Calviño quiere prorrogar también la eliminación de las comisiones por amortización y ampliar la renta de los hogares que pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas
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Pedro Sánchez y Nadia Calviño
Pedro Sánchez y Nadia Calviño en el Congreso de los Diputados GTRES

El Gobierno busca prorrogar en 2024 las medidas de apoyo a los hipotecados vulnerables y la eliminación de comisiones que permiten a los consumidores cambiar su préstamo a tipo variable por uno fijo o bien, amortizar capital para ahorrar intereses. 

Según publica el diario El País, el Ministerio de Asuntos Económicos ya ha trasladado a las principales patronales financieras (AEB, CECA y Unacc) su intención de ampliar un año más estas medidas, que fueron aprobadas a finales del año pasado y de momento expiran el próximo día 31. Este 18 de diciembre, el Ejecutivo se reúne con el Banco de España y las patronales bancarias para valorar la prórroga e intentar cerrar un acuerdo antes de que termine el año y Nadia Calviño tome las riendas del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

En noviembre del año pasado, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 19/2022, para aliviar la situación financiera de las familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida de los tipos de interés y el euríbor, con hasta un millón de hogares como potenciales beneficiarios, según estimó entonces el Ejecutivo. Y una de las medidas fue la eliminación total de las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo, que en principio expiraba este año. 

Según señalaba la Disposición adicional primera del texto, “A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2023, no se devengarán compensaciones o comisiones por reembolso o amortización anticipada total y parcial de los préstamos y créditos hipotecarios a tipo de interés variable previsto para los supuestos de hecho contemplados en los apartados 5, y 6 del artículo 23 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. No se devengará durante este período ningún tipo de comisiones por la conversión de tipo variable a tipo fijo de dichos préstamos y créditos”.

Así pues, el único coste que ha recaído en el consumidor en una operación de estas características desde noviembre de 2022 hasta ahora ha sido la tasación del inmueble, ya que los bancos están obligados a asumir los gastos de notaría, registro y gestoría. No obstante, en muchos casos las entidades financieras también se hacen cargo del importe de la tasación, siempre que la operación de financiación salga adelante. 

El acuerdo que intenta buscar Economía es prorrogar durante 2024 la gratuidad de los cambios de hipotecas variables a fijas, así como puntualizar que estas medidas también incluyen las modificaciones a préstamos mixtos, una modalidad que ha cogido mucho impulso en el mercado en los últimos meses, y sobre la que el real decreto no hacía una mención expresa. 

A ello se suma la ampliación de la eliminación de las comisiones por amortización anticipada de los préstamos, medida que ha beneficiado a cualquier familia que quisiera reducir su deuda hipotecaria para ahorrar intereses, independientemente de su nivel de ingresos.

Otro de los puntos que está sobre la mesa de las negociaciones es aumentar desde los 29.400 euros actuales hasta los 37.800 euros el límite de renta para que los hogares puedan acogerse al Código de Buenas Prácticas, el protocolo que permite flexibilizar los pagos de los préstamos.

En concreto, establece que los bancos deben ofrecer a las familias que cumplan las condiciones descritas la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado también durante 12 meses o un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años. El aumento del límite de renta fue uno de los puntos que acordaron PSOE y Sumar de cara a la formación del nuevo Gobierno. 

Si finalmente el Ejecutivo y la banca cierran un acuerdo, los cambios tendrán que ser aprobados a través de un decreto antes del 31 de diciembre, fecha en la que expiran algunas de las medidas, como la gratuidad de los cambios de hipotecas o la posibilidad de realizar una amortización anticipada sin pagar una penalización. 

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