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El último Consejo de Ministros del año ha aprobado la aportación de inmuebles Patrimonio del Estado a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que será el germen de la nueva empresa pública de vivienda, para impulsar los alquileres asequibles. Los inmuebles de los que dispondrá Sepes proceden del Instituto de la Vivienda, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y Patrimonio Nacional, entre otros organismos. También ha aprobado la Ley de Contratos Públicos para impulsar la vivienda asequible en suelo público.

El Ejecutivo ha ampliado un año la vigencia de las deducciones en el IRPF por las obras de mejora energética de viviendas y edificios residenciales, que contemplan bonificaciones de entre el 20% y el 60%, dependiendo del tipo de actuación. Estas deducciones fiscales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, y ya se han aplicado sobre 122.862 actuaciones, que han supuesto un ahorro de 319,70 millones de euros en el IRPF.

Los órganos de gobierno de Sareb han decidido suspender temporalmente el proceso de venta de la promotora Árqura y, por tanto, se pospone la fecha límite de presentación de ofertas no vinculantes por parte de los potenciales inversores. La sociedad, que ha tomado esta decisión por recomendación de la consultora Deloitte, su asesor financiero de la operación, abre ahora un periodo de análisis y revisión de la transacción "cuyas conclusiones se comunicarán a los inversores a la mayor brevedad". La Comisión de Vivienda del Congreso aprobó hace unos días aprobado una proposición no de ley pactada entre los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, que también apoya Podemos, para que la nueva empresa pública de vivienda aproveche los pisos de Sareb.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha asegurado que uno de los objetivos del Gobierno para afrontar el problema de acceso a la vivienda en España es movilizar vivienda vacía, para lo que ve necesario "incentivar a los pequeños propietarios" a que la pongan en el mercado del alquiler habitual. Además, ha recordado que el objetivo es hacer posible que haya una mayor oferta residencial y más vivienda pública asequible, y ha desglosado otros grandes problemas ante la falta de acceso a la vivienda en España: poco suelo finalista, escasa obra nueva y los alquileres turísticos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 20 de diciembre trae el nuevo índice de actualización anual de los contratos de alquiler de vivienda que ha definido el INE y que sustituirá al actual tope del 3%. Según detalla el organismo de estadísticas, el índice de referencia que se utilizará como límite para la actualización anual de los contratos de alquiler será el mínimo valor entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, y se publicará mensualmente. El primer dato oficial de 2025 se conocerá el 2 de enero y estará basado en los datos oficiales de inflación de noviembre, por lo que el alza será del 2,2%, siguiendo la metodología publicada.

El consejo de administración de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) ha decidido, en su última reunión del año, fortalecer la estructura administrativa de la compañía, como paso previo para la creación de la empresa pública de vivivenda anunciada por el Gobierno hace unas semanas. Entre los cambios está la reclasificación de Sepes dentro de las entidades públicas y la creación de dos direcciones: la Dirección del Parque de Vivienda Asequible, encargada de la gestión inminente de viviendas; y la Dirección de Transformación, que gestionará el cambio y definirá el nuevo plan estratégico de Sepes. La misión de la empresa es aumentar la oferta de viviendas asequibles para venta y alquiler, junto con el sector privado.

El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente el proyecto de ley por el que se crea un nuevo impuesto mínimo para las empresas multinacionales, una norma que incluye parte de la reforma fiscal que quería el Gobierno y que finalmente introduce un impuesto a la banca, pero no a las energéticas. También se han quedado fuera las propuestas del PP aprobadas en el Senado dirigidas a los jóvenes, como las exenciones en el IRPF o que la recaudación del impuesto a la banca se destinara a ayudas hipotecarias o a construir vivienda de precio tasado.

El ministro de Economía, Comercio o Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado este martes que antes de finalizar esta semana o a principios de la que viene el Gobierno hará la petición formal del quinto desembolso de fondos europeos, que contará con más de 7.500 millones de euros.Durante su comparecenci

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha avalado la propuesta del Gobierno de nombrar a Carlos San Basilio y Paloma Marín como presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), respectivamente. Durante su comparencia en la Cámara Baja, San Basilio ha pedido medios técnicos y humanos para el regulador del mercado y ha insistido en que el marco legal debe adaptarse "con rapidez" a las necesidades del mercado. Marín, por su parte, ha hecho hincapié en los "retos presentes y futuros", como la transformación digital, la inteligencia artificial, los criptoactivos, la ciberseguridad o la sostenibilidad ambiental.

