Desahucios

El Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra varios artículos y una disposición transitoria de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, que modifica varias normativas para abordar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Ha anulado el punto referente al valor de una expropiación forzosa en caso de incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda. Recordamos que esta ley ya ha estado sobre la mesa de este tribunal, que meses después de su entrada en vigor declaró inconstitucional obligar a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a sus okupas antes de interponer un proceso judicial.

La nueva suspensión de los desahucios por impago del alquiler y la puesta en marcha de unos avales públicos para propietarios e inquilinos que ha incluido el Gobierno en el Real Decreto-ley 1/2025 no han sido bien recibidas por los expertos ni por los propietarios. Aseguran que estas medidas "son una sentencia de muerte" para quienes necesitan encontrar una vivienda de alquiler, que seguirán fomentando la inquiokupación y que agravan la inseguridad jurídica, lo que "amenaza la sostenibilidad del mercado de alquiler". También critican que "la política de vivienda se supedita a intereses políticos y electorales, y no al interés general".

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó la semana pasada la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas a hogares vulnerables que había aprobado el último Consejo de Ministros de 2024. Sin embargo, diferentes expertos inmobiliarios y jurídicos creen que el Gobierno volverá a plantear la iniciativa para intentar paralizar de nuevo los procedimientos. En su opinión, el exceso de actividad legislativa genera incertidumbre entre arrendadores e inversores del mercado del alquiler, lo que acaba reduciendo la oferta de viviendas e impulsando los precios.

El Gobierno ha sufrido su primera gran derrota parlamentaria de 2025 en el primer día de actividad en la Cámara Baja. El Pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, más conocido como el decreto 'ómnibus', con los votos en contra de PP, Junts y Vox. El texto incluía la prórroga de los desahucios y lanzamientos por impago de las rentas para colectivos vulnerables durante todo 2025, la prohibición de cortar suministros básicos a familias con pocos recursos, la revalorización de las pensiones y del ingreso mínimo vital (IMV) y las ayudas al transporte público. La derogación tiene efectos inmediatos desde este 23 de enero.

El Gobierno ha vuelto a prorrogar un año más la suspensión de los desahucios y lanzamientos de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional, que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, así como la posibilidad de que el propietario pida una compensación económica, cuyo plazo expira el 31 de enero de 2026. También se ha ampliado hasta finales del año que viene la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas a los hogares vulnerables. Estas nuevas ampliaciones ya se han hecho efectivas, tras haber sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los destrozos o siniestros que ocurran en una vivienda en alquiler pueden determinar la devolución de la fianza por parte del arrendador al inquilino. Esta cantidad (de un mes en los contratos de arrendamiento de vivienda) está diseñada para poder hacer frente al coste de reparar los desperfectos que haya en la casa una vez ha finalizado el contrato, aunque muchas veces no es suficiente para cubrirlos. El propietario puede resolver el contrato por daños causados dolosamente o por obras no consentidas, tal y como establece la LAU.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley del Parlamento de Cataluña de marzo de 2022, que modifica tres normativas aprobadas entre 2007 y 2016, con el objetivo de afrontar la emergencia en el mercado de la vivienda. En concreto, ha declarado inconstitucionales y nulos varios artículos y la disposición transitoria. El más destacado es el que obliga a ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer demandas judiciales derivadas "de la reclamación de una deuda hipotecaria y a determinadas demandas de desahucio". La sentencia "sólo tendrá efectos pro-futuro", según el tribunal.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado su informe trimestral de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024. Entre abril y junio se realizaron 7.850 ejecuciones de desahucios, un 7,8% interanual. La mayoría de ellos (74,8%) se practicaron como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y crecieron un 10,7% anual. Mientras tanto, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 1,9%. Cataluña encabeza este tipo de actuaciones judiciales, sobre todo las procedentes de la LAU (1.577), ya que representan un 26,8% del total nacional.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado las medidas en materia de vivienda presentadas por el Partido Popular la semana pasada y ha acusado al partido de querer bajar el precio del alquiler poniéndoselo "más complicado" a los que "peor lo pasan", en referencia a una de las medidas en materia de vivienda presentada por los populares, que busca rebajar el requisito de vulnerabilidad económica a 1.050 euros, 1,5 veces el Iprem, frente a los 1.800 euros actuales para facilitar el desalojo.

Los impagos en un alquiler pueden aparecer por varios frentes, no solo en la renta que paga el arrendatario. Por ejemplo, al inquilino le puede corresponder pagar los suministros o la cuota de la comunidad. ¿Qué pasa si deja de pagarlos? Si está contemplado en el contrato de arrendamiento, el propietario está en su derecho de finalizar el contrato y desahuciarlo por incumplimiento. No obstante, deberá seguir pagando las cantidades adeudadas por el arrendatario y luego exigírselos.

El Tribunal Supremo ha publicado recientemente una sentencia en beneficio de los inquilinos. Considera que el impago puntual de un mes de alquiler no es un incumplimiento del contrato de arrendamiento y no da lugar a resolverlo ni al desahucio, siempre y cuando la situación del inquilino sea singular. En el caso resuelto, el impago de la renta se produjo por un malentendido entre dos cuentas bancarias de la inquilina. Con esta sentencia la Sala de lo Civil cambia de doctrina, ya que hasta ahora sostenía que el retraso en el pago de una sola mensualidad de renta ya era motivo de resolución del contrato.

