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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha trasladado el compromiso del Gobierno de atender "la dificultad de las personas jóvenes y también de las más mayores" al acceso a una vivienda asequible y de calidad. Durante el acto de entrega de los Premios de la Asociación de Promotor

El Instituto de Estudios Económicos, junto con varios catedráticos, ha resumido en un informe las consecuencias de que se hayan prorrogado los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en este ejercicio. Critican que el Gobierno no haya presentado ni el proyecto y aseguran que, por ello, tiene un privilegio respecto a las Cámaras, que son los organismos encargados de validar o tumbar unas cuentas públicas. Aunque no atisban un impacto a corto plazo, sí avisan del riesgo de no tomar medidas para reducir los desequilibrios económicos en un momento en el que han vuelto las reglas fiscales a la UE.

La reforma propuesta por el Gobierno para modificar la Ley del Suelo va destinada a intentar dar más seguridad jurídica y transparencia en materia de urbanismo y evitar que haya errores subsanables que puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Sin embargo, el despacho de abogados Méndez Lit, especializado en el derecho inmobiliario y urbanismo, asegura que el texto establece un "particular régimen de nulidad y anulabilidad de los instrumentos urbanísticos y sus actos", ya que estarán sujetos a vicios formales y solo se declararán en casos concretos.

Aumentar la productividad es uno los elementos clave para lograr incrementos reales continuos de los ingresos en los países de la OCDE, según el secretario general del 'think tank' de las economías avanzadas, Mathias Cormann. En el caso de España, el crecimiento promedio anual de la productividad en los últimos años se ha situado en un escaso 0,5%, por lo que considera necesario tomar medidas para impulsarla. "Abordar los persistentes desequilibrios de habilidades es un requisito prioritario particular para España", ha afirmado.

Las Cámaras de la Propiedad y Asociaciones de Propietarios Urbanos consideran que la intervención de los contratos temporales de alquiler no va a facilitar "en absoluto" el acceso al mercado del alquiler de familias con rentas bajas y supondrá un elemento más de distorsión que afectará a la oferta de alquiler, ya de por sí "insuficiente". Tras la segunda reunión entre Gobierno y sector inmobiliario para abordar el aumento de este tipo de arrendamientos, los pequeños propietarios han recalcado que la actual legislación es "suficiente" para regular los alquileres temporales y no ven sentido incorporarlo a la LAU.

Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, hace un análisis de las deducciones reales que podría tener el propietario que acceda a reducir en un 5% la renta si su vivienda está en una zona declarada tensionada. La Ley de Vivienda contempla una deducción del 90%, pero en términos reales para la inmensa mayoría de casos, según un estudio realizado con viviendas de hasta 1.510 euros mensuales de renta, optar por reducir el alquiler un 5% sólo generará un beneficio neto mensual para el arrendador de 10 euros o menos al mes, lo que supone, en líneas generales, un efecto insignificante en términos absolutos. Además, recuerda que cabe la posibilidad de que una zona considerada tensionada deje de serlo con el paso del tiempo, con el consiguiente perjuicio para el propietario.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha abordado el impulso a la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética durante la reunión que ha mantenido este 16 de abril con los representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Constr

La banca recibió durante el año pasado alrededor de 61.000 solicitudes de adhesión a las medidas de alivio de las hipotecas que recoge el Código de Buenas Prácticas, cuyo importe ascendió a 7.600 millones de euros. Sin embargo, solo aprobó un 12% de las peticiones, representativas de 907 millones de euros, o lo que es lo mismo, del 0,2% del saldo vivo hipotecario. La mayoría de las solicitudes rechazadas incumplen los criterios para acogerse a las ayudas a los hipotecados que pactaron el sector financiero y el Gobierno a finales de 2022 para compensar la subida del euríbor.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este 11 de abril con representantes del sector inmobiliario y bancario en la Moncloa para analizar los problemas de la vivienda y las últimas medidas que el Ejecutivo ha aprobado, como la tramitación para eliminar las 'Golden Visa' para extranjeros a cambio de comprar viviendas, los avales para financiar el pago de la entrada de la compra de un inmueble para jóvenes o el tope a los alquileres, ya en vigor en Cataluña. A la cita acudirán asociaciones de promotores, la patronal de la construcción y del sector bancario, los sindicatos y previsiblemente la ministra de Vivienda.