Las principales patronales del sector de la construcción han pedido al Gobierno que mejore el mecanismo excepcional de revisión de precios adoptado con motivo de la pandemia y la guerra en Ucrania, para incluir el precio de la energía y la mano de obra.Así lo han trasladado de forma conjunta la Asoc

El Congreso ha instado al Gobierno a que la empresa pública de vivienda que va a poner en marcha el Ejecutivo aproveche los inmuebles que tiene a su disposición la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a vivienda social y asequible. La Comisión de Vivienda de la Cámara Baja ha aprobado una proposición no de ley pactada entre los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, con el respaldo de Podemos, mientras que las demás formaciones se han abstenido o votado en contra. El acuerdo parte de una iniciativa original del grupo plurinacional, que pedía directamente suspender "de manera inmediata" la venta por parte de Sareb de su promotora Árqura y su cartera de 16.000 viviendas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado en la sesión parlamentaria su predisposición a preparar un paquete normativo que prorrogue algunas de las ayudas anticrisis vigentes que caducan este año, como las bonificaciones del transporte público o la moratoria antidesahucios. Sumar, ERC, Bildu y BNG, por su parte, se han adherido a la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para prorrogar la moratoria que se puso en marcha en 2020 por la pandemia sanitaria, que ha detenido 58.000 lanzamientos desde entonces, uno de cada cuatro.

La empresa pública para construir y gestionar viviendas que anunció el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá a la Entidad Pública Empresarial de Suelo como embrión. Según el Ministerio de Vivienda, el plan pasa por reforzar Sepes y tener una actuación "integral": desde el suelo, a la urbanización y la construcción hasta su movilización y gestión, tal y como contemplan sus estatutos. Su puesta en marcha será inmimente e irá enfocada a desarrollar vivienda asequible, tanto en compra como en alquiler. Promotores y consultores recuerdan que la promoción de viviendas exige una alta profesionalización, un marco jurídico estable y unas cantidades elevadas de inversión, mientras que Sumar y PP coinciden en que esta no es la solución al problema.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear una empresa pública de vivienda, aunque ha advertido de que esto no servirá para hacer bajar los precios de los alquileres."Es importante que

Este 2 de diciembre entra en vigor la última medida del Gobierno que ha puesto en pie de guerra a un sector económico. Se trata del Real Decreto 933/2021, una normativa que se ha ido prorrogando hasta ahora y que obliga a hoteles, agencias de viajes, plataformas digitales y empresas de alquiler de coches a aportar hasta 42 datos de los viajeros y las reservas a través de una plataforma, con multas por incumplimiento. Las principales patronales turísticas alertan de que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta al sector, que la norma exige datos que las agencias de protección de datos europeas impiden solicitar y que aumentará los costes de las empresas, lo que repercutirá en los precios, por lo que están valorando tomar medidas legales al respecto.

El socio de Gobierno del PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que reclama paralizar la venta de la promotora de Sareb, Árqura Homes, que su parque de viviendas (16.000 unidades) pasen a titularidad pública y que sus suelos disponibles se destinen a levantar 15.000 pisos públicos. El partido también pide cambiar la razón social de la entidad para que se convierta en una inmobiliaria pública. Según Sumar, y la venta pone en riesgo la oportunidad histórica de gestionar un parque de vivienda eficaz y sus consecuencias serían "irreversibles".

El Gobierno lleva concedidos 573 'golden visa' desde abril, fecha en la que el presidente el Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció el fin de estos visados de residencia que se aprobaron bajo el etapa de Mariano Rajoy para extranjeros que invierten más de 500.000 euros en una vivienda en España, eliminación que se formalizará en 2025. En lo que va de año se han expedido 780 permisos, con una inversión media de 657.204 euros, para inversores procedentes de diferentes partes del mundo: desde Reino Unido a Ucrania, pasando por países del Golfo Pérsico, EEUU, Canadá, China, Australia, Indonesia o Kazajistán.

