Gobierno

Las principales patronales del sector de la construcción han pedido al Gobierno que mejore el mecanismo excepcional de revisión de precios adoptado con motivo de la pandemia y la guerra en Ucrania, para incluir el precio de la energía y la mano de obra.Así lo han trasladado de forma conjunta la Asoc

El Congreso ha instado al Gobierno a que la empresa pública de vivienda que va a poner en marcha el Ejecutivo aproveche los inmuebles que tiene a su disposición la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a vivienda social y asequible. La Comisión de Vivienda de la Cámara Baja ha aprobado una proposición no de ley pactada entre los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, con el respaldo de Podemos, mientras que las demás formaciones se han abstenido o votado en contra. El acuerdo parte de una iniciativa original del grupo plurinacional, que pedía directamente suspender "de manera inmediata" la venta por parte de Sareb de su promotora Árqura y su cartera de 16.000 viviendas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado en la sesión parlamentaria su predisposición a preparar un paquete normativo que prorrogue algunas de las ayudas anticrisis vigentes que caducan este año, como las bonificaciones del transporte público o la moratoria antidesahucios. Sumar, ERC, Bildu y BNG, por su parte, se han adherido a la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para prorrogar la moratoria que se puso en marcha en 2020 por la pandemia sanitaria, que ha detenido 58.000 lanzamientos desde entonces, uno de cada cuatro.

La empresa pública para construir y gestionar viviendas que anunció el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá a la Entidad Pública Empresarial de Suelo como embrión. Según el Ministerio de Vivienda, el plan pasa por reforzar Sepes y tener una actuación "integral": desde el suelo, a la urbanización y la construcción hasta su movilización y gestión, tal y como contemplan sus estatutos. Su puesta en marcha será inmimente e irá enfocada a desarrollar vivienda asequible, tanto en compra como en alquiler. Promotores y consultores recuerdan que la promoción de viviendas exige una alta profesionalización, un marco jurídico estable y unas cantidades elevadas de inversión, mientras que Sumar y PP coinciden en que esta no es la solución al problema.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear una empresa pública de vivienda, aunque ha advertido de que esto no servirá para hacer bajar los precios de los alquileres."Es importante que

Este 2 de diciembre entra en vigor la última medida del Gobierno que ha puesto en pie de guerra a un sector económico. Se trata del Real Decreto 933/2021, una normativa que se ha ido prorrogando hasta ahora y que obliga a hoteles, agencias de viajes, plataformas digitales y empresas de alquiler de coches a aportar hasta 42 datos de los viajeros y las reservas a través de una plataforma, con multas por incumplimiento. Las principales patronales turísticas alertan de que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta al sector, que la norma exige datos que las agencias de protección de datos europeas impiden solicitar y que aumentará los costes de las empresas, lo que repercutirá en los precios, por lo que están valorando tomar medidas legales al respecto.

El socio de Gobierno del PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que reclama paralizar la venta de la promotora de Sareb, Árqura Homes, que su parque de viviendas (16.000 unidades) pasen a titularidad pública y que sus suelos disponibles se destinen a levantar 15.000 pisos públicos. El partido también pide cambiar la razón social de la entidad para que se convierta en una inmobiliaria pública. Según Sumar, y la venta pone en riesgo la oportunidad histórica de gestionar un parque de vivienda eficaz y sus consecuencias serían "irreversibles".

El Gobierno lleva concedidos 573 'golden visa' desde abril, fecha en la que el presidente el Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció el fin de estos visados de residencia que se aprobaron bajo el etapa de Mariano Rajoy para extranjeros que invierten más de 500.000 euros en una vivienda en España, eliminación que se formalizará en 2025. En lo que va de año se han expedido 780 permisos, con una inversión media de 657.204 euros, para inversores procedentes de diferentes partes del mundo: desde Reino Unido a Ucrania, pasando por países del Golfo Pérsico, EEUU, Canadá, China, Australia, Indonesia o Kazajistán.

El Consejo General de Economistas se suma a las críticas sobre la forma en la que el Gobierno ha tramitado la última reforma fiscal, basada en introducir múltiples medidas tributarias a través de enmiendas a leyes, como se acaba de hacer con el nuevo impuesto a la banca dentro de la futura ley del impuesto complementario mínimo para las multinacionales. Según el presidente del CGE, Valentín Pich, esta vía resulta "absolutamente cuestionable en términos de técnica legislativa y calidad democrática" y es necesario que las modificaciones tributarias respeten el principio de seguridad jurídica y no perjudiquen las expectativas legítimas de los contribuyentes.

