El Gobierno aprueba otros 200 millones para el Bono Alquiler Joven entre una oleada de críticas

El Consejo de Ministros ya ha dado luz verde oficialmente a la tercera convocatoria del Bono Alquiler Joven. Como adelantó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, esta línea tendrá una dotación de 200 millones de euros, al igual que en los dos años anteriores, y contempla ayudas de 250 euros mensuales durante un plazo de dos años para que los jóvenes puedan pagar el alquiler. La medida, no obstante, ha desatado un aluvión de críticas entre partidos políticos, sindicatos y organismos de diferente índole. 

El Bono Alquiler Joven lleva activo desde 2022, por lo que, con la convocatoria de este año, acumula una partida de 600 millones de euros (200 millones anuales), que se reparten entre las CCAA tras un acuerdo previo en la Conferencia Sectorial de Vivienda, la última celebrada el pasado 3 de octubre. 

Según ha explicado Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto el reparto de fondos por regiones como los requisitos que deben cumplir los potenciales son los mismos que se venían aplicando hasta ahora. Por ejemplo, que sus ingresos no superen las tres veces el IPREM.

No obstante, la ministra ha afirmado que, tras analizar las dos convocatorias anteriores, el Ejecutivo ha "detectado algunas cuestiones que hemos de mejorar. Las CCAA han de mejorar la tramitación, que ha sido desigual. Mientras algunas han necesitado tres meses para resolver las ayudas, otras han tardado un año. Y también que los pagos se realicen de forma más rápida". Es decir, según Rodríguez es necesario "reducir el tiempo medio de resolución y de pago" de estas ayudas destinadas a los jóvenes.

El bono de alquiler se aprobó el 18 de enero de 2022 y va destinado a menores de 35 años que vayan a arrendar pisos enteros, o habitaciones, siempre que no tengan ingresos superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la vivienda se considere habitual y tenga una renta máxima de 600 euros al mes (o 300 euros en el caso de una habitación), sin perjuicio de que pueda ascender a los 900 euros por mes en algunos supuestos (o a 450 euros en el caso de una habitación). La ayuda es de 250 euros mensuales durante dos años. 

Críticas políticas y de organizaciones de consumidores

En las últimas horas, y al calor de la aprobación de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven por parte del Consejo de Ministros, son muchas las críticas que se han sucedido, tanto desde el ámbito político como del sindical y de diferentes organismos. En líneas generales, critican que esta ayuda para pagar el alquiler no logrará ayudar a los jóvenes inquilinos, sino que acabarán en manos de sus arrendadores, y consideran que es un 'parche', no una solución a largo plazo.

Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, y varios aliados parlamentarios del Ejecutivo han criticado la nueva convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes, porque consideran que solo beneficia a los propietarios y que servirá para subir más los precios de la vivienda.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha indicado a través de sus redes sociales que la medida supone "hacerle otro bizum de dinero público a los caseros, que se quedarán la ayuda pública y volverán a subir los precios", y ha insistido en que "hay que intervenir para limitar los precios".

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de En Comú, Aina Vidal, también ha denunciado que las ayudas al alquiler para gente joven van a suponer una "transferencia directa al bolsillo de los rentistas". En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Vidal ha adelantado que Sumar va a presentar observaciones a estas medidas y ha insistido en que, sin una limitación a los precios de la vivienda, lo que va a generar el Bono Alquiler Joven es "una subida de los precios".

Otra de las voces de Sumar que ha criticado la medida es la diputada de Compromís integrada en dicho partido, Águeda Micó, quien ha señalado que, aunque le parecen necesarias, las ayudas no dejan de ser un "parche" que, además, pueden acabar "en las manos de las personas que no son las que lo necesitan".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha reprochado que ayuda y ha afirmado que surtirá el efecto contrario si no se aplican topes al alquiler.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, quien ha señalado que la medida por sí sola no tendrá efectos positivos para la juventud si no va acompañada de medidas como el tope de precios. 

Fuentes de IU se han sumado a las críticas y han insistido en que el "negocio de unos pocos siga empujando a la precariedad a la mayoría, ni continuar diseñando políticas que no atacan la raíz del problema".