La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acortar los plazos de los desahucios por impago de rentas, y piden soluciones tanto compensatorias como de agilización de trámites judiciales. Estos pequeños propietarios han trasladado a la ministra la necesidad de plantear incentivos fiscales y de financiación para orientar la inversión en viviendas de alquiler y el acceso de la vivienda a los jóvenes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el acuerdo para prorrogar cuatro años más, hasta 2028, la suspensión de desahucios de la vivienda habitual, que se acordó tramitar como proyecto de ley, abriendo la puerta a introducir cambios. De esta manera, el BOE recoge el Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 1/2024, de 14 de mayo, para prorrogar las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, un acuerdo alcanzado el pasado 13 de junio en el Congreso de los Diputados.

El Pleno del Congreso ha convalidado por unanimidad el decreto ley para prorrogar cuatro años más, hasta el 15 de mayo de 2028, la suspensión de desahucios de la vivienda habitual, y ha acordado que la norma se tramitará como proyecto de ley, abriendo la puerta a introducir cambios. La suspensión de los lanzamientos a colectivos vulnerables se estableció por un periodo inicial de dos años y ha ido prorrogándose en sucesivas ocasiones.

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre alcanzó una cifra total de 7.424, lo que supone un crecimiento del 12,8% respecto al mismo periodo de 2023, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este aumento supone acabar con una racha de siete trimestres consecutivos, casi dos años de caídas de los lanzamientos practicados derivados de ejecuciones hipotecarias como de los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Cataluña (1.870) lidera el número de lanzamientos, mientras siete de cada 10 procedieron de procedimientos derivados de la LAU.

El decreto ley para prorrogar cuatro años más la suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual llegará al Pleno del Congreso el próximo jueves, 13 de junio, donde será sometido a debate y votación para su convalidación o derogación. Esta medida procede del llamado 'escudo social' de la pandemia y se ha ampliado periódicamente con los decretos anticrisis. Esta última prórroga, que se extenderá hasta el 15 de mayo de 2028, fue aprobada por el Consejo de Ministros un día antes de que caducara, para su entrada en vigor con urgencia.

La vicepresidente segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha valorado como "un paso importante" la prórroga de la suspensión de desahucios hipotecario que ha aprobado este martes el COnsejo de Ministros de aquí a 2028. "Ampliamos la moratoria antidesahucios porque no podemos desproteger a las familias vulnerables ni un solo día", ha defendido la líder de Sumar en su cuenta de 'X'.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables hasta el 15 de mayo de 2028. De esta manera, se extiende la suspensión de desahucios hipotecarios cuatro años más, ya que esta suspensión terminaba este 15 de mayo, tal y como se recoge en las referencias del Consejo de Ministros.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha advertido que el próximo 15 de mayo terminará la suspensión de los desahucios hipotecarios, por lo que ha urgido al PSOE a extender su prohibición hasta 2028, tal como se comprometió en enero para que la formación 'morada' votara a favor de la convalidación del decreto de ayudas anticrisis a principios de año. El grupo socialista registró una enmienda al decreto, donde proponía añadir una disposición final nueva a la Ley 1/2013, con el objetivo de paralizar los procedimientos durante otros cinco años.

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda al proyecto de ley derivado del Real Decreto anticrisis para ampliar la suspensión de desahucios de hogares vulnerables durante otros cuatro años más, hasta 2028. Esta iniciativa, que da cumplimiento al acuerdo que alcanzó el Gobierno con Podemos para poder sacar adelante la prórroga de las medidas anticrisis, ya se está tramitando, según ha confirmado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La propuesta del Grupo Socialista es añadir una disposición final nueva a la Ley 1/2013.

El número de lanzamientos sobre inmuebles practicados el año 2023 fue de 26.659, lo que supone un 30,3% menos respecto al año anterior, de acuerdo con los datos difundidos este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según el informe, un 74,1% de los lanzamientos, 19.676, ha sid

La patronal inmobiliaria madrileña critica en un estudio la decisión del Gobierno de prorrogar hasta 2025 la paralización de los desahucios de los colectivos vulnerables, aprobada en el último Consejo de Ministros del año pasado. Según AMADEI, la medida es "contraproducente y muy perjudicial" para el mercado del alquiler, ya que genera inseguridad jurídica, limita el acceso a la vivienda de familias con menores a cargo y fomenta los impagos voluntarios de las rentas, ya que los inquilinos saben que los incumplimientos no van a tener consecuencias a medio plazo, aunque no estén justificados.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este 29 de junio el Real Decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros para dar continuidad a algunas de las medidas anticrisis que caducaban en junio, entre las que se encuentran las rebajas del IVA de los alimentos, las ayudas al transporte público o la suspensión de los desahucios de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional y la consiguiente compensación para los propietarios. Los afectados que cumplan las condiciones podrán solicitar la indemnización hasta el 31 de enero de 2024.

La nueva Ley de Vivienda que ha pactado el Gobierno con ERC y Bildu , y que podría aprobarse en el Pleno del Congreso la próxima semana, incorporará en una disposición una batería de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran propietario, y se impedirán desalojos cuando no se haya intentado un acto de conciliación o intermediación con el inquilino. Será necesario acreditar la situación de vulnerabilidad para evitar el desahucio.

Miles de familias se están efrentando a un gasto extra por el aumento de las cuotas mensuales ante la subida de los tipos de interés y la escalada del euríbor, lo que ha llevado a Podemos a proponer un tope a las hipotecas variables. El economista Miguel Córdoba asegura que esta alternativa no es viable y propone crear un nuevo tipo de préstamos para la compra de vivienda, respaldados por seguros, para dar mayor certidumbre a clientes y bancos. El consumidor estaría respaldado por ejemplo en caso de pérdida de empleo, mientras que a las entidades les proporcionaría seguridad financiera y reputacional. Además, crearía un nuevo negocio para las aseguradoras.