La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha tumbado buena parte de la reforma fiscal que habían pactado los socios de Gobierno. Aunque han salido adelante la imposición de un 15% de Impuesto de Sociedades a las multinacionales, la subida del IVA a pisos turísticos y el incremento en dos puntos del IRPF aplicado a las rentas del ahorro de más de 300.000 euros anuales, han decaído las enmiendas para poner fin a las ventajas fiscales de las socimis, el gravamen para coches o yates de lujo y la eliminación de las exenciones a los seguros de salud privados. No obstante, el Pleno de la Cámara Baja debe debatir el texto el próximo jueves, donde se analizarán tanto el dictamen como las enmiendas no incorporadas. El PSOE negocia a contrarreloj para mantener vivo el tributo a la banca.

La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha advertido de que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno dirigida a las socimis pondría en riesgo hasta 15.000 millones de euros de operaciones en inversión desde 2014 en el sector en España. ACI subraya que las socimis representan un porcentaje mínimo del total de viviendas en alquiler en España, por lo que cree que esta medida tendría un impacto "insignificante" en el aumento de la oferta de viviendas, y y agravaría los problemas que ya existen en el mercado, además de un retroceso en la competitividad respecto al resto de países europeos.

El sector inmobiliario estalla contra la última iniciativa de los socios de Gobierno: eliminar el régimen especial de las socimi para acabar con los incentivos fiscales de los que gozan y que, según PSOE y Sumar, no han impulsado la oferta de viviendas en España. Todo el sector inmobiliario y financiero alza la voz para reivindicar que no todo el mercado apuesta por el negocio residencial y que tal medida ya ha provocado, de hecho, una caída de las valoraciones de Merlin y Colonial, y solo sería un aviso de lo que podría venir si finalmente saliera adelante la medida. Tienen la esperanza de que el Congreso en contra de la supresión de un régimen asentado que está ayudando a profesionalizar el 'real estate' en España. La votación está prevista para el próximo lunes, 18 de noviembre.

PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo sobre la ley del impuesto a multinacionales, cuyo debate estaba previsto para este 11 de noviembre en el Congreso. Ambos partidos se han comprometido a incluir enmiendas que contemplan gravar los beneficios de la banca, incrementar el IVA en los apartamentos turísticos y aplicar un impuesto de lujo a bienes como yates, jets privados y vehículos de alta gama, así como elevar en dos puntos el IRPF de las rentas de capital que superen los 300.000 euros anuales. En el acuerdo no hay mención expresa a la continuidad del gravamen que se ha venido aplicando a las energéticas.

El Real Decreto-ley que incluye el paquete de ayudas de 10.600 millones de euros para los afectados de la DANA, con medidas directas para familias, empresas y autómomos, entra en vigor este 7 de noviembre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es necesario aportar una documentación básica para poder acceder a las ayudas y hay diferentes plazos para realizar la solicitud. Para los importes por daños o destrucción de las viviendas, por ejemplo, se han establecido dos meses, mientras que autónomos y empresas tienen hasta el 31 de diciembre. En el caso de las moratorias del pago de hipotecas y préstamos son tres meses.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado al 2,9% su previsión de crecimiento de la economía pars este año, frente al 2,4% estimado en julio, y ha mejorado del 1,9% al 2,3% sus proyecciones para 2025. No obstante, el organismo que dirige Cristina Herrero prevé una desaceleración a partir de entonces y afirma que "el margen para la reducción del déficit sin adoptar medidas adicionales se agota". Según sus cálculos, el gasto público a medio plazo superará el pronóstico del Gobierno, por lo que será necesario un ajuste para cumplir con las exigencias de Bruselas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, han mantenido una reunión este 29 de octubre para explorar vías de colaboración con el fin de financiar la construcción de un parque de vivienda público en España acorde

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, confía en que el nuevo registro de viviendas vacacionales y de temporada que ha anunciado el Gobierno otorgue "mayor transparencia al mercado". Así lo ha manifestado durante la Comisión de Industria y Turismo del Congreso celebrada esta semana, e

El Consejo de Ministros ha aprobado modificar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo para permitir al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la adquisición de diversos compromisos de gastos, con cargo a las anualidades 2025 a 2027. Entre ellas se encuentra la contratación del desarrollo de la llamada Ventanilla Única Digital, que supondrá el registro por parte de los caseros de los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, por importe de 1,2 millones de euros para los años 2024 y 2025. Entre estos alojamientos de corta duración se encuentran los alquileres turísticos, los de temporada y los arrendamientos de habitaciones.