El PP también se ha pronunciado sobre la medida y ha insistido que no supone "ninguna mejora" para la situación de la vivienda, mientras que la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha insistido en que "lo que tiene que hacer en España es liberalizar suelo, construir vivienda, reducir los impuestos vinculados a la compraventa y al alquiler de la vivienda y dejar de tratar a los propietarios como auténticos criminales". 

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, es otra de las voces que considera que el Bono Alquiler Joven "es un parche" que incrementará los precios del alquiler y ha pedido tomar otras medidas, como intervenir el precio del alquiler para generar vivienda a precios asequibles, crear "un gran parque público de vivienda en alquiler", lo que pasa "por nuevas construcciones y por movilizar vivienda vacía o vivienda que ahora mismo está a precios desaforados, combinando la rentabilidad entre los propietarios de esos pisos con la seguridad en el alquiler, pero también imponiendo precios sociales que se pueda permitir la gente".

Más allá del mundo político, varios organismos y asociaciones también se han opuesto a la medida. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), "la mera repetición de ayudas en dinero a los inquilinos no contribuye a la solución del problema, además de no ser nunca suficiente para el número creciente de personas en dificultad de pago de su alquiler, porque la situación se agrava a medida que la falta de seguridad jurídica hace que la oferta se retraiga".

En su opinión, esta ayuda es un alivio provisional que puede servir como medida paliativa, pero hay que mejorar la gestión de los recursos. En este sentido, considera indispensable "priorizar el aumento de la oferta de vivienda disponible mediante la construcción de vivienda social en alquiler, reforzar los servicios sociales para ofrecer vivienda a las personas vulnerables y generar seguridad jurídica a los propietarios para movilizar parte de los 3,8 millones de viviendas vacías".

Otra asociación que ha criticado la medida es Facua-Consumidores, que ha advertido en un comunicado que esta medida puede derivar en una subida de los alquileres, por lo que se ha demostrado ineficaz. Una ineficacia a la que se suma, además, que muchas comunidades autónomas (las encargadas de gestionar el bono) están retrasando de manera injustificada su entrega.

El mayor problema de una generación, según el CJE

El Consejo de la Juventud de España (CJE) también se ha pronunciado sobre la puesta en marcha de la tercera convocatoria del bono de alquiler para jóvenes, a la que ha calificado como una ayuda "insuficiente" ante la magnitud del mayor problema de toda una generación.

En un comunicado, el CJE afirma que solo se ha concedido esta ayuda al 0,6% de las personas de entre 18 y 35 años y que los requisitos establecidos impiden que la ayuda sea efectiva. Por ejemplo, que para poder acceder a esta ayuda las personas jóvenes debían estar ya emancipadas o que, desde que se lanzó el bono, las condiciones para acceder a él son las mismas: que el precio de la vivienda sea de hasta 600 euros al mes (900 en zonas tensionadas) o que se pague por una habitación hasta 300 euros al mes (450 euros en zonas tensionadas).

Sin embargo, en los dos últimos años el alquiler medio de una vivienda ha subido un 19,3% en el conjunto de España, según datos del portal inmobiliario idealista, mientras que el de las habitaciones lo ha hecho un 8,1%. Y en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia el precio ha subido más de un 26%. 

Rodríguez evita el choque con Sumar y comparecerá en el Congreso

Durante la rueda de prensa, la ministra de Vivienda ha eludido confrontar con Sumar por las medidas que está adoptando su departamento y ha recordado que el bono joven de alquiler, tan cuestionado por Sumar, estaba recogido en el acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y el partido de Yolanda Díaz.

En este sentido, Isabel Rodríguez ha reiterado que ambos partidos suscribieron un acuerdo de Gobierno "sellado y firmado", que contempla el bono joven del alquiler y también el desarrollo de la propia Ley de Vivienda, para que sea lo más eficaz posible. En este desarrollo ha enmarcado el decreto que se ha enviado a información pública, y que regula el registro de los alquileres turísticos y de temporada.

Por otro lado, la Junta de Portavoces del Congreso ha aprobado incluir en el pleno del próximo miércoles, 23 de octubre, la comparecencia de la ministra de Vivienda para rendir cuentas sobre su gestión en materia de vivienda. 

La comparecencia de Isabel Rodríguez fue reclamada por Esquerra, Bildu y el BNG ante la "inacción" de su departamento y la "falta de medidas" para posibilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, y cuenta con el respaldo de PP y Sumar, entre otros grupos.