El Consejo General de Economistas se suma a las críticas sobre la forma en la que el Gobierno ha tramitado la última reforma fiscal, basada en introducir múltiples medidas tributarias a través de enmiendas a leyes, como se acaba de hacer con el nuevo impuesto a la banca dentro de la futura ley del impuesto complementario mínimo para las multinacionales. Según el presidente del CGE, Valentín Pich, esta vía resulta "absolutamente cuestionable en términos de técnica legislativa y calidad democrática" y es necesario que las modificaciones tributarias respeten el principio de seguridad jurídica y no perjudiquen las expectativas legítimas de los contribuyentes.

La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha tumbado buena parte de la reforma fiscal que habían pactado los socios de Gobierno. Aunque han salido adelante la imposición de un 15% de Impuesto de Sociedades a las multinacionales, la subida del IVA a pisos turísticos y el incremento en dos puntos del IRPF aplicado a las rentas del ahorro de más de 300.000 euros anuales, han decaído las enmiendas para poner fin a las ventajas fiscales de las socimis, el gravamen para coches o yates de lujo y la eliminación de las exenciones a los seguros de salud privados. No obstante, el Pleno de la Cámara Baja debe debatir el texto el próximo jueves, donde se analizarán tanto el dictamen como las enmiendas no incorporadas. El PSOE negocia a contrarreloj para mantener vivo el tributo a la banca.

La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha advertido de que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno dirigida a las socimis pondría en riesgo hasta 15.000 millones de euros de operaciones en inversión desde 2014 en el sector en España. ACI subraya que las socimis representan un porcentaje mínimo del total de viviendas en alquiler en España, por lo que cree que esta medida tendría un impacto "insignificante" en el aumento de la oferta de viviendas, y y agravaría los problemas que ya existen en el mercado, además de un retroceso en la competitividad respecto al resto de países europeos.

El sector inmobiliario estalla contra la última iniciativa de los socios de Gobierno: eliminar el régimen especial de las socimi para acabar con los incentivos fiscales de los que gozan y que, según PSOE y Sumar, no han impulsado la oferta de viviendas en España. Todo el sector inmobiliario y financiero alza la voz para reivindicar que no todo el mercado apuesta por el negocio residencial y que tal medida ya ha provocado, de hecho, una caída de las valoraciones de Merlin y Colonial, y solo sería un aviso de lo que podría venir si finalmente saliera adelante la medida. Tienen la esperanza de que el Congreso en contra de la supresión de un régimen asentado que está ayudando a profesionalizar el 'real estate' en España. La votación está prevista para el próximo lunes, 18 de noviembre.

PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo sobre la ley del impuesto a multinacionales, cuyo debate estaba previsto para este 11 de noviembre en el Congreso. Ambos partidos se han comprometido a incluir enmiendas que contemplan gravar los beneficios de la banca, incrementar el IVA en los apartamentos turísticos y aplicar un impuesto de lujo a bienes como yates, jets privados y vehículos de alta gama, así como elevar en dos puntos el IRPF de las rentas de capital que superen los 300.000 euros anuales. En el acuerdo no hay mención expresa a la continuidad del gravamen que se ha venido aplicando a las energéticas.

El Real Decreto-ley que incluye el paquete de ayudas de 10.600 millones de euros para los afectados de la DANA, con medidas directas para familias, empresas y autómomos, entra en vigor este 7 de noviembre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es necesario aportar una documentación básica para poder acceder a las ayudas y hay diferentes plazos para realizar la solicitud. Para los importes por daños o destrucción de las viviendas, por ejemplo, se han establecido dos meses, mientras que autónomos y empresas tienen hasta el 31 de diciembre. En el caso de las moratorias del pago de hipotecas y préstamos son tres meses.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado al 2,9% su previsión de crecimiento de la economía pars este año, frente al 2,4% estimado en julio, y ha mejorado del 1,9% al 2,3% sus proyecciones para 2025. No obstante, el organismo que dirige Cristina Herrero prevé una desaceleración a partir de entonces y afirma que "el margen para la reducción del déficit sin adoptar medidas adicionales se agota". Según sus cálculos, el gasto público a medio plazo superará el pronóstico del Gobierno, por lo que será necesario un ajuste para cumplir con las exigencias de Bruselas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, han mantenido una reunión este 29 de octubre para explorar vías de colaboración con el fin de financiar la construcción de un parque de vivienda público en España acorde