El Consejo de Ministros ha aprobado el convenio que activa el despliegue de los 2.500 millones de euros destinados a ayudar a la compra de una vivienda a jóvenes y familias con menores a cargo mediante avales hipotecarios. Una vez que el Ministerio de Vivienda y el ICO ratifiquen el convenio, las entidades financieras interesadas en operar en esta línea deben adherirse al mismo, lo que se producirá a lo largo del próximo mes. Así, los avales podrían estar disponibles antes de verano, como esperaba la banca. El Gobierno calcula que la medida tendrá unos 50.000 beneficiarios.

La ayuda al alquiler destinada a los jóvenes es una de las damnificadas de que el Gobierno no saque adelante los Presupuestos Generales del Estado en 2024. A pesar de que el presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se habían comprometido a ampliar la partida del Bono Alquiler Joven este año, la falta de las cuentas públicas lo impedirá. Así, esta ayuda se mantendrá igual que en los dos años previos: tendrá una cuantía de 250 euros al mes por beneficiario y un presupuesto de 200 millones de euros a repartir entre las comunidades y ciudades autónomas.

El Consejo de Ministros ha acordado este 26 de marzo la tramitación paralmentaria de urgencia del Proyecto de Ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero con el objetivo de acortar los plazos en su paso por las cámaras legislativas. De esta fo

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que, entre otras medidas, incorpora el desarrollo reglamentario necesario para aplicar desde en 2025 la bautizada 'cotización de solidaridad', un recargo que afectará a los los salarios que superen la base máxima de 56.600 euros anuales. Según contemplaba la reforma de pensiones de marzo de 2023, la medida se desplegará de forma gradual en 20 años, con una cotización adicional cercana al 1% en 2025 que irá subiendo cada año hasta el 6% en 2045, siendo un 5% a cargo de la empresa y un 1% a cargo del trabajador. Esta cuota no afecta a los autónomos.

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana para remitir el texto a las Cortes Generales y que inicie su tramitación parlamentaria, después de que decayera en la anterior legislatura por la convocatoria de las elecciones de julio. El objetivo del texto, según el Gobierno, es "dar seguridad jurídica" y evitar que haya errores subsanables que puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Los promotores y la federación de municipios (FEMP) han valorado positivamente la modificación, mientras Podemos y PP ya han mostrado su rechazo.

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al proyecto de ley para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, paso necesario para que inicie su tramitación parlamentaria. El Congreso ya aprobó por mayoría la puesta en marcha de este organismo, pero el proceso se paralizó tras la convocatoria anticipada de las elecciones del pasado verano. Los particulares y las empresas podrán acudir a esta autoridad, que integrará las funciones de los servicios de reclamación del Banco de España y la CNMV, y que busca responder a los consumidores en 90 días como máximo.

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda al proyecto de ley derivado del Real Decreto anticrisis para ampliar la suspensión de desahucios de hogares vulnerables durante otros cuatro años más, hasta 2028. Esta iniciativa, que da cumplimiento al acuerdo que alcanzó el Gobierno con Podemos para poder sacar adelante la prórroga de las medidas anticrisis, ya se está tramitando, según ha confirmado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La propuesta del Grupo Socialista es añadir una disposición final nueva a la Ley 1/2013.

Más de un centenar de economistas, empresarios, periodistas y económicos han suscrito una carta en la que piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cambie su política económica para evitar que España entre en una nueva crisis económica. Los firmantes denuncian que la presión tributaria está en máximos históricos y que la seguridad jurídica se está debilitando, ante unas medidas intervencionistas que "atacan el derecho de propiedad, la libertad de contratación y la libertad de empresa". Entre sus propuestas destaca privatizar empresas públicas para amortizar deuda pública y estimular la inversión privada.