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda, ha anunciado que realizará 11 nuevas actuaciones residenciales destinadas al alquilerer asequible, que se suman a las 18 que ya está desarrollando on fondos transferidos del Ministerio. Los nuevos proyectos incluyen 650 nuevas viviendas y están ubicados en Las Palmas, Guadalajara, Ávila, Melilla, Alicante, A Coruña, Mérida, Valverde de la Virgen (León) y San Fernando (Cádiz). Las únicas CCAA sin planes específicos son Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón y Murcia.

El Ejecutivo envió la semana pasada a la Comisión Europea el Plan Fiscal y Estructural, un documento que resume las medidas económicas y tributarias que pondrá en marcha en los próximos cuatro años. El plan incluye varias medidas destinadas a fomentar la oferta de viviendas asequibles en el mercado. Entre los compromisos está el impulso de los préstamos y avales que el ICO ofrece a los promotores, la cesión de suelos públicos para desarrollar más inmuebles o activar el registro de los alquileres de corta duración. La gran novedad es la creación de un fondo financiero por parte del ICO para impulsar la promoción y explotación de viviendas asequibles, una iniciativa que adelantó idealista/news y que se aprobará en 2025.

El Consejo de Ministros ha cumplido previsiones y ha dado luz verde a la tercera convocatoria del Bono Alquiler Joven, una línea dotada de 200 millones de euros a repartir entre las diferentes CCAA para dar 250 euros mensuales durante dos años a menores de 35 años que cumplan unos requisitos, como tener unos ingresos de hasta tres veces el IPREM. La medida ha suscitado críticas entre los diferentes grupos parlamentarios, así como de organismos de consumidores o del Consejo de la Juventud de España. Todos creen que se trata de una medida 'parche' que no facilitará acceso a la vivienda por parte de los jóvenes.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado el trámite de consulta pública previo al proyecto de real decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación (CTE). La modificación tiene varios fines, entre los que se encuentran transponer parcialmente unas directivas europeas y adaptar el texto a los avances tecnológicos del sector, las demandas de la sociedad y la evolución legislativa. Por ejemplo, se introducirá la definición del 'Edificio de Cero Emisiones' y se revisarán el Registro General del CTE o el documento básico de seguridad en caso de Incendio. Se pueden presentar aportaciones al proyecto hasta el 28 de octubre.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones en materia de vivienda para este año, que consta de un total de 25 ayudas por 46,64 millones de euros. De dicho importe, 29,89 millones de euros van destinados a construir pisos de alquiler asequible en Barcelona y su área metropolitana, Ibiza, Mallorca y Menorca. Por otra parte, Madrid recibirá ayudas para los realojos de la Cañada Real; Canarias para rehabilitar un barrio de Tenerife y Murcia, para las labores de reconstrucción de viviendas tras el terremoto de Lorca.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la norma que regulará la reducción de la jornada laboral se aprobará como anteproyecto de ley en trámite de urgencia. El objetivo es agilizar el trámite parlamentario y cumplir el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar de reducirla hasta 38,5 horas semanales este año y a 37,5 horas en 2025. El próximo viernes, Díaz se reunirá con patronal y sindicatos para intentar alcanzar un acuerdo al respecto.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (prevé que los 6.000 millones de euros movilizados en forma de préstamos y avales a través del ICO, y que van destinados a promotores públicos y privados, servirán para construir 50.000 viviendas, frente a las 43.000 que el Ejecutivo había proyectado inicialmente. Según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, estos desarrollos, más los acordados con las CCAA, permitirán crear 170.000 empleos. Los empresarios, por su parte, han rechazado la regulación de los alquileres y han mostrado su preocupación por la falta de mano de obra.