Uno de los objetivos de este proyecto es la promoción del desarrollo de parques públicos de vivienda social, para lo que es necesario conseguir una oferta suficiente de viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles, ha señalado Lucas.
En concreto, se ha referido al parque de vivienda social destinada al alquiler de titularidad pública, defendiendo que se deben establecer mecanismos de cooperación con las administraciones autonómicas y locales para que el régimen de protección de las viviendas ubicadas en suelos destinados en el planeamiento a la construcción de viviendas protegidas permanezcan en el tiempo.
El reparto pactado
La Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, que reúne a los representantes de todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) junto al Mitma, acordó el pasado 2 de febrero el volumen de fondos que iba a recibir cada región para el bono alquiler joven y el Plan de Vivienda en 2022.
En base a ese acuerdo, Andalucía recibe un 17,10% de los fondos totales, seguida de Madrid, con un 15,9%, y Cataluña, con un 14,5%. Son las autonomías que más dinero recibirán de los 545 millones de euros asignados solo para 2022.
Para la Comunidad Valenciana se destina un 11,4%, mientras que Aragón contará con un 3,8%; Asturias, del 3,3%, Baleares, del 2,4%; Canarias, del 5,3%; Cantabria, del 1,9%; Castilla y León, del 5,4%; Castilla-La Mancha, del 4%; Extremadura, del 3%; Galicia, del 5,7%; La Rioja, del 1,7%; y Murcia, del 4,4%. Por su parte, Ceuta y Melilla obtendrán un 0,1%, respectivamente, de ese presupuesto.
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