El último informe de previsiones económicas del servicio de estudios del banco dedica un apartado a las últimas medidas que ha tomado el Gobierno en materia de vivienda y afirma que tanto el tope a las rentas como los avales ICO para la compra de vivienda dirigidos a jóvenes y familias pueden tener efectos nocivos. Según BBVA Research, la regulación del alquiler podría provocar una retirada de pisos destinados al arrendamiento, lo que reduciría todavía más la oferta, mientras que los avales podrían terminar favoreciendo a los hogares de clase alta y llevan al sector financiero a tomar más riesgos.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) prevé que los 40.000 millones de euros en préstamos procedentes de los fondos europeos que ha aprobado el Gobierno esta semana estén operativos y empiecen a llegar a las empresas en torno al verano, de los que el 10% van destinados a la vivienda. Esta línea va destinada a facilitar financiación a los promotores públicos y privados para incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como a mejorar el parque de vivienda social ya existente. Según el Gobierno, se podrán formalizar operaciones hasta el 31 de agosto de 2026.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que a lo largo del mes de marzo llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para modificar el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana para su aprobación. Un cambio que, según Rodríguez, dotará de "estabilidad, certeza y seguridad jurídica" el desarrollo urbanístico en España. La tramitación del texto decayó en la anterior legislatura.

El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Sumar para impulsar la reducción de la jornada laboral hasta las 38,5 horas semanales este año sin pérdida de salario, con el voto en contra de Vox y la abstención de PP y Junts. El respaldo de la Cámara insta al Gobierno a abrir "con carácter urgente" un proceso de diálogo social para modificar el Estatuto de los Trabajadores e incorporar la reducción de forma progresiva. Hace más de 40 años que el umbral máximo se mantiene en España en 40 horas a la semana.

Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorros, se suma a la lista de expertos que se han lanzado a criticar la Ley de Vivienda en sus primeros meses en vigor. Según explica en el blog de Funcas, en 2023 "el acceso a la vivienda no mejoró, ni en alquiler ni en compra", sino que los precios han seguido subiendo y la oferta es cada vez más escasa. Carbó cree que "no se están acometiendo, con la agresividad y persistencia adecuada, medidas que faciliten las condiciones de accesibilidad" y afirma que los problemas persistirán si no hay más inmuebles en el mercado.

El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes el nombramiento de Álvaro López Barceló como presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en sustitución de Paula Conthe, según ha informado el organismo en un comunicado. El Gobierno designó al candidato el pasado 30

El Instituto de Estudios Económico defiende en un informe la necesidad de impulsar la colaboración público-privada para aumentar la oferta de viviendas de alquiler en España a corto y largo plazo, y solucionar así el problema de la accesibilidad a la vivienda. Según el ‘think tank’ de la CEOE, medidas como el tope a las rentas o las moratorias de los desahucios “son ineficientes y contraproducentes”, porque están provocando una retirada de pisos del mercado. En su lugar, propone impulsar la construcción de inmuebles asequibles bajo modelos de colaboración con el sector privado y dar incentivos para que pequeños y grandes propietarios movilicen sus viviendas. “La solución tiene que ser contar con los fondos, no castigarlos”, afirma Iñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE.

El precio de la vivienda en venta y alquiler, lejos de verse arrastrado por la incertidumbre económica y la subida de los tipos de interés, se mantiene al alza en España, impulsado por una demanda muy viva y una oferta escasa. En esta mesa redonda organizada por idealista/news, Francisco Iñareta, portavoz de idealista; Beatriz Toribio, secretaria general de APCE España; y Luis Corral, CEO de Foro Consultores Inmobiliarios, repasan los factores que están influyendo en el mercado, por qué habrá más subidas de precios en muchas ciudades y qué medidas proponen para solucionar el problema de la accesibilidad y asequibilidad de la vivienda en España. Por ejemplo, piden al Gobierno menos intervencionismo y más consenso, y alertan de que muchas familias se ven abocadas a vivir de alquiler de por vida.